Violencia y democracia

La democracia limitada por la violencia

Desde que la violencia se generalizó en Chile los procesos políticos se han acelerado a tal punto que el Gobierno ha cambiado sus prioridades; el trabajo parlamentario se ha visto incrementado y ya se habla de un seguro cambio en la Constitución. Poco y nada de este escenario era previsible ni por el más optimista de los analistas y todo gracias al chantaje propio de la violencia.

La violencia no se caracteriza tanto por la fuerza física que actualmente aplica sino por la fuerza futura que con la que amenaza a cualquier resistencia. De este modo, aquellas autoridades que no quieren apagar el fuego con bencina omiten cualquier esfuerzo contrario por temor de ser considerados como los causantes de todo el descalabro.

Como bien señala Mauricio Rojas en un libro que hoy parece profético: «La muerte de la democracia acostumbra a empezar subrepticiamente, con hechos que a primera vista pueden resultar nimios, pero que al tolerarse o incluso aplaudirse terminan por desencadenar un espiral de transgresiones».[1] Y así llegamos al 18 de octubre…

“La muerte de la democracia acostumbra a empezar subrepticiamente, con hechos que a primera vista pueden resultar nimios, pero que al tolerarse o incluso aplaudirse terminan por desencadenar un espiral de transgresiones”

¿Qué sucedió ese día? Básicamente, solo se amplió el fenómeno que llevaba años madurando en espacios importantes de la sociedad chilena (liceos, universidades, poblaciones y zonas rurales), pero cuyos focos permanecieron controlados durante mucho tiempo. Esta violencia, en último término, era administrada (mas, no combatida) por sus autoridades, ya sea por el gran costo que supone enfrentar estos eventos o por incapacidad cierta de controlar eficazmente los focos de violencia.

Desde el 18 de octubre la violencia rápidamente se distribuyó por casi todos los escenarios de la realidad nacional. Aunque las autoridades responsables eran otras, de mayor investidura, la respuesta fue la misma y, por esta razón, no se podían esperar resultados distintos. Lo cierto, es que mucho se habla de una crisis de autoridad presente en las nuevas generaciones y poco de la innegable cuota de responsabilidad que tienen las autoridades en las causas de dicho trance y lo poco que hacen para superarla.

El Estado ya no parece ser esa corporación cuyo poder los liberales de siglos pasados se esmeraron en limitar protegiendo a los individuos. Esta nueva realidad política no parece ser más favorable para las personas, quienes todavía ven en peligro sus derechos a manos de grupos intermedios que aprovechan los vacíos de poder, mientras que los burócratas y la clase política, en virtud de la demoscopia y el mercadeo, cada día sofistican más el infame arte de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.

Seguirá siendo misión del liberalismo del siglo XXI el proteger los derechos fundamentales del prójimo, exigiendo a las autoridades el legítimo ejercicio del poder que le deben al pueblo soberano y que con demasiada frecuencia sortean por medio de eufemismos y frases hechas. Me parece que el cambio en el paradigma requerirá de volver a leer a los clásicos con los ojos del presente, con aquella lectura que permite que el texto siga vivo y que no se termine reduciendo en un remedo de catecismo liberal que repetimos por compromiso. Por el momento, urge limitar o controlar la violencia con los medios que nos brinda la democracia.

 

La violencia limitada por la democracia

La democracia actualmente se encuentra limitada por la violencia y no veo mejor salida que limitar la violencia por medio de la democracia considerando los preciados bienes que podemos perder con salidas alternativas.

Es fundamental que al interior del liberalismo y las actuales alternativas políticas que se identifican con este robusto cuerpo de ideas, se recuperen con sobriedad y reciedumbre los conceptos de legítimo uso de la fuerza, orden, imperio de la ley, poder, entre otros, que, por buenismo o falta de rigor terminan siendo entregados a grupos políticos extremos.

Todo aquel que no se encuentre representado por la interpretación que la izquierda ha hecho de estos eventos, debería sentirse interpelado con las palabras de Roger Scruton cuando dice que: «Es urgente, pues, que la derecha, en primer lugar, recupere el lenguaje de la política y que ponga de nuevo a nuestro alcance lo que la terminología de izquierdas ha alejado de nosotros. Únicamente cuando dispongamos nuevamente de nuestro lenguaje natural podremos dar respuesta a las grandes acusaciones que la izquierda constantemente lanza contra nuestro mundo».[2]

Un primer concepto a recuperar es el concepto mismo de violencia. La izquierda ha condenado con la boca pequeña (e incluso ha justificado) graves atentados contra el Estado de derecho en base a un sofisma: la falacia del género sumo (detectada por el filósofo chileno Jorge Millas): como si toda fuerza fuera violencia y, así, toda violencia actual puede justificarse moralmente como una forma legítima de responder a violencias anteriores. [3]

“Es preciso distinguir conceptualmente entre la fuerza con la que se valen los violentos para sus fines políticos del legítimo monopolio por parte del Estado.”

De esta gran falacia, Millas concluye el absurdo que supone hablar de “violencia institucionalizada”. Señala el filósofo chileno: «Pero en todo ello hay tanta lógica como puede haberla en una falacia: porque el concepto de “violencia institucionalizada” es una incoherencia. Desde el momento en que la violencia se institucionaliza —esto es, se somete a un sistema normativo, o, con más precisión, al orden jurídico—, ya no es violencia. Tiene sentido hablar de la fuerza institucionalizada, mas no de la “violencia institucionalizada”».[4]

Es preciso, a su vez, distinguir conceptualmente entre la fuerza con la que se valen los violentos para sus fines políticos del legítimo monopolio por parte del Estado. Para este propósito considero esencial: (1°) justificar la necesidad del Estado para emplear la fuerza; (2°) establecer la diferencia entre violencia y poder y (3°) ver las características esenciales del empleo de esta prerrogativa y causa de existencia del Estado moderno en un régimen democrático.

Monopolio legítimo de la fuerza: Toda sociedad, Con el fin de preservar su unidad y cohesión ante ideas, pasiones e intereses de cada individuo no siempre compatibles con los demás ha contado con instituciones que, como mínimo, combaten las conductas antisociales especialmente graves. En el caso de las sociedades modernas, la institución más importante es el Estado, definido por Max Webber como: «un instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida en que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente».[5]

El monopolio legítimo de la fuerza se justifica, en palabras de Isaiah Berlin, dado que: «La justicia y la igualdad son ideales que, en las sociedades existentes, todavía precisan de un cierto grado de coacción porque la supresión prematura de los controles sociales conduciría a la opresión de los más débiles y los menos dotados por los más fuertes, los más listos o los menos escrupulosos».[6]

Asimismo, tanto la pérdida del monopolio de la fuerza es síntoma inequívoco de la quiebra de las democracias. Ya sea por la pérdida de deliberación por parte de la autoridad política (a); como el surgimiento de grupos organizados paramilitares ya sean contrarios al gobierno (b) como aquellos creados por la voluntad del legislador (c).[7]

Violencia y poder: La política, que la izquierda pretende reformar beneficiándose de la violencia, es mucho más que un asunto de dominación. Para Hannah Arendt «el problema central de la política es la constitución de espacios donde los hombres puedan manifestarse a través de la acción y de la palabra».[8] En virtud de este fin, la distinción entre poder y violencia realizada por Hannah Arendt es de mucha utilidad para distinguir los efectos del poder y los efectos de la violencia.[9]

Para Arendt, el poder «corresponde a la capacidad humana, no simplemente para actuar, sino para actuar concertadamente. El poder nunca es propiedad de un individuo; pertenece a un grupo y sigue existiendo mientras el grupo se mantenga unido».[10] Agrega la escritora que no basta con decir que poder y violencia no son la misma cosa: «El poder y la violencia son opuestos; donde uno domina absolutamente falta el otro. La violencia aparece donde el poder está en peligro pero, confiada a su propio impulso, acaba por hacer desaparecer el poder».[11]

El legítimo uso de la fuerza del Estado en democracia: Por último, toda democracia precisa del legítimo monopolio de la fuerza por parte de Estado, lo cual permite relevar la violencia como principal modo de resolver los conflictos al interior de una sociedad democrática. Sin embargo, la fuerza al interior de una democracia no se define necesariamente por su magnitud. Como bien lo explica Juan J. Linz: «un régimen democrático puede necesitar un número de fuerzas de seguridad interna más grande que una dictadura estable, ya que no puede contar con los efectos que produce un clima de miedo».[12]

“es preciso que el rigor exigido al Estado, tanto en el cumplimiento de los protocolos, debe ser requerido para aquellas organizaciones de la sociedad civil que cumplan la labor de fiscalizar”

Más que por la magnitud, el uso de la fuerza en una democracia se especifica por su especial forma de justificación. En cuanto fenómeno físico, la fuerza es imposible de controlar totalmente: es capaz de causar una serie de efectos y muchos de ellos pueden sobrepasar la intención inicial del agente. Ante este factor, un régimen democrático establece mecanismos de control ex ante y ex post, a través de protocolos de actuación y posteriores juicios en contra del uso excesivo de la fuerza. Para analizar la administración de la fuerza por parte del Estado es necesario contemplar este panorama completo y no manipular antojadizamente ninguna de estas tres etapas.

A su vez, es preciso que el rigor exigido al Estado, tanto en el cumplimiento de los protocolos, debe ser requerido para aquellas organizaciones de la sociedad civil que cumplan la labor de fiscalizar, tanto a las fuerzas de orden y de seguridad del Estado como al Gobierno. Difundir información falsa o acusar mediante conjeturas debería ser una actitud digna de reproche contraria a la sana fiscalización que debe provenir desde la ciudadanía.

En definitiva, si queremos proteger nuestra democracia y mantener la violencia a raya, ejercicios intelectuales como el realizado en este breve ensayo se deben multiplicar por decenas. Precisamos de un lenguaje político que nos permita establecer distinciones que con claro propósito político no se realizar por parte de la izquierda.

 

Bibliografía

Arendt, Hannah. Sobre la violencia. Traducido por Guillermo Solana. Madrid: Alianza, 2005.

Berlin, Isaiah. «Dos conceptos de libertad». En Dos conceptos de libertad. El fin justifica los medios. Mi trayectoria intelectual, traducido por Ángel Rivero Rodríguez, 43-114. Madrid: Alianza, 2014.

Di Pego, Anabella. «Poder, violencia y revolución en los escritos de Hannah Arendt. Algunas notas para repensar la política». Argumentos 19, n.o 52 (2006): 101-22.

Han, Byung-Chul. Topología de la violencia. Traducido por Paula Kuffer. Barcelona: Herder, 2018.

Linz, Juan J. La quiebra de las democracias. Traducido por Rocío de Terán. Buenos Aires: Alianza Editorial, 1991.

Millas, Jorge. «Las máscaras filosóficas de la violencia». En La violencia y sus máscaras. Dos ensayos de filosofía, editado por Jorge Millas y Edison Otero, 9-50. Santiago: Aconcagua, 1978.

Rojas, Mauricio. La democracia asediada. Estudios sobre la democracia el populismo y la utopía socialdemócrata. Santiago: Instituto Res Publica, 2018.

Scruton, Roger. Pensadores de la nueva izquierda. Traducido por José María Carabante. Madrid: Rialp, 2017.

Weber, Max. Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. Traducido por José Medina Echavarría, Juan Roura Farella, Eugenio Ímaz, Eduardo García Máynez, y José Ferrater Mora. Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2002.

[1] Rojas, La democracia asediada, 11.

[2] Scruton, Pensadores de la nueva izquierda, 411.

[3] Millas, «Las máscaras filosóficas de la violencia», 13-19.

[4] Millas, 18.

[5] Weber, Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva, 43-44.

[6] Berlin, «Dos conceptos de libertad», 79.

[7] Linz, La quiebra de las democracias, 107.

[8] Di Pego, «Poder, violencia y revolución en los escritos de Hannah Arendt. Algunas notas para repensar la política», 106.

[9] Arendt, Sobre la violencia, 58-65; también en: Han, Topología de la violencia, 101-6.

[10] Arendt, Sobre la violencia, 60.

[11] Arendt, 77.

[12] Linz, La quiebra de las democracias, 110.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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