¿Es la igualdad necesariamente justa?

No es novedad que la desigualdad es un tema central en el debate público. Si bien, se habla de desigualdad económica, de género o social, la que más efervescencia genera es la económica. De hecho, existen estudios que aseguran que a medida que aumenta la inequidad en distintas zonas, aumenta el conflicto político (Pérez y Sandoval, 2020). Sin embargo, otros estudios del área de las disciplinas sociales han demostrado que a las personas no les molesta la desigualdad sino la injusticia económica (Starmans et al, 2017).

¿Por qué se confunde la desigualdad con la injusticia? Por mucho tiempo la psicología política y la economía han estudiado los efectos de la desigualdad, pero muchas veces los constructos de investigación no se han delimitado adecuadamente. Esto quiere decir que, en todo este intenso debate, no se distingue entre los conceptos de desigualdad y de injusticia. Así, muchas investigaciones han intentado averiguar las decisiones morales en torno a la equidad, bajo el marco de que ante la misma situación las personas deberían recibir lo mismo.

Otro aspecto muy importante es el elemento subyacente al deseo de algunas personas por “ser iguales” con sus “competidores”.  Lo que los participantes realmente buscan es el deseo de tener más que los otros. Lo interesante es que se traduce en la ambición de elevar su posición por sobre la de otros, más que preferir una mejora absoluta de sí mismos. 

A pesar de este efecto descrito como “egoísmo” por Starmans (2017) los índices cambiaron al modificarse las preguntas de los factores. Cuando a los entrevistados se les preguntaba por grupos más grandes y abiertos, las personas preferían un mundo más desigual, si es que este prometía ser más justo. Frente a ello, investigadores propusieron otro tipo de estudio, donde se interrogaba respecto del premio de dos individuos que trabajaban de forma diferentes, pero que recibían la misma paga. La gran mayoría de los participantes dictaminó que esto era injusto, a pesar de ser igualitario. Esto se debió a que se incorporó el elemento del mérito. 

El problema está, en que no se distinguen, tanto en economía como en las ciencias sociales, la complejidad de escenarios en los que se pueden dar las diferencias individuales. Por ello, la diferencia conceptual entre igualdad e injusticia es fundamental. Sin embargo, para la política es mucho más fácil y rentable utilizar una palabra con alta cuota de identificación pero de baja precisión. Todos nos sentimos desiguales, pero ¿esto significa que queremos ser iguales? Claro que no, simplemente se anhela que exista justicia, en cuyo nombre también se puede crear desigualdad. 

Evidentemente, tanto análisis económicos como psicológicos se equivocan en definir los factores del estudio. De hecho, el mismo estudio de Pérez y Sandoval (2020) habla cómo la concentración de riqueza aumenta la hostilidad en algunas zonas del país. Con ello se refieren a la idea de quienes ostentan el poder, además influyen en la política y toma de decisiones que afectarían al resto de los ciudadanos. Justamente, es aquí donde el problema, nuevamente, no recae en la desigualdad per se, sino en las injusticias. Dicho en otros términos: lo que verdaderamente indigna son las arbitrariedades y no las diferencias. Sin embargo, proponen “la urgencia en disminuir la desigualdad”, es decir, que defienden la urgencia de homogeneizar a la población, cuando es más que evidente que esto no solo es imposible, sino que puede ser muy perjudicial. 

Es importante que, ante tan diseminado discurso igualitarista, se reconozca que hay una amenaza directa, no solo a la libertad del desarrollo individual, sino de la diversidad a la hora de reconocer el esfuerzo, las habilidades y el mérito. Por ello, hay que ser claros con que se debe defender la igualdad ante la ley. Pero no debiese defenderse la irresponsable idea de que todos deben dar el mismo camino y, mucho menos, recibir las mismas recompensas. 

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Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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