Deuda pública: el elefante en la habitación

Se ha publicado el Informe de las Finanzas Públicas del IV trimestre y sus resultados son preocupantes. El pago de intereses de la deuda pública alcanza US$ 2.500 millones en el 2019, su mayor registro en los últimos 29 años. Se proyecta que, debido a los cambios de trayectoria del endeudamiento producto de las demandas sociales, dicho gasto público llegará en el 2024 a compromisos de deuda en torno al 40% del PIB. Así, se desembolsarían casi US$ 3.700 millones al año solo por conceptos de intereses.

El 2019 registró un stock de deuda de 27.9% del PIB, por lo que la Dirección de Presupuesto estimó que el pago por intereses de esta fue de US$ 2.500 millones ($ 1.8 billones de pesos), aumentando en un 12% dichos costos respecto al 2018. El director de la Dipres, Matías Acevedo, declaró que esta situación fiscal “es de cuidado”. A pesar de los paños fríos del director de la Dipres, hay argumentos para reconocer que esta situación no es solo “de cuidado”; sino que más bien es sumamente preocupante al considerar su contexto macroeconómico y político actual, y su tendencia alcista.

Este sistema es injusto para las futuras generaciones, ya que la población actual podría gozar de servicios sociales, emitiendo deuda, pasándoles la factura a los futuros compatriotas.

Este abultado número de US$ 2.500 millones, que se destinaron solo el pago de intereses, equivalen a construir 8 hospitales o casi toda la red de líneas 3 y 6 del Metro. Debemos reconocer que el hacer frente a las demandas sociales, vía deuda pública, involucra un costo de oportunidad social alto. A mayor stock de deuda pública para satisfacer las demandas sociales clamadas en Plaza Italia, menos recursos anuales para poder constituir salas cuna, escuelas u otros bienes públicos necesarios, pero lamentablemente no están en la agenda de los movimientos sociales. Cada punto porcentual adicional de deuda como porcentaje del PIB equivale aproximadamente a US$ 120 millones menos de recursos anuales que no estarán disponibles para financiar programas sociales debido al mayor pago de intereses.

A nivel macroeconómico, la deuda pública ha mostrado un sesgo alcista desde el 2007, y un proceso a crecer sin consideración alguna de la sustentabilidad de esta desde el 2014. Si bien el nivel de deuda es aún relativamente “bajo” en comparación con otros países, su evolución alcista en un lapso tan breve (aumentará 10 veces en tan solo 17 años) es preocupante. Si sumamos a esto que –ante la presión social por mayor gasto público, existe un deterioro macroeconómico y de la inversión severo, acompañado de caídas en el crecimiento económico tendencial (PIB tendencial ajustado a 2% anual para esta década)— las clasificadoras internacionales podrían revisar a la baja la clasificación de riesgo del país, haciendo que los costos de financiamiento sean peores de lo proyectado.

Podría así manifestarse una tormenta macrosocial peligrosa: demandas sociales al alza, PIB tendencial en sus peores niveles y tasas de interés de deuda al alza producto de una peor clasificación de riesgo; todo esto, al unísono, podría llevar a que la deuda y su costo se disparen a niveles insostenibles.

Además, a nivel político y generacional, no existen incentivos, ni de parte de los políticos, ni de las generaciones actuales, para detener estos procesos del gasto público y del agigantamiento de la deuda. Políticos que buscan la aprobación de sus constituyentes no poseen incentivos para amortizar la deuda pública y contener el gasto fiscal, sino que, al contrario, buscan el camino fácil del gasto público y así satisfacer las demandas sociales de sus votantes.

Este sistema es injusto para las futuras generaciones, ya que la población actual podría gozar de servicios sociales, emitiendo deuda, pasándoles la factura a los futuros compatriotas. Dichos incentivos perversos e intergeneracionales hacen que el sistema de deuda pública se convierta en un juego social de “la patata caliente” donde, generación tras generación, nos pasamos la deuda de una mano a la otra en espera de que a nosotros no nos toque quemarnos.

Dado lo anterior, la deuda pública no solo se convierte en un elemento preocupante para la sustentabilidad económica del país, sino que se transforma en el nuevo “elefante en la habitación”, ya que es una verdad evidente pero largamente ignorada. Así, avanzamos a conquistar derechos sociales y servicios públicos bajo el mantra de la supuesta “gratuidad”, pero pasando por alto la presencia del elefante en la habitación llamado deuda.

Quizás así los chilenos se sentirán más dignos, sin embargo, todos estaremos en la habitación nacional fingiendo que el elefante no esta ahí, ya que hemos elegido evitar lidiar con el problema que la deuda pública implica. Si quiere saber cómo termina esta vieja historia financiera del elefante en la habitación, no tiene que hacer más que mirar al Este de la Cordillera de los Andes.

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