La pregunta relevante, sin embargo, es por qué un Estado se da el lujo de tener terrorismo y no hacer prácticamente nada para eliminarlo. Parte de la explicación puede tener que ver con el hecho de que el terrorismo en el sur cuenta con la simpatía de grupos de políticos que históricamente han abrazado la vía armada y que hoy gobiernan moviendo todos los hilos posibles para incentivar y proteger a los terroristas. Esta visión puede sonar exagerada a algunos pero es evidente que una parte no despreciable del gobierno simpatiza ideológicamente con lo que ocurre en el sur. A fin de cuentas, ellos mismos justificaron o estuvieron vinculados a grupos terroristas en el pasado, partiendo por la presidenta Bachelet.
Los mapuches, por cierto, en general poco tienen que ver con el camino violentista. Como dijo el obispo de Villarrica Javier Stegmeier a propósito de las quemas de parroquias a las que van fundamentalmente mapuches: "cualquier persona que conozca la realidad de la Araucanía se da cuenta de que la verdadera causa mapuche no está en los grupos violentos". Y agregó que grupos ajenos a la cultura mapuche buscan una "finalidad ideológica" que consiste en "desestabilizar el orden social por medio de la lucha de clases". ¿Le suena conocido, le parece coincidencia? Pues bien, ahora la misma iglesia se ve afectada por el terrorismo al cual cerró un ojo hasta hace poco.
Pero lo más decepcionante de todo tal vez ha sido la actitud de muchos de quienes viven en la Araucanía. Siguiendo la tradicional mentalidad de "mientras a mi no me afecte no me meto" dejaron que el problema escalara hasta que ya nadie se encuentra a salvo. Incluso hoy las iniciativas de la sociedad civil para enfrentar la amenaza terrorista encuentran dificultades consiguiendo fondos para financiarse, como si al final la cobardía no fuera el peor negocio de todos.
¿Y qué hay del Estado en todo esto? Bueno, de partida las fuerzas policiales no pueden hacer mucho porque la clase política se los prohibe. Imagínese que, por regla general y aunque lo desmientan algunos, ni siquiera pueden repeler como corresponde el armamento de guerra con el que son atacados debiendo utilizar balines de goma. Es casi como hecho a propósito para hacerle la pega fácil a los terroristas y uno solo puede asombrarse de que el generalato de Carabineros abandone a su gente permitiendo que esos hombres y mujeres, que arriesgan la vida como nadie en el país, sean puestos en una posición moral y de combate inferior a la de terroristas y criminales. ¿Y los tribunales? Bueno, entre el miedo de jueces y fiscales de que les pase algo y la simpatía ideológica que varios tienen por lo que ocurre no hay esperanza.
La Araucanía — y el sur- está sola y ni este ni el próximo gobierno resolverán el problema. Al final la realidad es que el Estado chileno en esos lugares es fallido y eso significa que la democracia, como sistema de gobierno que debe garantizar la seguridad de todos los habitantes, está fracasando en las múltiples zonas afectadas por terrorismo. Lo que está en juego es nada menos que la credibilidad que tiene la clase política para resolver el problema más elemental que corresponde resolver a un Estado: el de la seguridad. Si los políticos no lo hacen y el problema se agrava aun más —como sin duda ocurrirá- adivine a quién le van a pedir que lo resuelva.
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Publicado en El Diario Financiero, 21.03.2016
Autor: Axel Kaiser