Los organismos deben, en cumplimiento del principio de igualdad ante la ley, fiscalizarlos a todos por igual, sin miramientos de la militancia que haya tras el infractor.
El mayor peligro para la sociedad radica en que a través de las instituciones y organismos no se apliquen reglas generales sino arbitrariedades según los intereses y criterios de quienes gobiernan.
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