Vecinos y gremios

Autor: Fernando Claro

Señor Director:

Bastante desapercibido ha pasado el artículo 74 de la propuesta constitucional, que dice que los colegios profesionales “colaboran con los propósitos y responsabilidades del Estado” y, además, “representan oficialmente a la profesión ante el Estado”.

¿Los periodistas se imaginan que su “representante oficial” frente al Estado fuese la actual presidenta del Tribunal de Ética, Ethel Pliscoff, que hizo unas declaraciones muy confusas a propósito del “episodio Del Río”? ¿Qué consecuencias traerá en el futuro ese “diálogo oficial” cuando se discutan, por ejemplo, políticas públicas? Además, ¿por qué el Colegio de Periodistas o el de Arquitectos han de “colaborar con los propósitos del Estado”? ¿Qué “propósitos”? ¿No podrán fijar sus propósitos de manera autónoma y decidir no querer colaborar con otros que se definan? La autonomía declarada puede quedar en nada.

Lo mismo pasa con el artículo 210, que crea unas nuevas “juntas vecinales” oficiales sin límites claros. La diputada Orsini acaba de abalanzarse contra los bomberos porque, según ella, operan con demasiada libertad. Funcionan “como una institución privada”, dijo, así, tan libres “como una junta de vecinos”, donde el Estado “no tiene injerencia” alguna.

¿Le molestará también que los vecinos se organicen en pos de un fin, ya sea este proteger un humedal, arreglar una plaza o construir un centro comunitario deportivo? ¿Le molesta que tengan conversaciones de actualidad o que se reúnan a cocinar para la vecindad, o, incluso, para salir a vender y ganar unos demoníacos pesos? ¿Qué les molesta de la sociedad civil libremente organizada?

Hay que preguntarse qué “injerencia” estaban buscando los constituyentes al inventar esas juntas vecinales oficiales. Desplazar, cooptar, vigilar, coordinar, no sé qué querrán.

Me van a decir que estas calamidades sociales “son una exageración”, obvio, o que son “solo un riesgo”, obvio, pero una Constitución tiene que minimizar estos riesgos, no aumentarlos, o, peor aún, no debe hacer lo que hace esta propuesta constitucional: generarlos. En vez de controlar el poder y defender a los ciudadanos, esta propuesta hace todo lo contrario: les otorga más poder a los políticos para inmiscuirse en cualquier asunto privado.