El sofisma del político que no lucra

Autor: Jorge Gomez

Un sofisma político, como diría Bentham, muy frecuente y promovido, es aquel desde el cual se presume que los políticos no lucran. En otras palabras, que serían una suerte de eunucos económicos que actúan solo por interés en la gente, en el pueblo, en la nación. Pero el mito no tiene asidero alguno, y la propia teoría de la Elección pública que fundó James Buchanan lo explica con precisión: no hay ninguna razón para asumir que un individuo cambia de naturaleza motivacional al cruzar la puerta de un cargo público. Es lo que Buchanan llamó simetría conductual, Es decir que políticos y burócratas responden a los mismos incentivos que cualquier consumidor o empresario. Quieren dinero, como dirían Los Prisioneros.

«Como están preocupados de sostener el pequeño negocio propio y salir reelectos, nuestros legisladores se olvidan de que su tarea es hacer del marco legal algo que favorezca, resguarde y promueva las libertades y derechos de los ciudadanos»

Los actores políticos, al igual que cualquier ser humano, deben sostener familias, pagar cuentas, asumir deudas y, como cualquier persona, tienen gustos personales, ambiciones materiales y también vicios. Esto que parece una obviedad es generalmente desatendido por los ciudadanos y por los propios políticos, que una vez en alza se creen una especie de baluarte de buenas costumbres, rectitud y amor al prójimo. Nadie debería creerles mucho la verdad. Un estudio del Laboratorio Constitucional de la UDP sobre las declaraciones de patrimonio e intereses del Congreso encontró 196 sociedades o participaciones accionarias en manos de parlamentarios, con el 43,9% de los diputados y el 53,5% de los senadores participando en al menos una empresa, concentradas justamente en los rubros —inmobiliario, financiero, agrícola— que el propio Congreso regula.

Hay políticos, como el diputado socialista Juan Santana, que creen que ellos no lucran pero sí lo hace alguien que funda un colegio particular subvencionado, es decir, alguien que cobra una colegiatura por su actividad educativa. Algo que Ley de Inclusión Escolar de 2015 tiene expresamente prohibido, y que coincide con un período en que el sistema subvencionado se contrajo con fuerza: entre 2015 y 2023 cerraron 745 establecimientos en el país —64% de ellos particulares subvencionados— frente a solo 193 aperturas. La ironía es evidente: el privilegio de educar a los hijos en un colegio particular pagado, con total libertad de proyecto educativo, queda reservado justamente para políticos cuyos altos sueldos los financian ciudadanos que no gozan del mismo derecho. Y luego nos hablan de justicia.

Nuestros políticos sí lucran y mucho. Obtienen sueldazos, en buen chileno, pero además una serie de privilegios. Por ser políticos luego los contratan con buenos sueldazos en universidades o entidades de diverso tipo. No importan los grados académicos sino «la trayectoria política». Un absurdo que defienden moros y cristianos. Nuestros políticos de la plaza rentan hablando de desigualdad o de batalla cultural. Así, obtienen cargos en embajadas y luego pueden irse a la Cámara baja o al Senado o algún otro algo cargo que las da «prestigio». Mientras ellos, nuestros políticos, acumulan medallas al estilo boy scouts, los ciudadanos les financiamos la bencina, la cafetería, los asesores, los vuelos en avión y un largo etcétera.

El detalle que más debería inquietarnos es que este circuito opera transversal a todo el espectro político. No es un vicio de un solo bloque, sino la conducta esperable de cualquier actor racional que enfrenta las mismas oportunidades institucionales, tal como predice la teoría de la elección pública. Gordon Tullock llamó rent-seeking al proceso de extraer renta manipulando el entorno político-legal en lugar de crearla compitiendo en el mercado. Muchos honorables están ganando sueldos que nunca ganarían buscando pega en portales de Internet. El activismo político es rentable. El problema no es moral, en el sentido de que baste con elegir políticos más honestos o con ciertas ideas, valores o creencias. El problema es abiertamente estructural, porque el diseño institucional actual premia sistemáticamente la mediocridad política.

Como el sistema premia y favorece la mediocridad política, no es raro que nuestros políticos no tengan perspectiva, ni visión de Estado y más bien sean cortoplacistas, narcisos y demagogos. Como están preocupados de sostener el pequeño negocio propio y salir reelectos, nuestros legisladores se olvidan de que su tarea es hacer del marco legal algo que favorezca, resguarde y promueva las libertades y derechos de los ciudadanos. ¿Cuántas normas inoficiosas o inútiles han propuesto derogar nuestros honorables legisladores en los últimos años? La pregunta, a estas alturas, casi se responde sola. Pero siempre es bueno recordar que los únicos que prestan un servicio público gratuito y efectivamente no lucran en Chile son los bomberos.