Educación parvularia: la más rentable

Autor: Jorge Gomez

El ministro Jorge Quiroz causó polémica al advertir, a propósito de los cobros del CAE, que los estudiantes «tengan cuidado con endeudarse para estudiar carreras donde a lo mejor hay menos futuro». Ante sus dichos, la crítica se apresuró a acusarlo de despreciar ciertas disciplinas y proyectos de vida personales. Sin embargo, las advertencias del secretario de Estado no nacían del prejuicio, sino de la dura evidencia: un estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) publicado en febrero de 2026 detectó que el 35% de los más de 5 mil programas de pregrado que hoy se ofrecen en Chile tiene un retorno económico negativo. Algo que afecta directamente al 40% de los estudiantes universitarios y técnico-profesionales.

«Si someterse a las reglas del juego formativo ya no es rentable, el tejido social se desgarra, dando paso a contraélites mucho más violentas, radicales y dispuestas a todo»

El informe de la FNE evidenció, además, un severo desajuste entre las aulas y el aparato productivo: dos de cada cinco personas declaran que su empleo se relaciona poco o nada con sus estudios, mientras que la mitad de los profesionales en Chile manifiesta estar sobrecalificado para las funciones que desempeña. A esto se suma un diagnóstico lapidario del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), que en 2025 estableció que la tasa de desempleo entre personas con educación superior completa alcanzó la cifra más alta desde que existen registros: un 8,1%.

Hace años que centros de estudio como CLAPES UC y la propia UDP advierten que, ante una constante oferta de profesionales, el valor de las credenciales académicas disminuye. Es lo que el antropólogo Pablo Ortúzar denomina en su libro Sueños de cartón como la «sobreoferta de credenciales en un país estancado». Siguiendo las tesis del científico social Peter Turchin en Fin de los tiempos, Ortúzar plantea que la sobreproducción de élites —generar más aspirantes a posiciones de estatus e ingresos altos que los que la estructura socioeconómica puede absorber— se traduce inevitablemente en el surgimiento de «contraélites» dispuestas a voltear el tablero para acceder al poder. En Chile, el Frente Amplio ha sido la expresión nítida de estas contraélites: un grupo que no buscó validar sus destrezas en el mercado laboral, sino que buscó hacerse de buenas rentas mediante el activismo universitario para acceder al poder político. Pero no son los únicos. Basta mirar el Congreso chileno.

Esta devaluación de los títulos profesionales cobra un sentido más profundo cuando nos preguntamos, en términos estrictos, para qué enviamos a los niños a la escuela. El acceso a la educación en todos los niveles se ha ampliado históricamente, pero en lugar de mayor movilidad, parece estar produciendo mayores frustraciones. Siendo honestos, hay contradicciones evidentes: un informe de la OCDE aseguraba en 2024 que el 44% de los adultos chilenos posee competencias insuficientes en comprensión lectora y matemáticas básicas.

Si las habilidades cognitivas básicas siguen siendo deficientes tras 12 años de escolaridad, la inversión pública y privada está mal focalizada. En Chile se ha promovido financiar la educación universitaria sin invertir en la verdadera base de las oportunidades que es la educación inicial que, según el Nobel de economía James Heckman, es la verdadera inversión en rentabilidad social. En 2019 Heckman decía que invertir en la primera infancia implicaba retornos financieros más altos que invertir en educación superior y que era la mejor estrategia contra el crimen. Algo que en Chile no estamos visualizando.

Al mirar los datos, queda claro que el debate actual no trata únicamente sobre el CAE o el acceso a la universidad. La pregunta de fondo es si la educación en Chile sigue siendo rentable en términos personales y sociales; si es una promesa legítima de oportunidad, un mero mecanismo de selección artificial a través de credenciales, o un factor de cohesión social.

Preguntarse esto no es baladí. Si la educación formal deja de cumplir su promesa histórica de ascenso social a través del mérito y el trabajo, es sustituida rápidamente por otras lógicas. Primero, por el activismo político partidario como agencia de empleos, mediante el cual diversos personajes capturan rentas estatales muy superiores a las que obtendrían por sus capacidades en el sector privado. Tal como lo advierte Pablo Ortúzar.

Pero el riesgo final es peor, es la anomia: una sociedad donde el esfuerzo normado se visualiza como una estafa económica rompe paulatinamente sus marcos legales, abriendo paso al ascenso social por vías ilícitas y criminales. Si someterse a las reglas del juego formativo ya no es rentable, el tejido social se desgarra, dando paso a contraélites mucho más violentas, radicales y dispuestas a todo. Una sociedad en decadencia, sin artes, sin pensamiento, sin poesía, sin cultura.