Un Gobierno irresponsable

El reciente informe de Contraloría sobre las pensiones de gracia otorgadas tras los hechos de octubre de 2019 ha arrojado otra sombra de duda y crítica sobre la administración del presidente Boric. Este detallado documento destaca graves falencias en el proceso de otorgamiento de estos beneficios, especialmente en el periodo comprendido entre enero y marzo de 2022. Entre los aspectos más preocupantes se encuentra la asignación de pensiones a 58 personas con condenas por delitos graves, incluyendo producción de material pornográfico infantil y abuso sexual. Además, se evidencia una falta de rigor en la verificación de datos y antecedentes médicos, así como aumentos injustificados en los montos de las pensiones. 

«La serie de imprudencias que han caracterizado la gestión del presidente Boric no solo han desviado los mecanismos estatales de su propósito original, sino que han mostrado una inmadurez alarmante en el manejo de la función pública».

Frente a la crisis desencadenada por este escándalo, las palabras del ministro de Hacienda, Mario Marcel, sobre el pacto fiscal son especialmente desconcertantes. Marcel afirmó que esta reforma tributaria «se constituye como una agenda multidimensional que ofrece un horizonte de estabilidad y progreso social para los próximos diez años». Sin embargo, esta promesa de responsabilidad y eficiencia fiscal es incompatible con las indiscriminadas reparticiones de prebendas a las cuales el Gobierno ya nos tiene acostumbrados. En vista de las recientes irregularidades en la gestión gubernamental, es razonable y prudente que los ciudadanos nos mostremos reacios a contribuir con recursos adicionales a un Gobierno que se demuestra a diario incapaz manejando los recursos públicos y rindiendo cuentas a la ciudadanía

La gestión política de este escándalo ha sido una vergüenza. Se ha convertido en un laberinto de acusaciones y evasivas dentro del Gobierno de Boric, revelando una alarmante incapacidad para asumir responsabilidades. El INDH culpa a Interior, Monsalve culpa a un error de procedimiento, Tohá dice que el procedimiento estaba definido de antes y el oficialismo en coro lo ve como un problema administrativo. Todos están más preocupados en desviar culpas que en rectificar el curso de sus acciones. Esta debacle política, en la que los errores son calificados como simples problemas burocráticos, es sintomática de un poder ejecutivo que, en lugar de ofrecer soluciones y asumir responsabilidades, se pierde en un juego de apuntar con el dedo al resto. Este cultivo de la irresponsabilidad no hace otra cosa que erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. ¿Dónde están los responsables de este escándalo? ¿Nuevamente Boric cortará cabezas menores y barrerá bajo la alfombra los evidentes problemas de su administración?

La administración de Gabriel Boric, en su uso de las facultades prudenciales conferidas por la ley, ha revelado un patrón de conducta abusivo, evidenciando un grave déficit de prudencia en el ejercicio de la discreción presidencial. Este patrón se ha manifestado en diversos ámbitos, incluyendo el abuso de los indultos presidenciales que terminó liberando a delincuentes peligrosos para la sociedad. Del mismo modo, la modalidad del trato directo, un mecanismo excepcionalmente destinado a compras estatales sin licitación, ha sido empleada en una escala que desafía el espíritu de su excepcionalidad, como lo demuestran las cifras del Ministerio de Vivienda del año 2022: fue la modalidad de transacción más usada llegando a superar a las licitaciones públicas.

Por esto, las pensiones de gracia no son más que otro capítulo de la novela de imprudencias de este Gobierno. El Gobierno se ha valido de las pensiones de gracia para indemnizar extrajudicialmente supuestos daños sin la necesidad de probarlos en tribunales, desviándose del propósito original de este mecanismo. El enfoque de Boric, lejos de ser un acto de justicia compensatoria, es una usurpación de poderes, transformando una medida aparentemente prudente en una herramienta de distribución discrecional de beneficios.

La serie de imprudencias que han caracterizado la gestión del presidente Boric no solo han desviado los mecanismos estatales de su propósito original, sino que han mostrado una inmadurez alarmante en el manejo de la función pública. La postura infantil de este Gobierno frente a la administración de recursos y poderes discrecionales está llevando a un justificado desgaste de la paciencia del pueblo chileno. Las consecuencias de esta gestión imprudente no se limitan al espectro político, repercuten directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos, quienes merecen y exigen una administración que se conduzca con la seriedad y la competencia que las circunstancias demandan. Esto no es solo un clamor por justicia, sino también un grito por el respeto a la dignidad de la función pública.