Seguridad cuando conviene

Autor: Juan Lagos

Como ya viene siendo costumbre, la seguridad sea convertido en una prioridad de la ciudadanía y en una bandera ineludible para cualquier político que quiera mantener o acceder a cargos de poder. Con todo, es inadmisible que ciertos sectores de la política chilena solo parecen tomar conciencia de este problema cuando les conviene, ya sea para justificar sus fracasos o cuando la violencia los afecta directamente. La izquierda chilena, en particular, ha demostrado un doble estándar que no debería pasar desapercibido en los próximos comicios si queremos recuperarnos de la crisis de seguridad que padecemos en la actualidad.

«Es absolutamente inaceptable que el personal de salud sea objeto de ataques, pero la hipocresía de la Confusam es evidente. No se puede justificar la violencia cuando sirve a ciertos intereses y luego clamar por paz y seguridad cuando los afectados son los tuyos».

Un ejemplo claro de esta hipocresía es la ministra Camila Vallejo, quien en varias ocasiones ha lanzado críticas contra el Gobierno anterior por no haber actuado adecuadamente en materia de seguridad. Esta postura podría ser aceptable si Camila Vallejo fuera una recién llegada en política. Sin embargo, sabiendo que no tiene más experiencia laboral que el chiringuito de la política, su afirmación es, cuanto menos, irónica, considerando que durante el mandato de Piñera, Vallejo y su sector político no solo obstaculizaron una serie de proyectos de ley destinados a reforzar la seguridad, sino que también encabezaron movimientos de oposición contra iniciativas como el fortalecimiento de Carabineros y la regulación migratoria.

Las declaraciones de Vallejo evidencian un claro intento de culpar al pasado para desviar la atención de la inacción del Gobierno actual. La oposición, con razón, ha señalado que fueron precisamente figuras como Vallejo quienes boicotearon los esfuerzos por mejorar la seguridad durante la administración anterior. Lo cierto es que, en momentos clave del pasado reciente, la izquierda optó por el obstruccionismo, poniendo sus intereses políticos por encima de la seguridad de los chilenos.

Otro ejemplo de esta incongruencia es la actitud de la Confusam, asociación capturada por la extrema izquierda que en 2019 apoyó abiertamente la violencia octubrista. En aquel entonces, el caos y la destrucción se justificaban en nombre de una supuesta «justicia social», sin importar las víctimas que la violencia dejaba tras de sí. Hoy, sin embargo, cuando los propios funcionarios de salud —a quienes la Confusam dice representar— son víctimas de la criminalidad, la organización exige al Gobierno que tome medidas inmediatas para protegerlos.

Es absolutamente inaceptable que el personal de salud sea objeto de ataques, pero la hipocresía de la Confusam es evidente. No se puede justificar la violencia cuando sirve a ciertos intereses y luego clamar por paz y seguridad cuando los afectados son los tuyos. La paz y el bien común requieren empatía genuina, lo que implica no desear para otros el mal que no querríamos para nosotros mismos. Este principio parece ser ignorado por organizaciones como la Confusam, que solo se acuerdan de la importancia de la ley y el orden cuando les conviene.

El Partido Comunista de Chile tampoco escapa a esta crítica. Durante la campaña electoral, uno de sus lemas ha sido «vivir bien, vivir seguros», un eslogan que resuena con las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, su labor parlamentaria solo se ha limitado a entorpecer las iniciativas legales dirigidas a mejorar la seguridad. El Partido Comunista, que históricamente ha apoyado usurpaciones e insurrecciones, parece estar de acuerdo con la ley solo cuando esta sirve a sus propios intereses y necesidades. No debemos olvidar que, cuando se trata de propiedades que les pertenecen, no dudan en recurrir a todas las herramientas legales para protegerlas.

Estos son ejemplos que reflejan la mezquindad de la extrema izquierda chilena. No se preocupan realmente por las necesidades de los chilenos, sino que lo hacen únicamente cuando es políticamente rentable o cuando los problemas que afectan a nuestros compatriotas terminan tocando sus puertas. Esta falta de coherencia ha minado la confianza de los ciudadanos en la política y ha generado una enorme frustración entre aquellos que siempre han demandado soluciones reales.

Este no es solo un llamado de atención a la izquierda, sino también a la derecha, que debe mostrarse más leal a sus principios y no caer en el error de intentar agradar a quienes siempre han defendido posiciones contrarias. La derecha chilena tiene la responsabilidad de defender el Estado de derecho a todo evento, sin ceder ante las presiones políticas de quienes promueven la inseguridad y el desorden cuando no están en el poder.

También es un llamado a los ciudadanos, quienes tenemos la palabra final en las elecciones. El imperio de la ley no debería ser una carta política que se juega solo cuando el estado de opinión lo exige. Es una condición mínima que permite el buen vivir de los chilenos decentes y debería ser defendida siempre, sin importar el color político del Gobierno de turno. Los comicios que se avecinan son una oportunidad de oro para sacar del poder a los políticos que han sido incapaces de ofrecer un compromiso constante y genuino con el bienestar de todos los chilenos. Esperemos no perderla.