Informe mensual N° 1 | Asedio a La Moneda y ruptura del pacto democrático

Con este Informe se inicia la publicación mensual del Laboratorio de Análisis Político de la Fundación para el Progreso sobre la coyuntura global, regional y nacional. Sobre el contexto y las principales categorías de análisis que aquí se usan se recomienda la lectura del Informe Especial No 1 del Laboratorio titulado Chile 2020: Contexto y categorías de análisis.

Los temas abordados en este primer Informe Especial son:

Coyuntura internacional

  • El coronavirus cambia el escenario mundial
  • Desestabilización de la economía global
  • Guerra de precios del petróleo
  • El impacto de la pandemia en América Latina

Chile 

  • Impacto económico y político del coronavirus
  • Realización del plebiscito en peligro
  • Asedio a La Moneda
  • Reactivación del polo insurreccional
  • Ruptura del pacto democrático
  • La oposición de derecha

 

Coyuntura global: Hacia una recesión mundial

La coyuntura global ha estado dominada por la rápida expansión del coronavirus, la fuerte caída del precio del petróleo y de las bolsas de valores, así como el riesgo cada vez mayor de una recesión mundial.

El desarrollo del contagio ha alcanzado proporciones alarmantes, siendo por ello declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya el 11 de marzo. Su difusión es especialmente preocupante en Europa, que hoy es el epicentro de la difusión del virus con Italia a la cabeza, donde todo el país fue puesto en cuarentena, medida seguida luego por España. Ángela Merkel declaró que hasta el 70% de la población alemana puede llegar a contagiarse y el cierre de fronteras se ha hecho común, así como la suspensión de clases y otras actividades.

Por su parte, en Estados Unidos el contagio se expande rápidamente y se prohíben por 30 días los viajes desde 26 países de Europa (el “espacio Schengen”), excluyendo inicialmente al Reino Unido. En su anuncio, el presidente Trump criticó a Europa por su tardía reacción frente al virus. El efecto de esta prohibición fue letal para las bolsas europeas y profundizó la inestabilidad bursátil a nivel global.

China, por su lado, muestra una caída del ritmo de difusión de la enfermedad y el número de recuperados logró superar al número de contagiados. El Partido Comunista chino ha lanzado una gran ofensiva sobre sus supuestos éxitos en la lucha contra el virus. En ese contexto, el 10 de marzo Xi Jinping visitó por primera vez Wuhan, zona cero del coronavirus.

Sobre las repercusiones económicas de la pandemia la OCDE publicó el 2 de marzo un informe titulado Coronavirus: The World Economy at Risk evaluando su posible impacto global. Según la organización, en un escenario relativamente optimista (suponiendo “que la epidemia alcance su punto más alto en China durante el primer trimestre de 2020 y los brotes en otros países sean suaves y contenidos”), el crecimiento mundial se reduciría a 2,4%. En un escenario pesimista (“A domino scenario: broader contagion”), el crecimiento global se reduciría a la mitad del 2,9% anteriormente pronosticado por la OCDE.

En las dos semanas transcurridas desde la publicación de este informe el escenario pesimista se ha hecho mucho más plausible, avizorándose incluso el riesgo de una recesión a nivel mundial. En esa línea, el índice del banco de inversiones JP Morgan indica que los precios actuales de los activos financieros reflejan un 80% de probabilidad de recesión y el execonomista jefe del FMI, Kenneth Rogoff, aseguró este domingo recién pasado que “es una realidad que vamos a tener una recesión global este 2020”. La violenta caída de los precios del petróleo el lunes 9 de marzo, así como la profunda conmoción bursátil que le ha seguido, han hecho patente ese peligro.

El desencadenante de lo ocurrido el “lunes negro” fue la caída sostenida del precio del petróleo desde el inicio de la epidemia (de US$69 por barril de Brent a principios de año a unos US$50 a comienzos de marzo) y los esfuerzos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) por contrarrestarla reduciendo la producción, medida que no fue seguida por Rusia (tercer productor mundial de petróleo, que no es miembro de esta organización pero sí ha colaborado con ella en la llamada OPEP+) anunciando, por el contrario, que desde el 1 de abril pondría fin a todas las restricciones previamente acordadas. A ello respondió Arabia Saudita (segundo productor y primer exportador mundial de crudo) iniciando una agresiva guerra de precios que desmoronó el precio del petróleo llevándolo a niveles en torno a los US$35 el barril el 9 de marzo. Luego anunció que incluso aumentará su producción desde el 1 de abril con 300 mil barriles diarios.

El trasfondo de esta situación es una disputa estratégica entre Rusia y Estados Unidos (primer productor mundial de petróleo), que envuelve desde la presencia rusa en Venezuela hasta los intentos rusos de frenar la expansión de la extracción de petróleo de esquisto (shale oil) en la Cuenca Pérmica (en Texas y Nuevo México), que ya produce más que Irán y Venezuela juntos. Esto último es clave en la guerra de precios, ya que el petróleo de esquisto requiere, para ser rentable, precios de al menos unos US$50 por barril.

Finalmente, cabe notar que las primarias demócratas han entrado en una fase de definición en la que se enfrentan el moderado Joe Biden y el “socialista democrático” Bernie Sanders. Las contundentes victorias de Biden el martes 3 y 10 de marzo lo han transformado en el gran favorito de esta disputa.

 

Coyuntura regional: Profundización de la inestabilidad

La caída de los precios del petróleo golpeará fuertemente a los exportadores de crudo de la región, en especial a Venezuela, Ecuador, Colombia y México, pero también a otros productores significativos como Brasil y Argentina. Para Venezuela el impacto puede ser letal, llevando al país a un default total. Por su lado, Ecuador, Colombia y México verán sus cuentas fiscales, muy dependientes del petróleo, empeorarse de manera aguda. Otros exportadores de commodities, especialmente de metales y minerales como Chile, también se verán afectados por caídas de precios significativas y, con toda probabilidad, duraderas. Esta situación, más la inestabilidad bursátil global, ha castigado con fuerza las bolsas locales con caídas espectaculares de la bolsa brasileña (Ibovespa) el miércoles 11 de marzo o del S&P Merval en Argentina el jueves 12. A su vez, ese mismo día la prima de riesgo argentina subió un 8,8% alcanzando 3.233 puntos, el nivel más alto de los últimos 15 años. A consecuencia de todo este escenario convulso se profundizarán los problemas económicos, sociales y políticos que la región viene experimentando desde el fin del boom de las commodities hace algo menos de diez años. La inestabilidad social y política, potenciada por la revuelta de las clases medias ante un deterioro de su situación, se hará cada vez más sensible e impredecible.

Por su parte, la llegada del coronavirus a la región está provocando fuertes medidas para impedir su rápida difusión ya que se teme que se desencadene una situación catastrófica debido a la vulnerabilidad de gran parte de la población, la aproximación del invierno y las debilidades de los sistemas de salud para enfrentar brotes epidémicos concentrados. Así, ya el jueves 12 de marzo Bolivia, Venezuela y Argentina suspendían los vuelos procedentes de Europa. En Argentina la prohibición también se extendió a Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán. El mismo día se decretó la alerta sanitaria en Colombia y en Bolivia se anunció que se suspendían las clases en todos los niveles hasta al menos el 31 de marzo. Un par de días después se cerraban las fronteras de Argentina, Perú y Colombia, y los dos primeros países entraban, de hecho, en una cuarentena.

Uno de los hechos políticos de mayor interés regional fue la visita de Jair Bolsonaro a Estados Unidos y su encuentro con Donald Trump el domingo 8 de marzo, centrado en la situación venezolana y el reforzamiento de la alianza militar entre Estados Unidos y Brasil. Ello recalca la firme voluntad estadounidense de oponerse al régimen de Maduro, alinear a los países de América del Sur en la lucha contra la dictadura venezolana y contener una mayor injerencia de potencias como Rusia, China o Irán en la región.

En Venezuela el régimen intenta frenar el caos económico permitiendo, desde noviembre recién pasado, la dolarización de la economía e implementando una política algo menos agresiva hacia el sector privado, lo que le ha dado un cierto respiro a la crisis económica que vive el país desde hace años. Incluso se plantea avanzar en la privatización de PDVSA, la gran compañía estatal petrolera, ante su debacle operacional (la producción de crudo ha caído de más de tres millones de barriles diarios a fines de los 90 a unos 700 mil en la actualidad). Al respecto, se está tanteando la participación de corporaciones internacionales como la rusa Rosneft, la italiana Eni y la española Repsol. Se calcula que para restablecer la capacidad productiva petrolera se requieren inversiones de entre 180 mil y 200 mil millones de dólares. En el terreno político, el régimen busca una distención con parte de la oposición, llegando a un acuerdo sobre la designación de nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, mientras que Juan Guaidó trata de reactivar las movilizaciones contra la dictadura.

En nuestro entorno más cercano es de interés observar los acontecimientos en Argentina, donde se desarrolla un doble conflicto de gran trascendencia para el futuro del nuevo gobierno peronista. Uno con los agricultores por el aumento de las retenciones a las exportaciones de soja de 30 a 33%, lo que los ha llevado a decretar una huelga de cuatro días, y el otro con la iglesia católica, los evangélicos y una importante opinión pública que se oponen a la legalización del aborto propuesta por el Gobierno. Junto a ello están las tensiones de la compleja renegociación de la deuda externa a fin de evitar un default completo, la crisis del coronavirus y la presión gubernamental para blanquear la corrupción de importantes líderes peronistas, lo que ha conducido, por ejemplo, a la cancelación de las órdenes de arresto que Cristina Kirchner tenía por los trece procesamientos y ocho pedidos de prisión preventiva que arrastraba.

 

Contexto nacional: Pandemia y asedio a La Moneda

El contexto nacional ha estado dominado por dos hechos fundamentales: por una parte, la llegada e impacto del coronavirus y, por otra, el creciente asedio al Presidente, producto de la reactivación del accionar del polo revolucionario que coincide con la orientación cada vez más confrontativa de la oposición.

El impacto del coronavirus no parece tan difícil de predecir a nivel económico, erosionando completamente las ya modestas perspectivas de crecimiento económico para este año, fuera de deteriorar aún más las finanzas públicas por la caída del precio del cobre y el menor nivel del conjunto de la actividad económica. Lo más probable es que se experimente un retroceso del ingreso per cápita, un significativo deterioro del empleo y los salarios, un aumento de la pobreza, aún mayores presiones redistributivas y un ambiente de descontento generalizado. Sin embargo, es muy probable que la difusión del contagio en el corto plazo reduzca de manera significativa las movilizaciones por demandas sociales.

Lo que sin embargo resulta muy difícil de prever es el impacto político de la pandemia. Esta es una de las grandes incógnitas del complejo momento actual. Parece evidente que la fuerza de las convocatorias a marchas y manifestaciones debiera decrecer, y simplemente extinguirse ante una muy probable cuarentena nacional. Por su parte, la realización del plebiscito del 26 de abril se hace muy improbable. Mirando la velocidad del contagio en otros países sería muy sorprendente si no llegamos a mediados de abril con fuertes limitaciones a una serie de libertades básicas, como las de circulación y reunión, fuera de la suspensión general de todo tipo de actividades no imprescindibles. En ese contexto, difícilmente se darían las condiciones mínimas para celebrar la consulta con una preparación y una participación razonables, circunstancia que ya ha abierto una discusión transversal en el mundo político sobre la posibilidad de postergarla. La gran interrogante es qué podría significar un escenario semejante para la situación política. Una hipótesis es que podría descomprimirla de manera más duradera, uniendo a la nación ante el impacto de la pandemia, pacificando “la calle” y dándole al Presidente una oportunidad de fortalecer su hoy menguado liderazgo. Otra es que aumentaría el descontento, los conflictos y la presión para provocar su salida inmediata al cerrarse por un tiempo la válvula de escape plebiscitaria.

En este contexto, la “línea de mínimos” adoptada por el Presidente en su alocución del 13 de marzo sobre el coronavirus, que contrastó con las duras medidas ya en curso en muchos países, incluidos los del entorno, fue desafortunada, arriesgándose a que una rápida difusión de la pandemia pudiera derivar en una crítica a la suavidad comparativa de sus medidas y a una falta de liderazgo. Esto no sería un hecho menor en un escenario de creciente acoso al primer Mandatario y por ello la decisión del día domingo, suspendiendo las actividades en jardines infantiles y escuelas por 14 días, así como su disposición a decretar estado de emergencia “de ser necesario”, fue una rectificación necesaria y oportuna ante una realidad que se estaba imponiendo por sí misma. Igualmente necesaria y acertada fue la decisión de ayer lunes, al pasar el contagio a su fase 4 con una duplicación en 24 horas del número de casos diagnosticados, de cerrar las fronteras. Sin embargo, ante la especulación en curso sorprendió la decisión de no fijar los precios de los artículos más demandados en la emergencia, como mascarillas o alcohol gel.

El segundo hecho clave es el asedio a La Moneda, que hoy, más que nunca, se hace merecedora de su denominación como “la casa donde tanto se sufre”. Lo que está en juego es nada menos que la figura del Presidente, la sostenibilidad de su mandato y su papel históricamente tan predominante en la conducción del país. Se trata, en el fondo, de una aguda crisis de la República solo comparable a otros momentos disruptivos de la historia nacional como los de 1891, 1924, 1932 y 1973.

En este contexto, es pertinente recordar algunos pasajes relevantes del informe de Enrique Correa sobre La situación chilena: Coyuntura y escenarios:

“Especialmente peligroso, por nuestra historia, es la extrema debilidad del apoyo al Presidente. Si bien la crisis es más general y el enojo más multifactorial, ella se concentra con mucha fuerza en el rechazo al Presidente Piñera. La continuidad de los presidentes en sus cargos por todo el periodo que fueron electos es un valor de la institucionalidad chilena. La posibilidad de que se derrumbe y se vea obligado a irse antes del fin de su mandato representa un alto riesgo para el país. Si ello ocurriera, el daño para Chile sería mayor (…) Si bien ‘la calle’ pide la salida del Presidente, el sistema político no comparte ese clamor y se inclina más bien por un acuerdo transversal de estabilidad del Presidente y, más en general, por la estabilidad de la institución Presidente de la República.”

La “extrema debilidad del apoyo al Presidente” de que habla Correa se ha mantenido, con una masiva opinión en contra y, además, dificultades evidentes para ejercer liderazgo y cumplir con su obligación más fundamental: mantener el orden público y la vigencia del Estado de derecho. La idea de un cambio de gabinete se hace cada vez más frecuente, así como las recomendaciones de un cierto repliegue del Presidente, abandonando la estrategia de alta presencia pública adoptada al regreso del verano. En una columna del domingo recién pasado, Carlos Peña escribió sobre ambas cosas y propuso separar la tarea de jefe de Estado de aquella de jefe de Gobierno:

“La figura del Presidente Piñera se ha transformado en la figura transferencial por excelencia, aquella que atrae, como una pantalla magnética, como un imán, todas las rabias y aversiones de la época (…) Si lo anterior es así, entonces parece que lo razonable es que el Presidente, dominándose a sí mismo, se contenga y se retire a la posición de un jefe de Estado, que entrega y supervisa las grandes líneas del quehacer gubernamental, sin atosigar una y otra vez a los ciudadanos, sin intentar infructuosamente que su próxima acción disminuya el rechazo.”

Lo que sí ha cambiado desde la publicación del informe de Correa el 17 de febrero de este año es el segundo punto allí señalado, es decir, el respaldo transversal del “sistema político” a la estabilidad del Presidente. Esto es crítico para la sostenibilidad del primer mandatario. Al romperse la unidad republicana en torno a la legitimidad y continuidad del Presidente se abre un escenario inédito, donde la ofensiva renovada del polo insurreccional puede encontrar el contexto y la legitimación que le hacían falta para transformar el estallido social-asocial en una verdadera crisis de la República, haciendo posible lo que el diputado Diego Schalper ha llamado “golpe blando”, usando de manera un poco impropia el concepto elaborado por el politólogo estadounidense Gene Sharp.

 

Renovada ofensiva del polo insurreccional

El surgimiento del polo insurreccional es el fenómeno distintivo y determinante de la situación política a partir del 18-O. Su extensión va desde el Partido Comunista y otros partidos y movimientos de la izquierda radical, incluyendo un fuerte y novedoso componente anarquista, así como a remanentes trotskistas y al feminismo militante, hasta las barras bravas y las bandas criminales asociadas a la delincuencia barrial y el microtráfico de drogas, pasando por diversas organizaciones sociales con directivas radicalizadas, como las de la Mesa de Unidad Social y otras enraizadas en el mundo estudiantil como la ACES.

No se trata de un movimiento cohesionado, sino a una multitud de “tribus antisistema” que confluyen y se apoyan mutuamente, sin por ello estar orgánicamente coordinadas ni ideológicamente unificadas, en el ataque a la institucionalidad usando una gran diversidad de medios, que van desde el hostigamiento a distintas autoridades mediante acusaciones en el Congreso hasta la infiltración de las grandes manifestaciones pacíficas, la guerrilla urbana, la ocupación y destrucción vandálica de espacios públicos, el saqueo, los atentados incendiarios y los ataques contra Carabineros.

La actividad del polo insurreccional comenzó a reactivarse a partir de los graves incidentes registrados en Viña del Mar el domingo 23 de febrero y cobró más fuerza durante la primera semana de marzo, con un momento álgido la noche del lunes 2 de marzo con 28 eventos graves de violencia, 283 detenidos, 76 carabineros lesionados, 15 civiles heridos, 23 vehículos policiales dañados y 19 saqueos. Luego cobró nuevo ímpetu a mediados de la semana al activarse las movilizaciones de los secundarios coincidiendo con la reanudación de las clases. Después de una celebración predominantemente tranquila del Día Internacional de la Mujer, se reinicia con fuerza la ofensiva a partir del miércoles 11, día de conmemoración de los 30 años de la restauración de la democracia y los 2 años del segundo mandato de Sebastián Piñera. Ese día se multiplicaron desde temprano los incidentes en el entorno del Instituto Nacional y otros colegios como parte del “tomazo” convocado por la ACES. Cortes de tránsito, bombas molotov y tomas de colegios caracterizaron una violenta jornada que se prolongó hasta la noche.

Lamentablemente, frente a esta reactivación del accionar violentista el Gobierno y las instituciones encargadas de mantener el orden público han mostrado nuevamente el tipo de carencias que se hicieron tan patentes en octubre y noviembre. Si la violencia y la vandalización aún no han alcanzado los niveles de esos meses ello no puede ser atribuido a una mayor capacidad del Estado para restablecer el orden público, sino a una menor intensidad del ataque insurreccional que en cualquier momento podría volver a escalar.

Por otra parte, el 21 de febrero el alcalde comunista Daniel Jadue planteó una línea abiertamente insurreccional en una entrevista publicada en La Tercera, radicalizando así de manera considerable lo anteriormente planteado por otros voceros comunistas. A su juicio, “el pueblo tiene todo el derecho a defenderse de fuerzas de orden y seguridad que han perdido toda legitimidad para el uso monopólico de la violencia”.

El endurecimiento de la línea del partido se puso nuevamente de manifiesto el 11 de marzo en un acto con ocasión del 30 aniversario de la restauración de la democracia encabezado por un lienzo con la inscripción “Renuncia Piñera” y donde se pidió oficialmente el fin anticipado del mandato del Presidente. En la ocasión, el secretario general del partido, Lautaro Carmona, leyó un manifiesto de partido titulado A 30 años, Chile dice basta y demanda una democracia de verdad. A juicio del partido, y de la misma manera que se deslegitimó la democracia chilena en los años 60 y 70 del siglo pasado, la democracia vigente sería una democracia falsa, “una ‘democracia representativa’ cuya institucionalidad está cada día más deslegitimada y que ha impedido que el pueblo ejerza su soberanía en todos los aspectos”. Además, se llama a “marcar con AC el voto (en el plebiscito) como una clara señal de compromiso con un proceso constituyente soberano de comienzo a fin” y se remata afirmando que “es urgente que las fuerzas democráticas, políticas y sociales, se pronuncien por una salida a esta situación, que incluya elecciones presidenciales y parlamentarias anticipadas, y lo antes posible”.

Otros componentes parlamentarios del polo insurreccional, con Revolución Democrática (RD) y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) se han lanzado directamente contra el Gobierno y el Presidente. En el primer caso promoviendo una acusación constitucional contra el ministro del Interior Gonzalo Blumel y en el segundo buscando inhabilitar al Presidente por “incapacidad física o mental” en función del supuesto “comportamiento errático” del mandatario para enfrentar la crisis que estalló el 18-O. Esto derivó en una petición del Senado a la Comisión de Constitución de un informe sobre el mecanismo aplicable en un caso semejante.

Esta agrupación, la FRVS, ha demandado, en línea con la posición del PC, una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados “con el objeto que se discuta allí, con todos los partidos políticos, de gobierno y de oposición, la posibilidad real de ponerle término a esta crisis mediante un adelantamiento de las elecciones presidenciales y de las elecciones parlamentarias de diputados y senadores”.

A su vez, cabe notar que el “Bloque sindical” de la mesa de Unidad Social, que incluye a organizaciones como la CUT, la ANEF, la Confusam y el Colegio de Profesores, se descolgó de hecho de las movilizaciones del 11 de marzo, llamando sólo a una huelga simbólica de 11 minutos a las 11 horas de ese día y a un cacerolazo por la tarde. Ello denota una ambigüedad de parte de los líderes de estas organizaciones de embarcarse en movilizaciones que puedan dar pábulo, como lo han hecho las realizadas anteriormente, a devastadoras explosiones de violencia. Esta reticencia a movilizarse con mayor combatividad es de la mayor importancia para el desarrollo de la coyuntura y tiene seguramente que ver con la resistencia de una mayoría de los miembros de las organizaciones mencionadas a seguir a sus líderes en aventuras de este tipo.

 

Ofensiva opositora contra el Gobierno y quiebre del pacto democrático

La ruptura del espíritu republicano y el paso del conjunto de la oposición democrática a una confrontación plena con el Gobierno quedó perfectamente escenificada el 11 de marzo. Al acto convocado por el Presidente en La Moneda para conmemorar los 30 años del retorno a la democracia no concurrió nadie del amplio espectro de la oposición, a excepción de Belisario Velasco, exministro del Interior de Michelle Bachelet. La invitación a ir a La Moneda fue rechazada no sólo por los timoneles de los partidos de oposición, sino incluso por los presidentes de ambas cámaras del Congreso en lo que constituyó un grave desaire institucional. El argumento que a menudo se esgrimió para justificar esta actitud fue que no se podía acudir al llamado de un Gobierno bajo el cual se violaban los derechos humanos. Al mismo tiempo, la oposición realizaba un acto paralelo con la destacada presencia, entre muchos otros, de los expresidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei.

Esta demostración de desunión republicana y masivo rechazo al Gobierno se da en el contexto de una ofensiva opositora en la que destacan, primero, la reticencia a aprobar en el parlamento una serie de proyectos clave del Ejecutivo; segundo, la amenaza de apoyar la acusación constitucional al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, planteada por el Frente Amplio; y tercero, la creciente apertura a la propuesta del senador Guillier, acogida como vimos, entre otros, por el Partido Comunista, de adelantar las elecciones para Presidente y Congreso. Al respecto, el presidente de la DC, Fuad Chahin, manifestó el mismo 11 de marzo que “debiéramos analizar la posibilidad de anticipar elecciones para tener un Gobierno y un parlamento de transición a la nueva Carta Fundamental”, si bien luego matizó algo sus planteamientos.

Otro giro de tuerca en la ofensiva contra el Presidente lo dio el presidente del Senado, Jaime Quintana, al pedir el viernes recién pasado la renuncia de hecho del primer Mandatario y el paso del poder al Congreso, es decir, a la oposición, a la vez que rechazaba el adelanto de elecciones propuesto por otros. Sus palabras fueron categóricas: “Si Piñera quiere seguir gobernando debe pasar a una segunda línea y aceptar un parlamentarismo de facto.”

Estas posturas, directamente orientadas a desbancar al Presidente mediante nuevas elecciones o convirtiéndolo en una figura sin poder, señalan un importante giro en la línea de la oposición democrática que apunta hacia una confluencia con la voluntad de los sectores insurreccionales de debilitar, deslegitimar y, finalmente, derribar al Gobierno. El hecho de que algunas figuras importantes de la centroizquierda, como Ricardo Lagos, Heraldo Muñoz, Carlos Montes o Carolina Goic, se hallan distanciado de las mismas no obsta para aquilatar todo el potencial desestabilizador de esta nueva orientación.

De esta manera, Chile entra en una nueva fase de la crisis desatada el 18-O donde está en juego la Presidencia como institución y el Presidente como primer Mandatario, pero también el pacto fundamental que sostiene todo régimen democrático. Esto lo puso claramente de manifiesto Carlos Peña en una columna titulada Defensa de la Presidencia dirigida a cuestionar las propuestas del senador Guillier. Su argumento central es el siguiente:

“La democracia es, ante todo, un conjunto de reglas para la competencia pacífica por el poder. Quienes participan del juego democrático se comprometen, ex ante sus resultados, a respetar sus reglas básicas incluso si ellas lesionan o no están de acuerdo con sus intereses inmediatos (…) Si no se reconoce un límite a los propios intereses, la convivencia democrática no es posible. En la democracia ese límite está dado por el respeto de las reglas fundamentales, una de las cuales es que ejerce el poder del Estado quien obtiene para sí la adhesión de la mayoría, debiendo sus opositores esperar la siguiente ronda electoral para desplazarlo. Este compromiso no debe debilitarse por razón alguna. El respeto de ese límite constituye, pudiera decirse, uno de los imperativos éticos de la vida cívica, un mandato o un compromiso que el propio interés no debe relativizar.”

Las consecuencias de una ruptura del pacto democrático son incalculables. El rector Peña lo expresa así: “¿Se ha pensado lo que ocurriría si, de aquí en adelante, la presidencia de la república o cualquier otro cargo de elección popular debiera abandonarse cuando sobrevenga una crisis social o de cualquier índole? De consentirse algo así se habría transitado de la democracia como competencia pacífica por el poder, a una puja por este último a través de cualquier medio.”

En suma, es nuestra democracia lo que está en juego. Que el Partido Comunista y otras fuerzas no democráticas se empeñen en destruir sus cimientos no es nada sorprendente, pero que lo hagan partidos supuestamente comprometidos con la democracia indica la profundidad que ha alcanzado la crisis en que estamos envueltos.

 

Tensión en Chile Vamos y ruptura de los Republicanos

Frente a este complejo escenario, el Gobierno vive una situación de evidente debilidad política dada por el fracaso de sus llamados a llegar a acuerdos con una oposición cada vez más confrontativa y sus dificultades para restablecer el orden público y la plena vigencia del Estado de derecho. A su vez, esta debilidad se potencia por las tensiones dentro de su base política de sustentación, Chile Vamos, y el paso a la oposición del Partido Republicano de José Antonio Kast.

Las desavenencias entre los presidentes de la UDI y RN han sido públicas, especialmente a partir de lo que el gremialismo entiende como faltas graves de lealtad de su principal aliado al, por ejemplo, iniciar conversaciones con sectores de la centroizquierda, como las que Mario Desbordes ha llevado a cabo, o al prestarle apoyo parlamentario a la propuesta de la oposición sobre la paridad de género. En general, la existencia de partidarios tanto de la opción apruebo como rechazo en el plebiscito, es un campo de tensiones entre y dentro de los partidos de Chile Vamos que se agudizará al acercarse el 26 de abril. Más en el fondo, está el desencanto de una importante parte del electorado de derecha que votó por Sebastián Piñera ya sea por lo que considera claudicaciones programáticas inaceptables, o, en particular, por su manejo del orden público, lo que quedó bien reflejado en las duras críticas del senador Andrés Allamand al ministro del Interior. Lo que en todo caso queda claro es que Chile Vamos está sufriendo una fuerte tensión centrífuga que hace temer por su futuro político y que representa un factor clave de debilidad para el Gobierno. Ello no obsta para que, como recientemente lo hemos visto, surja un momento de unidad en defensa del Gobierno ante la ofensiva tanto de las fuerzas insurreccionales como de la oposición democrática.

Junto a ello está el paso a la oposición del Partido Republicano de José Antonio Kast, cuyo caudal de votos fue vital para la victoria de Sebastián Piñera en la segunda vuelta de la elección presidencial. El distanciamiento viene ya de mucho tiempo, pero se cristalizó el 2 de marzo a través de una dura carta abierta dirigida al Presidente. Al día siguiente, Kast resumió la posición de su partido en una columna publicada en El Líbero bajo el título de Chile necesita un Presidente donde, de hecho, se suma al asedio a La Moneda, pero en su caso desde posiciones de derecha. Algunos párrafos de esa columna nos dan una clara idea de la dura posición adoptada por los republicanos:

“Chile se encuentra hoy en su hora más crítica en los últimos 50 años. Desde el gobierno inconstitucional de Salvador Allende que no habíamos tenido el clima de violencia permanente, de destrucción y de incertidumbre económica que vivimos. Frente a esto, el gobierno actual ha sido incapaz de recuperar el orden público, de reestablecer el Estado de derecho y darle a las personas la libertad y seguridad que se merecen. La razón fundamental que explica esto es que hoy no tenemos un Presidente. Sebastián Piñera es una figura fantasmal, ronda los pasillos de La Moneda y de cuando en cuando aparece con declaraciones desafortunadas y lamentos extemporáneos. Pero su liderazgo es inexistente y su capacidad de dirección ejecutiva ausente.”

 

Resumen y recomendaciones

Chile ha entrado en una nueva fase de la crisis abierta el 18-O, agudizada por la confluencia de la reactivación del polo insurreccional con una ofensiva desestabilizadora de la oposición, donde la continuidad del mandato presidencial y las bases mismas de nuestra democracia están en juego. En este contexto, la difusión del coronavirus tendrá un rol clave, pero muy difícil de prever. El Presidente se juega gran parte de su menguado capital político en la forma en que encare la pandemia y una eventual postergación del plebiscito.

La incapacidad de restablecer el orden público vuelve a ser el talón de Aquiles del Gobierno, especialmente en su relación con su propia base de apoyo, que tiende a deteriorarse y tensionarse cada vez más, como lo muestran las encuestas, así como los roces dentro de Chile Vamos y el paso del Partido Republicano a una tajante oposición.

Por su parte, una coyuntura global adversa, marcada por los efectos cada vez más desastrosos del coronavirus y la perspectiva de una recesión mundial, también golpeará con fuerza a la economía chilena, profundizando aún más sus dificultades con un impacto negativo sobre el empleo, los salarios y unas cuentas fiscales ya sobrecargadas por los compromisos asumidos para satisfacer, al menos en parte, las demandas sociales. Es previsible que el ingreso per cápita disminuya este año, que la pobreza aumente y que la precaria situación de las clases medias emergentes empeore, con la consecuente frustración y descontento.

Este complejo panorama y la conciencia creciente de que hemos entrado en una fase crítica que puede ser decisiva para el futuro de nuestro país pone a los partidarios de una sociedad libre y democrática ante una serie de desafíos que deben ser enfrentados con inteligencia, vigor y sentido de urgencia. Al respecto y para cerrar, cinco breves recomendaciones parecen pertinentes.

1. El deber de no ser idiotas

Entre los griegos antiguos la palabra idiota era usada para referirse a quienes se abstenían de participar en la cosa pública, es decir, en los asuntos de la polis o política, ocupándose únicamente de sus asuntos propios. Por su parte, Platón hacía una advertencia que hoy, en estos momentos decisivos, es más relevante que nunca: “El precio de desentenderse de la política, es el ser gobernado por los peores hombres”. Por ello, y porque sabemos los que esos “peores hombres” harían con Chile, nuestro primer deber es no ser idiotas e intervenir con decisión en lo público, en cualquier esfera o terreno en que nos encontremos.

2. La unidad de los demócratas

Para poder detener la ofensiva del polo insurreccional y los intentos de “golpe blando” de sectores de la centroizquierda es necesario realizar un generoso ejercicio de unidad con todos los demócratas. No es el tiempo de levantar disputas que son perfectamente legítimas bajo circunstancias normales, sino de establecer con claridad la línea que hoy divide a los demócratas de quienes atentan contra la democracia, ya sea usando la violencia insurreccional o rompiendo el pacto democrático fundamental.

3. Comprender mejor a los enemigos de la democracia

Para poder vencer en esta gran lucha en defensa de la libertad y la democracia es imprescindible comprender mejor a las fuerzas que las amenazan, en particular lo que hemos denominado “polo insurreccional”, que es el que maneja el hecho clave de la coyuntura actual: el recurso a la violencia. Debemos reconocer y conocer su enorme diversidad, tanto de ideas, formas de actuar, finalidades y, no menos, base social. Simplificar o tratar como algo homogéneo aquello que es heterogéneo, aplicar clichés o teorías conspirativas, sobreideologizar o lumpenizar, son maneras cómodas, pero definitivamente descaminadas, de hacer comprensible un conjunto de fuerzas que desafía la generalización fácil. Sólo de una comprensión genuina de las amenazas que enfrentamos pueden surgir formas eficaces de enfrentarlas hoy y, no menos, de evitarlas en el futuro.

4. Denunciar todo recurso a la violencia

La denuncia y rechazo frontal a toda incitación o uso de la violencia como método de acción política es vital para distanciarse claramente de los violentistas y sus legitimadores. La aparición de la llamada “primera línea del Rechazo” muestra el peligro de que figuras desquiciadas traten de lanzarse en una espiral de agresiones y violencia de fatales consecuencias como respuesta a la violencia desatada por el polo insurreccional. El único uso legítimo de la fuerza, fuera del acotado espacio de la defensa propia, es el de los agentes del Estado democrático para defender el imperio de la ley y la seguridad de los ciudadanos.

5. Defender la continuidad del Presidente

Ante la constatación de que el punto álgido de la confrontación entre las fuerzas genuinamente democráticas y sus adversarios se está desplazando desde la disputa constitucional a la continuidad del mandato presidencial, es imperativo no prestarle ni el más mínimo apoyo a cualquier intento ya sea de golpe blando o de asonada insurreccional contra el Gobierno. En este sentido, la crítica al Presidente, sin duda válida y necesaria, no debe obstar para cerrar filas en torno a la institución central de la República y a las reglas básicas del pacto democrático.

 

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