Suspensión del PAIG, un jaque a la insensatez

El jueves 15 de mayo la Cámara de Diputados aprobó el Informe de la Comisión Investigadora número 57, en donde se alertaban sobre los efectos negativos de ciertos programas estatales enfocados al «apoyo» de la niños, niñas y adolescentes (NNA) trans. Particularmente, el informe CEI 57 recomienda la suspensión del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG), dependiente del Subsistema Chile Crece Con Orgullo, dirigido a niños desde los 3 a los 17 años. En este se propone, supuestamente, brindar herramientas psicosociales a los NNA y sus familias para que puedan vivir acorde a su identidad de género. Esta votación indignó a varios de sus detractores, incluida la ministra de la Mujer y de Equidad de Género, Antonia Orellana, ya que, según ella, no existen elementos en el PAIG que lleven a hormonizar a NNA.

«El ser claros con este tipo de agenda es una cuestión de sensatez, de protección a la infancia, de defensa a las libertades y dignidad de los padres, pero sobre todo, es un triunfo del sentido común».

Ante este escenario se deben comprender algunas cosas. Como dice la ministra Orellana, el PAIG no establece en sus estatutos la entrega de tratamientos de cambio de sexo. Sin embargo, la Comisión Investigadora fue motivada justamente por la presencia de algunas irregularidades en este proyecto. Entre ellas destaca que el programa contempla la atención de una dupla psicosocial, las cuales sí han realizado las derivaciones a este tipo de tratamientos. De hecho, la ministra de Salud declaró que, entre abril de 2023 y octubre de 2024, habían ingresado al PAIG 2.594 menores. Además, para el 4 de julio de 2024, de los más de 1.900 integrantes del programa, al menos 600 ya estaban con tratamiento hormonal. Cabe destacar que de ellos, el 68% tienen entre 15 y 17 años, el 32% tienen entre 10 y 14 años y se obtuvieron antecedentes que indicaban que dos niñas de 9 años ya estaban con tratamiento hormonal (información recabada por la ONG Comunidad y Justicia).

Otro de los datos que levantó sospechas fue que la compra de seis medicamentos relacionados con terapias hormonales transafirmativas, fue superior a los 15 mil millones de pesos en 2024. Con ello, cerca del 75% corresponde a la compra de Triptorelina, sustancia estrella en el tratamiento para detener la pubertad y la cual carece de la autorización del ISP. En segundo lugar, el ministro de Educación reconoció que existía al menos una derivación de un menor desde un jardín infantil al PAIG. El MINSAL no logró garantizar que estas derivaciones se hicieron con el consentimiento de los apoderados (Comunidad y Justicia, 2025).

La diputada frenteamplista Emilia Schneider lamentó los resultados de la votación, dado que defiende que el objetivo del PAIG es el «apoyo psicosocial a niños, niñas y jóvenes trans para lidiar con los efectos de la discriminación», tanto así que, para la diputada, su suspensión puede «costarnos vidas».  Con ello, Schneider busca esgrimir un argumento clásico del activismo transafirmativo, donde se insiste que los niños con disforia que carecen del apoyo de su entorno y/o que no reciben las terapias afirmativas o de conversión, son más propensos a ideación suicida o a consumar el suicidio. Esto ha llegado a tal punto que incluso profesionales de salud utilizan este argumento para extorsionar a padres de jóvenes género disconformes quienes demuestran dudas de aceptar terapias de cambio de sexo de sus hijos (ver sus testimonios aquí). Con todo, dicha afirmación no tiene sustento clínico. Como lo demuestran múltiples trabajos, en muchos casos este malestar psicológico puede solucionarse tratando las causas basales a la disforia con psicoterapias tradicionales, o de forma inversa, mucha sintomatología suicida persiste en pacientes que realizan su cambio de sexo, al no haberse tratado la sintomatología premórbida.

Otro de los elementos más graves es que el PAIG atenta contra el derecho preferencial de los padres en la crianza de sus hijos. Al respecto, Schneider insistió que «las familias son centrales en este proceso», pues «la mejor herramienta para combatir los riesgos que trae consigo la discriminación, es el amor de las familias, es la comprensión de las familias y eso es lo que queremos salvaguardar: que esas familias tengan los mismos derechos que todo el resto de las familias del país». Sin embargo, la consigna es engañosa, el PAIG no exige el consentimiento de los padres del NNA. De hecho, fue la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, en la Comisión del 2 de septiembre de 2024, quien reforzó que  el PAIG no tiene como requisito el consentimiento de los padres, dado que es el NNA el titular del derecho consagrado en la Ley de Identidad de Género. La razón, según Albagli, es porque en caso de que voluntad NNA no coincida con la de los padres,  podría significar un riesgo en el derecho de autonomía progresiva del menor, potestad resguardada en mismo reglamento. Lo anterior es especialmente importante dado que obliga atender nuevos alcances que puede presentar esta iniciativa. Esta ignora el principio de que son ellos los principales custodios de su integridad psico afectiva, haciendo de esta agenda  un recurso no solo perverso en su origen, sino que totalmente atentatorio contra el desarrollo del niño al buscar alienarlo de sus padres.

La aprobación del informe CEI 57 es un logro civilizatorio. Quienes han intentado caracterizarlo como un avance de una agenda ultraconservadora faltan a la verdad. La motivación por detener este programa se basa en la pesquisa de irregularidades propias del mismo, que atentan contra la integridad de miles de menores y contra los derechos de sus propios padres. Tampoco se asocia a la persecución de los derechos LGTBQ+ de personas adultas, quienes deciden libremente sobre su propio proyecto vital. En este caso se está hablando de una iniciativa  destinada a niños desde los 3 años para que decidan un cambio de sexo, con todas las complejidades que ello conlleva, sin la exigencia del consentimiento de sus padres. Continuar por esta senda puede provocar serios problemas en las próximas generaciones de niños y jóvenes. La evidencia actualizada ha determinado que los estudios sobre los tratamientos transafirmativos son insuficientes y la evidencia es escasa. Con todo, los efectos secundarios de muchos de estos tratamientos son severos e irreversibles. El ser claros con este tipo de agenda es una cuestión de sensatez, de protección a la infancia, de defensa a las libertades y dignidad de los padres, pero sobre todo, es un triunfo del sentido común.