El ineludible desafío fiscal

Durante este año, marcado por el debate constitucional, se ha discutido bastante respecto a nuestro problema de convivencia política y su polarización, el tema de la violencia casi endémica y, obviamente, sobre cómo deberían ser nuestras futuras reglas constitucionales. Si bien resulta legítimo que el foco haya recaído sobre lo político, los temas económicos más terrenales y prácticos han quedado relegados a un segundo plano, siendo casi olvidados dentro del debate público. Mucho de este abandono por lo económico se debe al profundo resquemor que genera hoy todo aquello que resulta ser “técnico” o “economicista”. La población y los políticos parecen hoy haberle dado la espalda a los economistas y sus técnicos.

El divorcio entre la política y la técnica económica parece ser ya un abismo insalvable, y el país ya esta pagando sus consecuencias. A pesar de que le hemos dado la espalda a la economía y a sus restricciones, no por ignorarla y pretender que no existe, esta desaparece. Al relegarla hemos simplemente pateado nuestros problemas económicos para el futuro. Explicitaremos, entonces, uno de los problemas económicos más graves, acerca del cual nos hemos hecho los tontos, pero que vendrá a afectarnos con fuerza en los próximos años: el desafío fiscal y el gasto público.

Es ya evidente que tenemos un grave problema fiscal, debido a que sus reglas son hoy inexistentes y carecen de sustentabilidad. La economía chilena lleva años gastando recursos por sobre sus capacidades de crecimiento, acrecentando el déficit y consumiendo ahorros. El gasto público total como porcentaje del producto interno bruto (PIB) ha experimentado un alza significativa en la última década. Según el Ministerio de Hacienda, en el 2011 –momento en el cual empezamos a desviar nuestro camino de políticas públicas–, la deuda bruta como % del PIB era de un 11%; hoy, en el 2021, rondará el 35%, mostrando un crecimiento enorme.

Lo problemático de nuestra situación es que al país ya no le quedan mayores ahorros ni privados ni colectivos: aquellos fondos soberanos que acumulamos haciendo bien la pega los hemos consumido de manera acelerada en estos últimos años, y con los retiros de los fondos de pensiones nos hemos comido buena parte de nuestras espaldas privadas.

En definitiva, tenemos que poner un pie en el freno fiscal: para los próximos años debemos apuntar a un crecimiento del gasto a tasas menores al 2% si queremos encauzar nuestra deuda en torno al 40% del PIB. Para poner este desafío en perspectiva, nos hemos acostumbrado a tasas de gasto público que son más del doble de aquello: en promedio, entre los años 2010 y 2019 la tasa de crecimiento del gasto fiscal fue de un 4,8%. Viendo los programas económicos de algunos candidatos presidenciales, no es totalmente claro que todos los presidenciables sean capaces de estar a la altura de dicho desafío y sacarnos del abismo fiscal.

A todo esto hay que sumarle el hecho de que hemos acumulado precedentes de gasto que demuestran que nuestra antigua regla fiscal ha muerto. Nuestra institucionalidad y las reglas que gobiernan las dinámicas del gasto público han sido dinamitadas por nosotros mismos. La antigua regla fiscal ha perdido de facto toda su fortaleza, ya que ha sido sistemáticamente transgredida desde el 2015 en adelante. Desde la crisis de las materias primas en el 2014, los políticos de turno han siempre encontrado justificaciones ad hoc para saltarse la regla fiscal y acrecentar nuestra deuda pública por sobre lo aconsejable. En consecuencia, aquella regla fiscal ya es letra muerta y ha dejado de cumplir un rol de contención ante la irresponsabilidad política.

El ajuste del gasto público es una tarea urgente, este debe hacerse con el objetivo de guiarlo hacia un crecimiento sustentable, para poder así recuperar los equilibrios fiscales y retomar una verdadera regla fiscal. Debemos reducir el déficit para avanzar hacia la estabilización de nuestra deuda pública. Además, debemos velar por la creación de un nuevo sistema de reglas fiscales y fortalecer la institucionalidad que la resguarda, para que no vuelva a ocurrir lo que viene sucediendo desde el 2015.

El sistema político que vendrá tiene la responsabilidad crucial, no solo de encauzar la deuda dentro de un nivel razonable y relacionado con la capacidad de crecimiento del país –cada vez más baja, dicho sea de paso–, sino que además debe robustecer la institucionalidad que resguarda la regla fiscal, de manera de que esta sea seria, creíble y que permita establecer criterios que obliguen a los políticos, para así gobernar el quehacer fiscal. Esto generaría credibilidad y predictibilidad de nuestra deuda, para poder proteger el devenir fiscal de los vaivenes políticos hoy cada vez más populistas, evitando que nuestra política fiscal sea cooptada por políticos irresponsables.    

Con respecto a todo lo anterior, no es del todo claro que algunos de los programas de Gobierno sugeridos por los actuales candidatos presidenciales apunten seriamente en tal dirección. De hecho, hay candidaturas presidenciales hoy que basan su plataforma electoral en verdaderos “ofertones electorales” y en grandes repartijas de gasto público, que –en teoría– serán fácilmente financiadas con mayores impuestos. Esto claramente es infantilismo y desprolijidad económica, que nos podría conducir al despeñadero fiscal. Es siempre más fácil tomar el atajo demagógico y evitar resolver nuestros problemas de fondo al implementar la “magia fiscal”: por un lado, un programa de gasto público irresponsable y, por el otro, pretender tratar de tapar ese hoyo con la simple “varita mágica” de un aumento de los impuestos –en vez de hacerles frente a nuestros problemas con un programa serio de credibilidad fiscal que reduzca el gasto público de manera permanente y que reactive el crecimiento económico–.

Las reformas tributarias conllevan altos riesgos y pueden ser un arma de doble filo, ya que en muchos casos estas terminan siendo mal diseñadas y no recaudan realmente lo esperado. Incluso, a veces terminan por dañar aún más la inversión y el crecimiento económico, exacerbando –de manera indirecta– nuestra frágil situación fiscal. Muchos políticos creen que nuestro problema fiscal se soluciona con una simple alza de impuestos y con una reforma tributaria. Pues bien, la economía chilena ya viene debilitada producto de la pandemia, de la incertidumbre política debido a la Convención Constitucional y por el estallido social; sumarle a esto una reforma tributaria podría ser peligroso, dado el contexto.

Además, ocurre una incongruencia de política pública entre lo concreto del gasto y el diseño tributario: la experiencia demuestra que las reformas tributarias terminan, por lo general, recaudando menos de lo contemplado (en el papel las reformas siempre recaudan más que en la práctica); mientras que el gasto público, que se supone sería financiado con dichas reformas, es real y efectivo. Esta diferencia estructural entre recaudación idealizada y verdadero gasto público podría debilitar aún más nuestra ya precaria salud fiscal. La controvertida reforma tributaria del segundo Gobierno de Michelle Bachelet es una clara muestra de todo lo anterior y de cómo dichos desafíos son ignorados por los políticos.

En definitiva, hay que tener particular atención en aquellas candidaturas presidenciales que prometen más gasto público, un mayor rol del Estado en la economía y mayor gasto para la ciudadanía a punta de impuestos, ya que estas propuestas no resuelven el problema fiscal de fondo, sino que lo podrían acrecentar aún más. Hoy, dada la precaria situación de nuestra billetera, tratar de financiar programas sociales y de desarrollo a punta de mayor gasto público para, supuestamente, financiarlo con una hipotética recaudación tributaria, es un riesgo no menor, que podría echarle bencina a nuestro incendio fiscal y agravar nuestros desequilibrios macroeconómicos. Los riesgos, desafíos y problemas fiscales ya están evidenciados, ahora la ciudadanía tendrá la última palabra respecto a cómo afrontaremos nuestro desafío fiscal.

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