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Durante estas semanas, han ocurrido casos alarmantes que evidencian la profunda degradación de los principios de la libertad de expresión que fundamentan una sociedad abierta. Si bien esta horadación de la libertad de expresión lleva ocurriendo hace más de década en occidente, en los últimos años no ha hecho más que intensificarse debido a los enjambres digitales y las cámaras de eco de las redes sociales.

Durante estas semanas, se ha debatido un nuevo paquete de medidas fiscales de emergencia para combatir los efectos económicos y sociales de la pandemia. La discusión se había entrampado levemente por motivos políticos y por los montos del gasto público. El gobierno originalmente propuso un paquete fiscal con un marco de gasto público entorno a los 10 mil millones de dólares por un periodo de 20 meses.

Como un balde de agua fría a las expectativas de una posible reactivación económica fueron los últimos números que registraron una histórica caída en el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de un 14,1% en abril. Dicha contracción ha sido la de mayor magnitud registrada en la historia del índice, desde que el Banco Central de Chile publica dicho indicador desde 1986.

La peor pandemia en más de un siglo está causando un duro revés en una de las luchas socioeconómicas más significativas que se han librado en la historia de América Latina como es la reducción de la pobreza. Si miramos nuestra región, parece indudable que los efectos económicos de la pandemia se traducirán no sólo en mayor desempleo, sino que en alzas significativas de los niveles de pobreza, no sólo en Chile, sino que en todo el continente.

El sistema de reparto en Chile –sistema por el que el Diputado Boric aboga– entregaba pensiones mucho más miserables a las actuales, a pesar de que la tasa de cotización era más del doble de la actual.