Socialistas chilenos, socialistas españoles

La presidenta del Partido Socialista y candidata presidencial, Paulina Vodanovic, señaló en su primera entrevista ya teniendo su doble calidad cuál es su inspiración política: el PSOE de Pedro Sánchez. Dijo que intentó por largo tiempo tener una conversación con el PPD sobre un proyecto político conjunto que siguiera una línea similar a la del mandatario español. Y volvió a nombrarlo como ejemplo de su estilo directo, exaltando cómo enfrenta los debates en el Congreso de los Diputados.

Es cierto que la candidatura de Vodanovic ha pasado sin pena ni gloria. Ha sido tan irrelevante que esta columna puede parecer pasada de moda, a pesar de que lleva apenas una semana como candidata. Pero si su referencia al PSOE de Sánchez no fue solo una frase de ocasión, sino el fundamento de su propuesta política entonces vale la pena detenerse a mirar qué significa gobernar como Pedro Sánchez. Porque si ese es el modelo que busca replicar la socialista chilena, más vale estar advertidos.

«Paulina Vodanovic se inspira en un dirigente con más prontuario que trayectoria. Más que una inspiración política, el sanchismo es una advertencia sobre lo que no debe hacerse en política»

La corrupción ha sido un sello de origen del Gobierno sanchista. No hablamos solo de escándalos puntuales, sino de tramas que cruzan al partido, al Gobierno e incluso a su familia. En España, las novedades del Ejecutivo ya no se revisan primero en la sección política, sino en la judicial.

Uno de los casos más representativos es el del exministro José Luis Ábalos, hombre fuerte del PSOE y figura clave del primer gabinete de Sánchez. La llamada «trama Koldo» lleva ese nombre por su estrecho colaborador, Koldo García, un exchofer reciclado en asesor ministerial, implicado en una presunta organización criminal dedicada a lucrarse con contratos de mascarillas durante la pandemia. Entre los elementos más sórdidos del caso está la inclusión en la trama de la expareja sentimental de Ábalos, Jessica Rodríguez, quien fue contratada en una empresa pública dependiente de su ministerio y acompañó al ministro en numerosos viajes oficiales. Además, residió durante años en un lujoso departamento en Plaza de España costeado por empresarios vinculados a la red de corrupción de Ábalos. La investigación apunta a que estos favores en especie eran parte de las contraprestaciones ofrecidas por los comisionistas a cambio de contratos públicos.

La corrupción en el entorno de Pedro Sánchez no se limita a su círculo político: ha llegado hasta su propia familia. Su esposa, Begoña Gómez, está imputada por tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida. Sin título universitario, dirigía una cátedra creada a su medida en la Universidad Complutense de Madrid. La justicia investiga si utilizó esa posición para beneficiar a empresarios cercanos, como Juan Carlos Barrabés, cuyas empresas recibieron millones de euros en contratos públicos. La Fiscalía Europea también ha intervenido ante posibles irregularidades con fondos europeos. A pesar de los intentos del Gobierno de Sánchez por cerrar el caso, la investigación sigue abierta y cada día suma nuevas aristas.

Tampoco escapa el hermano del presidente, David Sánchez, imputado por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude a la administración. Fue contratado a dedo en la diputación de Badajoz en un cargo público donde ni siquiera cumplía funciones claras, sin oficina propia y sin tareas verificables. La justicia investiga si su puesto fue creado a medida para beneficiarlo con fondos públicos y europeos. Ante la presión, se vio obligado a renunciar, pero sigue siendo objeto de investigación judicial, con nuevos antecedentes que incluyen correos electrónicos borrados y conexiones con funcionarios del Gobierno central.

La corrupción en el sanchismo no es accidental ni periférica. No se limita a una red de comisionistas oportunistas o a familiares imprudentes. Es estructural. Está incrustada en los despachos ministeriales, en las empresas públicas, en las universidades y en otras instituciones del Reino de España. Atraviesa al PSOE de Sánchez desde sus bases hasta la cúpula.

Y esto no se agota en lo interno. La opacidad ha sido también el sello de su política exterior. El Delcygate expuso como el Gobierno español permitió que la vicepresidenta de Venezuela, pese a tener prohibido ingresar al espacio Schengen, bajara en Madrid en una escala rumbo a Turquía. Fue recibida por el ya mencionado José Luis Ábalos y sus maletas nunca fueron revisadas. El contenido de ese equipaje sigue siendo un misterio. El rescate a la aerolínea venezolana Plus Ultra llegó meses después de esa escala. Pese a ser una aerolínea mínima, sin aviones propios y en pérdidas desde su fundación, el Gobierno le entregó 53 millones de euros del fondo COVID. Su vinculación con el chavismo y el contexto del Delcygate refuerzan las sospechas de trato privilegiado. Si a esto sumamos su giro unilateral sobre el Sáhara Occidental -rompiendo décadas de neutralidad activa- fue comunicado por carta a Marruecos sin consultar al Congreso ni informar previamente al Rey, debilitando la posición de España en el Magreb y traicionando a sus aliados históricos, son tres muestras de que la política exterior de Sánchez no responde a principios ni al interés nacional, sino a acuerdos personales opacos.

El gobierno de Pedro Sánchez ha erosionado gravemente las bases institucionales de España, especialmente en lo que respecta al Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. Su ofensiva contra el Consejo General del Poder Judicial, al mantenerlo bloqueado para forzar una renovación afín a sus intereses, y su intento de controlar el Tribunal Constitucional, han socavado la independencia judicial y la separación de poderes. Paralelamente, ha instrumentalizado a la Fiscalía, llegando a decir que dependía directamente de su mandato -«¿De quién depende la Fiscalía?… pues ya está»-. Las policías tampoco han escapado de la presión: se ha politizado su actuar, degradando su autoridad frente al crimen y debilitando su respaldo jurídico. Casos como el de la «ley del solo sí es sí», que terminó beneficiando a delincuentes sexuales, evidencian un Ejecutivo más preocupado de ideología que de justicia. El resultado ha sido un Estado de derecho más frágil y una ciudadanía menos protegida.

Podríamos seguir enumerando hechos, casos y decisiones que describen el verdadero rostro del sanchismo. Las redes de corrupción, el uso partidista de los fondos públicos, la manipulación institucional, la opacidad en política exterior y el deterioro del Estado de derecho no son episodios aislados, sino síntomas de una forma de gobernar que ha hecho del poder un botín personal y de partido. Habría mucho más que decir, pero con lo ya expuesto basta para mostrar el vergonzoso referente que nos ofrece la lideresa socialista. Paulina Vodanovic se inspira en un dirigente con más prontuario que trayectoria. Más que una inspiración política, el sanchismo es una advertencia sobre lo que no debe hacerse en política.