Peligros para la sociedad

Autor: Jorge Gomez

Más allá de si ciertos políticos son o no peligros para la sociedad, lo realmente riesgoso para una democracia es que sus instituciones comiencen a actuar de manera arbitraria según intereses disimulados de quienes gobiernan. Hace rato que vemos a entidades como el Servicio de Impuestos Internos, que depende del Ministerio de Hacienda, es decir, del gobierno de la Nueva Mayoría, actuando de manera inconsistente frente a los dos grandes casos de financiamiento irregular: Penta y SQM. El problema es que esto no trata de empates o persecuciones políticas como pretenden unos u otros, sino del buen funcionamiento de las instituciones.

Cuando estalló el caso Penta, el SII presentó ante la Fiscalía de Alta Complejidad del Ministerio Público una denuncia no solo con nombre y apellido sino también en contra de todos aquellos que resultarán responsables. Es decir, a aquellos que mediante las indagaciones de los fiscales se podrían, eventualmente, sumar al número de imputados. Sin embargo, es claro que el SII, en ese momento, no tenía en consideración una eventual arista que podría afectar al propio gobierno, con la magnitud del caso SQM. Caja de Pandora que no solo costó la salida del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, sino que ligaba directamente a partidos de la Nueva Mayoría con el escándalo de financiamiento irregular de campañas.

¿Qué ha pasado desde entonces? El Servicio de Impuestos Internos ha aplicado un criterio muy distinto frente a SQM en comparación a Penta. Ahora, no se denunciará a quienes resulten responsables, sean quienes sean, sino que con nombre y apellido. Tal como dijo el propio subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Bernardo Lara, “no puede el Estado estar dirigiendo acciones indiscriminadas”. Simplemente se están poniendo diques al escándalo, para que no salpique y manche a inocentes. Tarde, porque el principio de presunción de inocencia ya fue mermado por la imprudencia de la misma clase política que hoy exige su respeto.

Por tanto, las denuncias ahora son totalmente selectivas. ¿Bajo qué criterios? ¿Jurídico o político? ¿Cuándo se comenzó a aplicar este criterio frente a los casos de financiamiento irregular? Saque sus propias conclusiones.

Mientras tanto, el tiempo pasa, ganamos una copa nuevamente, lo que es grandioso, y llegará la prescripción en el caso SQM y en sus diversas aristas. Y todos como si nada, seguirán su próxima campaña municipal, quizás con menos carteles. Esa clara desidia del SII ya había sido denunciada en 2015 por, el en ese momento jefe jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristián Vargas. El abogado no sólo reveló presiones al interior del organismo en contra del ahora ex director del SII, Michel Jorrat, sino la demora del organismo en presentar querellas en el caso SQM. Eso, obviamente le costó su salida del SII. Claramente, desde ese órgano, dependiente del gobierno, no se ha aplicado el mismo criterio frente a Penta y SQM. El Servicio de Impuestos Internos no está siendo imparcial para favorecer la fe pública, sancionando a todos aquellos que han burlado la ley para luego sentarse en Valparaíso a hacer leyes o dirigir una alcaldía, sino que está siendo utilizado de forma funcional, como un escudo, para los intereses políticos y partidarios de un grupo, la Nueva Mayoría. Lo paradójico es que son ellos mismos, los primeros en quejarse y rasgar vestiduras frente a la eventual falta de moral pública de los ciudadanos, cuando estos no los apoyan en las urnas.

 El mayor peligro para la sociedad radica en que a través de las instituciones y organismos no se apliquen reglas generales sino arbitrariedades según los intereses y criterios de quienes gobiernan o ejercen alguna clase de poder. Esto no solo rompe con las certezas jurídicas ―que todo Estado de Derecho y democrático debe garantizar a los ciudadanos sobre todo cuando enfrentan a la Justicia―sino que atenta contra la igualdad ante la ley, abriendo la puerta al burdo e injusto abuso de los funcionarios, burócratas y potenciales populistas.