Ciudadanos subvencionando el egoísmo del legislador

Autor: Jorge Gomez

En 2025, los candidatos a diputado en Chile gastaron $2.661 millones en publicidad electoral; un 340% más que hace cuatro años. La ansiedad por el poder es tal que los incumbentes gastaron el doble que quienes los desafiaban, y 30 de ellos vulneraron la legalidad pagando anuncios en redes sociales antes del periodo legal. El cálculo es frío: el costo de la multa es bajo en comparación al beneficio de ser un político visible y bien pagado.

En 1974, el politólogo de Yale, David R. Mayhew, formuló en Congress: The Electoral Connection una tesis simple pero demoledora: los legisladores son buscadores obsesivos de su reelección. Para lograrlo, actúan bajo un libreto de tres pasos. Primero, buscan hacerse conocidos sin ofrecer contenido sustantivo; no importan las ideas, importa instalar su nombre. Segundo, se adjudican la autoría personal de cualquier cosa que sea vista como beneficio social, transformándolo en un mérito propio. Y tercero, emiten declaraciones efectistas midiendo con pinzas el costo-beneficio emocional en el electorado.

«El abuso de las asignaciones y el gasto electoral desmedido no son sólo un síntoma de degradación política, son también un problema de diseño institucional y de captura de finanzas públicas que a ningún político le interesa solucionar»

Bajo este diseño, las tareas de legislar, deliberar y representar quedan subordinadas al negocio personal de mantenerse en un cargo bien pagado. No hay amor al pueblo ni interés general.

Esto es exactamente lo que vemos hoy en el Congreso: parlamentarios anunciando miles de indicaciones idénticas para dilatar debates, confundiendo su labor con promesas ejecutivas ajenas a su cargo y transformando sus redes sociales en un matinal permanente.

Lo grave es que los ciudadanos, a través de los impuestos, financiamos esta lógica. No sólo mediante los reembolsos electorales, sino en el día a día a través del ítem de «difusión» de las asignaciones parlamentarias: publicidad permanente con recursos públicos para beneficio individual.

Lo que presenciamos es una versión moderna de la «ley de hierro de las oligarquías» de Robert Michels. El sociólogo advirtió que toda organización democrática termina controlada por élites que capturan los recursos para su autopreservación. La diferencia es que hoy la política chilena está dominada por actores que, aunque militan en partidos, juegan para sí mismos, convirtiendo las estructuras colectivas en pymes personales de posicionamiento.

Técnicamente, los chilenos estamos subvencionando aquello que incentiva el egoísmo y el narcicismo de los legisladores. El abuso de las asignaciones y el gasto electoral desmedido no son sólo un síntoma de degradación política, son también un problema de diseño institucional y de captura de finanzas públicas que —por razones obvias— a ningún político le interesa solucionar.