Impunidad diplomática

Autor: Juan Lagos

En un país serio, los diplomáticos representan a la nación, no sus causas personales ni los caprichos ideológicos del gobierno de turno. En Chile, esa línea elemental se ha desdibujado bajo la administración del presidente Boric, que ha hecho de la Cancillería un espacio de improvisación, favoritismo y blindaje político. El caso de la embajadora en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, es solo el episodio más reciente —y quizá el más grave— de una larga cadena de despropósitos.

La representante chilena publicó una fotografía apoyando la «libre determinación para la nación Rapa Nui», un mensaje que no solo contradice la Constitución y el principio de indivisibilidad del Estado, sino que socava la posición diplomática de Chile ante el mundo. No fue un lapsus ni un exceso de entusiasmo. Meses antes, en una entrevista con un medio neozelandés, había reiterado la misma idea: la necesidad de que la isla «obtenga autogobierno». Difícil hablar de error cuando hay insistencia y convicción.

«Esa red de impunidad hoy alcanza también a la embajadora Pakarati. Boric no fue capaz de aprender, ni en los últimos momentos de su gestión, que gobernar no es proteger a los propios, sino velar por el bien de todos».

Una diplomática de carrera, formada en la Academia y con experiencia internacional, no puede ignorar que sus palabras se leen como la voz oficial de la República. Lo que Pakarati expresó no fue una opinión personal, sino un mensaje institucionalmente disruptivo: un embajador nunca habla en nombre propio, habla en nombre de Chile. Por eso, el caso no se resuelve con una simple reprimenda, sino con su destitución inmediata.

Sin embargo, el gobierno optó, por lo contrario: blindarla. La Cancillería se apresuró en minimizar el hecho y La Moneda guardó silencio, como si la gravedad del caso pudiera disiparse con el paso de los días. La indiferencia no es casual: responde a un patrón. En este gobierno, la lealtad política pesa más que la responsabilidad pública. La impunidad de los propios se ha convertido en un principio operativo.

Porque no es el primer caso. Recordemos al embajador Javier Velasco en España, convertido en un espectáculo permanente de frivolidad y desatino; o a la extravagante embajadora en el Reino Unido, que se jactó de «haber tocado el corazón del rey» mientras confundía diplomacia con sentimentalismo. Cada episodio, más allá de la anécdota, refleja lo mismo: la degradación del servicio exterior como institución profesional.

Pero hay algo aún más grave. La carrera diplomática la pagan todos los chilenos. Cada sueldo, cada representación, cada oficina en el extranjero se financia con recursos públicos. Por eso, lo que hoy ocurre es una bofetada a millones de contribuyentes que, con esfuerzo, sostienen una estructura que debería servir al bien común. Una embajadora que confunde su rol institucional con una causa local, y un gobierno que la protege, muestran una falta de respeto elemental hacia quienes pagan su labor esperando seriedad, profesionalismo y patriotismo.

La diplomacia chilena fue durante décadas un ejemplo de sobriedad y mérito. Hoy se ha transformado en un espacio donde prima la lealtad ideológica por sobre la capacidad. En lugar de representar los intereses del país, algunos parecen más interesados en representar sus causas personales.

El presidente Boric ha demostrado una constante inclinación a blindar a los suyos, por muy escandalosos que sean sus actos. Blindó a su amiga de la Segpres, Francisca Moya, incapaz de advertirle la inconstitucionalidad del decreto de compra del inmueble de Allende. Blindó a Diego Pardow pese a su desastrosa gestión energética. Ha sostenido al embajador Javier Velasco, convertido en caricatura diplomática. Y mantuvo a Giorgio Jackson incluso después del bochornoso robo de computadores en su propio ministerio. Esa red de impunidad hoy alcanza también a la embajadora Pakarati. Boric no fue capaz de aprender, ni en los últimos momentos de su gestión, que gobernar no es proteger a los propios, sino velar por el bien de todos.