El gobierno de Gabriel Boric, a través de sus ministros del Interior y Justicia, en su intento de blindaje de Miguel Crispi, ha vuelto a prácticas cortesanas propias del Antiguo Régimen donde se presumía que ciertos miembros de la corte, por su cercanía con el rey, no sólo recibían ingresos por labores desconocidas, sino que parecían estar liberados de toda responsabilidad.
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