Chile, un derrotero poco auspicioso

Lo que se pretende de la Constitución hoy, entonces, no es la limitación del poder, sino una gran carta poder que no quita sino que amplía el derecho intrusivo de la oligarquía político-burocrática en la vida de las personas. 

Chile atraviesa un momento complejo por múltiples y difusas causas, sin un diagnóstico claro y compartido sobre qué es lo que lo origina. Esta falta de diagnóstico no fue, sin embargo, obstáculo para que algunos intérpretes de la realidad social propusieran como única salida viable acordar un nuevo pacto social, para lo que estimaron imprescindible contar con una nueva Constitución. 

La premisa que funda la efervescencia por reemplazar la Constitución es su origen supuestamente ilegítimo. Es cierto que la Constitución de 1980 fue dictada en un período de anormalidad institucional, pero su legitimidad de origen está dada por el plebiscito de 1989, consensuado entre el gobierno y todos los partidos políticos de la época, incluyendo a todos los de oposición excepto el Partido Comunista, que concluyó en un 91,25 % de aprobación. Posteriormente la norma ha sido reformada en 33 ocasiones, en las que se introdujeron 219 cambios, todos consensuados democráticamente, y existe un importante trabajo de jurisprudencia y doctrina que a lo largo de treinta años ha ido dando nuevo sentido a la norma.

Por otra parte, se instaló en el colectivo nacional que la Carta Fundamental sería el instrumento para resolver todos los problemas que aquejan a la sociedad, como las bajas pensiones, el alto gasto en medicamentos, la inestabilidad en el empleo y un largo etcétera, sobredimensionando y mal entendiendo el rol que debe cumplir una Constitución. Estos desafíos no corresponden a una discusión constitucional; son más bien cuestiones de política pública que han de resolverse a nivel legislativo. Que el remedio a las demandas sociales pase por constitucionalizar todos los debates no sólo no responde al rol que le cabe a la norma fundamental, sino que ha generado expectativas desmesuradas, las que no se cumplirán, incrementando las frustraciones de la ciudadanía y la desconfianza ante una clase política que promete un destino que de antemano sabe que no llegará, no al menos de la sola mano de una nueva Constitución.

Lo que sí corresponde a una Constitución es organizar el poder, tanto el que los individuos otorgan al estado como el poder de las mayorías democráticas. Esta protección constitucional de los ciudadanos contra la autoridad y contra la oligarquía democrática se logra petrificando un determinado orden de cosas que se considera bueno, sustrayéndolo incluso de las decisiones mayoritarias, sobre la base de reglas fundamentales. Si la Constitución no cumple esta función, si se quiere un orden configurado por simples mayorías, mejor las leyes. 

En otras palabras, porque una sociedad considera a la persona, su vida y su libertad la columna vertebral de toda construcción civilizada es que se da una Constitución que se ocupa de limitar el poder que puede ejercerse sobre ella. O una Constitución limita el poder, o no es Constitución. Poder es la facultad de mandar sobre la voluntad de otros, y de amenazar y ejercer la violencia para reforzar esos mandatos. La única diferencia entre el poder del Gobierno y el poder de un delincuente son los límites y las reglas para imponer mandatos y ejercer la violencia ante su incumplimiento; esto es, tener una Constitución.

"Lo que se pretende de la Constitución hoy, entonces, no es la limitación del poder, sino una gran carta poder que no quita sino que amplía el derecho intrusivo de la oligarquía político-burocrática en la vida de las personas"

Pero además, para que tenga eficacia, debe reflejar los consensos fundamentales de la sociedad. No lo que piensa, cree o desea como bueno la mayoría, sino lo que piensan, creen o desean como bueno todos los ciudadanos. Porque ello solo es posible lograrlo sobre muy pocos asuntos, es que la Constitución debe establecer exclusivamente un mínimo irreductible. Debe hacerse cargo de que está regulando para muchos individuos y, por ello, establecer reglas básicas de convivencia que limiten la libertad, con el único fin de que la libertad de uno no anule la libertad de los demás y viceversa. En efecto, nuestro derecho básico es el de estar libres de la injerencia injustificada de otros, y todos los demás derechos se derivan dé él, según lo justifiquen los hechos. 

Lo problemático del tiempo presente es que ese consenso sobre los mínimos irreductibles se ha desplazado rápidamente hacia el colectivismo y que son las personas las que, en última instancia, ejecutan las Constituciones. Por ello, al final, el tema es cultural. Porque Chávez en Venezuela, Ortega en Nicaragua, Morales y Arce en Bolivia, Correa en Ecuador, Castillo en Perú, López Obrador en México, los Kirchner en la Argentina y Lula da Silva en Brasil llegaron todos democráticamente. Ese desplazamiento hacia el empoderamiento del gobierno significa, por otro lado, otorgar más poder a los políticos, quienes ya no son los abogados de antes que dejaban la oficina temporalmente para destinar unos años sabáticos a la cosa pública. Ahora la política es un oficio y, en algunos casos, hasta hereditario. A esos políticos no les interesan ciudadanos autónomos, sino personas interdictas de administrar su vida y, sobre todo, de administrar su hacienda. Lo que se pretende de la Constitución hoy, entonces, no es la limitación del poder, sino una gran carta poder que no quita sino que amplía el derecho intrusivo de la oligarquía político-burocrática en la vida de las personas. 

Esta fuerte agitación en favor de la adopción de formas democráticas donde el poder no conozca límites ni cortapisas, cuya forma más radical es la propuesta de una asamblea constituyente, donde todo el poder está concentrado y permite la refundación del país, ha sido el camino seguido por los experimentos autoritarios latinoamericanos: Nicaragua (Rafael Ortega), Venezuela (Chavez-Maduro), Ecuador (Rafael Correa) y Bolivia (Evo Morales). Y ya antes de ser confirmado como presidente del Perú, Pedro Castillo ha dicho que convocará a una asamblea para redactar una nueva Constitución, “…la que se gestará por la voluntad del pueblo, y tendrá color y sabor a pueblo”. 

El derrotero de Chile no luce auspicioso. El país enfrenta la discusión de la reforma de su norma fundante en un momento en que existe poca riqueza cultural para comprender de qué se trata una Constitución, cual es el espíritu que debe subyacer en el eterno dilema de la democracia: la tensión entre libertad individual y poder colectivo. Tan malo como eso es que, cuando hay ventanas de oportunidad para resistir la caída a la izquierda, el “buenismo” que ejercitan quienes se describen políticamente de centro, sumado a la cobardía de los que se niegan a reconocerse de derechas, permite que los vándalos tiren del mantel hacia la radicalización sabiendo que nadie les pondrá freno. No es raro, entonces, que los convencionales que representan las variantes de izquierda, caviar y furibunda, hayan resultado mayoría. 

La Constitucion que verá la luz en unos meses, y que surge de la adscripción moral e ideológica de una minoría que ha despreciado abiertamente la democracia, va a replantear el papel del Estado en el plano económico, desde luego. Pero este nuevo Estado no sólo estará legitimado para redistribuir la riqueza -barbaridad que ya no discute nadie- sino que ahora también regulará las relaciones sociales. Como el enemigo del siglo XXI viene enancado en las reformas sociales, el reconocimiento de bancas legislativas para pueblos originarios y la paridad de género serán el marco de la política chilena que viene, donde se reclama con enojo mayor participación femenina en la vida política en el país que tuvo una mujer presidente durante ocho años en lo que va del siglo. 

Así las cosas, la involución general y la destrucción del progreso obtenido por Chile a lo largo de las últimas décadas están prácticamente garantizadas. El terrorismo ya desplegó su manual y olió sangre: el Presidente no para de conceder y la izquierda no deja de exigir. El país, al igual que los demás de la región donde no gobierna el Foro de San Pablo, está en jaque a manos de mentirosos, ambiciosos, impredecibles, sin escrúpulos ni temores, que controlan a los demás y viven en el mundo de privilegios que sólo el Estado es capaz de ofrecer. El miedo que implantan los ha traído a donde están y siempre están dispuestos a ir por todo.

Pero la baja participación electoral en la elección de constituyentes abre una puerta de esperanza. Refleja que para la mayoría, la Constitución no es una prioridad. Además, a la nueva Carta Magna se habrá llegado quemando, robando, amenazando, pisando todas las instituciones, mintiendo, asesinando la autoridad del Estado para implementar el orden, sin que nada importe, y logrando, así, el éxito en un campo de batalla de un solo contrincante. Si esa misma mayoría entiende lo que una constitución chavista podría significar para Chile, podría rechazarla. Pero para que esto ocurriera la derecha debería unirse en torno a un solo discurso, sin remilgos, ni ambages, ni centrismos, conectando con una parte sustancial de votantes posibles. Está visto que es más honesto y rentable confrontar el mensaje y las maneras de la izquierda que seguirles el juego. Postergar las expectativas de los votantes con el objetivo de calmar el descontento de los sectores sociales que no votan a la derecha ya no seguirá siendo una opción para Chile si quiere seguir en carrera.

.

.

.