El manual de Izkia

Es tan notable la capacidad que tiene la ministra Izkia Siches para causar polémicas que a primera vista parece menor la controversia en torno a las medidas que tienen en mente desde el Gobierno para que la prensa comunique mejor, a fin de no crear estigmas en materias de pueblos indígenas y migración. Sin embargo, que el Gobierno se atreva a determinar cuál sería la “mejor” forma de tratar un tema noticioso no deja de ser una grave amenaza para la libertad de expresión. Aunque el Gobierno no imponga su criterio a la fuerza, ni este sea incidente a la hora de entregar fondos públicos, quienes debemos determinar lo que es “mejor” en un determinado contexto informativo somos las personas: quienes detentamos tanto el derecho a la «libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole» como el deber de hacernos responsables de nuestras expresiones.

Ojalá el Gobierno del presidente Boric renuncie a ese afán paternalista de determinar cuál sería la “mejor” forma de informar y destine sus energías a su deber primordial de velar por el orden interior y la seguridad exterior de la nación. Este deseo se intensifica al ver el respaldo desde el oficialismo al Manual de buenas prácticas para la difusión mediática de temas mapuche (sic) escrito por Paula Huenchumil Jerez y Stefanie Pacheco-Pailahual y patrocinado por la Friedrich Ebert Stiftung, fundación política alemana vinculada al Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD). Es un documento de 84 páginas que, para mi sorpresa, posee solo tres páginas de recomendaciones generales (una dedicada a los pueblos indígenas en general y dos al pueblo mapuche) y otras dos de consejos específicos que abarcan solo cuatro ejemplos con la fórmula: “¿Cómo no debe usarse? Y ¿Cómo se recomienda?”. De estos cuatro ejemplos, tres son relativos al pueblo mapuche y otro a la forma de nombrar la Isla de Pascua. Si bien algunos tienen algo de asidero (como sería hablar de “pueblos indígenas” en lugar de “pueblos originarios”), ninguno está exento de manipulación del lenguaje en función de una ideología indigenista.

Uno de estos ejemplos atenta directamente contra la lengua española: se trata de la polémica acerca del uso del plural de la palabra “mapuche”. A juicio de las escritoras no debería decirse “mapuches” porque la etimología de la palabra ya denota conjunto de personas y en el mapudungún no se usa la “s” para marcar la pluralidad de los sustantivos y adjetivos. No obstante, la Real Academia Española ya aclaró que el uso correcto del plural de mapuche en nuestra lengua es “mapuches” con independencia de su morfología en la lengua de origen. No se trata de un resabio de la “colonización” española, simplemente, es la aplicación de una regla general de nuestro idioma según la cual forman plural con “-s” los sustantivos y adjetivos terminados en vocal átona o en -e tónica. Es más, la propia RAE en su Diccionario panhispánico de dudas señala expresamente que: «No hay ninguna razón lingüística para que los nombres de tribus o etnias permanezcan invariables en plural; así pues, estas palabras formarán su plural de acuerdo con sus características formales y según las reglas generales» (p. 507).

Junto con ello, el manual en comento nos señala que no debería usarse el término “conflicto mapuche” a la hora de denominar el ambiente de crimen e impunidad que asola a una parte nada despreciable del sur de Chile. En su lugar, nos recomiendan emplear la frase “Conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche”. Si bien estoy de acuerdo en la incorrección de denominar a esta situación como “conflicto mapuche”, considero que su expresión en subsidio es todavía peor dado que sigue asociando el crimen y la impunidad en el sur con los mapuches. Hablar de un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche es un despropósito, a menos que las redactoras del manual consideren que integran el pueblo mapuche solo aquellos que simpatizan con la causa terrorista, nacionalista y separatista. De este modo, sería parte del “pueblo mapuche” Héctor Llaitul —líder de la CAM— y no el cabo de Carabineros Eugenio Naín, asesinado en Padre Las Casas. Cosa completamente absurda.

No cabe duda de que la cobertura del terrorismo en la Macrozona sur es más que mejorable. A muchos nos indigna que la prensa diga que los predios “se incendian” o que los “incendios afectan” a casas como si estuviéramos frente a casos paranormales de ignición espontánea y no delante de situaciones que el Código Penal castiga como delito de incendio. Sin embargo, es del todo desproporcionado esperar que un desafortunado titular sea censurado. Si dentro de los

límites a la libertad de expresión empezamos a aceptar como criterio lo “mejorable” no correrán buenos tiempos para la libertad de prensa en Chile, por mucho que el gremio periodístico siga apoyando al presidente Boric.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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