Retiro del 100%: Blindar la piñata o el manotazo

Tiene mucho sentido, en materia de gestión de riesgo político, que los cotizantes puedan tener la libre opción de retirar sus fondos, para poder rescatarlos de una posible usurpación ilegítima por parte del Estado.

Hace unos días, el diputado Jorge Alessandri ingresó un proyecto para retirar el 100% de los fondos privados previsionales sin tope. Alessandri presentó el proyecto con el objetivo de que “los trabajadores tengan una cuenta blindada de sus ahorros”. El proyecto indica que “se establece el carácter absolutamente inexpropiable, inembargable, no declarable de interés nacional, de los fondos acumulados en las cuentas de capitalización individual de las administradoras de fondos de pensiones y permite el retiro, traspaso o transferencia de la totalidad de los fondos previsionales a una cuenta especial segura o ‘blindada’”.

Dicho proyecto de retiro del 100% de los fondos hace un par de años habría sonado como una locura de política pública, pero lamentablemente hoy, debido al estado de descomposición de nuestra vida política y en común, pareciera tener bastante sentido. En particular, dicho proyecto pareciera adquirir plausibilidad frente al populismo rampante que ronda en la política chilena actual, a la seguidilla de retiros de 10% que está drenando poco a poco los fondos previsionales y a las destempladas declaraciones que han hecho distintos políticos y precandidatos presidenciales respecto de lo que quieren hacer con dichos fondos. Veamos los hechos y declaraciones que parecieran justificar dicho proyecto.

En mayo del 2020, un grupo de senadores de izquierda, liderados por la posible candidata presidencial Yasna Provoste y Alejandro Navarro, presentó un proyecto que buscaba nada menos que “nacionalizar” los fondos previsionales, que son realmente propiedad de cada cotizante. De hecho, en la Comisión de Constitución del Senado, reposan tres proyectos de reforma constitucional que buscan incidir o afectar los fondos previsionales y todos ellos llevan la firma de la actual Presidenta del Senado, Yasna Provoste. El primero de dichos proyectos busca de plano “nacionalizar” los fondos de pensiones, ya que bajo el título de la iniciativa se explicita el objetivo de “diseñar e implementar la renacionalización del sistema de pensiones”. Esto es lisa y llanamente un manotazo a nuestros ahorros: un retiro del ahorro de los privados y una absorción de estos a cargo del Estado. A dicha iniciativa de pegar el manotazo, se sumaron dos más: una del 9 de junio y otra del 19 de agosto. Estos dos últimos proyectos buscan modificar los derechos de propiedad de los fondos de pensiones para poder ser absorbidos por el Estado. De esta manera, Yasna Provoste posee ya tres proyectos con su firma que buscan alterar los derechos de propiedad de nuestros fondos privados o, de plano, “nacionalizarlos”.

De la misma forma, el precandidato presidencial Daniel Jadue ha hecho declaraciones que dejan entrever sus intenciones con relación a nuestros fondos previsionales. En noviembre del 2020, en el programa “A esta hora se improvisa”, se le preguntó a Jadue si era o no partidario de “el stock actual [de fondos de pensiones] pasarlo completamente a un fondo colectivo”; ante lo cual Daniel Jadue respondió: “exacto”. Asimismo, en agosto del 2020 en “Tolerancia cero”, Daniel Matamala le preguntó a Jadue: “la nacionalización de los fondos de pensiones, ¿usted está de acuerdo con ella?” Ante lo cual Jadue respondió con un tajante “Sí”.

"Tiene mucho sentido, en materia de gestión de riesgo político, que los cotizantes puedan tener la libre opción de retirar sus fondos, para poder rescatarlos de una posible usurpación ilegítima por parte del Estado"

Así las cosas, políticos y posibles candidatos presidenciales de la izquierda chilena han dejado ver, tanto con hechos políticos como con declaraciones públicas, sus intenciones respecto al “nacionalizar” nuestros fondos previsionales y de pegarles así un posible manotazo. A la luz de estas declaraciones y hechos, es fundado el temor que tiene el diputado Alessandri respecto a los reales riesgos que tienen nuestros derechos de propiedad relacionados a todos los ahorros que han realizado los chilenos con tanto esfuerzo por décadas. Lo peor de todo es que algunos precandidatos presidenciales y políticos populistas de distintos sectores han usado la palabra “nacionalizar” para referirse a este manotazo de los fondos de pensiones, ocultando —a través de la distorsión del lenguaje à la Orwell en 1984— sus verdaderas intenciones. Ya que la palabra “nacionalizar” es un eufemismo que realmente no refleja lo que ocurriría con los fondos previsionales, porque dichos fondos ya pertenecen a todos los trabajadores chilenos, nacionales que pertenecen al país, por lo que no existe nada “ajeno” o “foráneo” que nacionalizar.

La palabra correcta que encapsula lo que ocurriría, si seguimos las declaraciones de Jadue y los proyectos de Provoste, es más bien la palabra ‘confiscar’ o ‘usurpar’, pues ‘usurpar’ es, según la propia RAE, “apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro”. Efectivamente esto ocurriría una vez que el Estado se apropie de la gran parte de los fondos y patrimonio ahorrado por los ciudadanos, afectando sus derechos de propiedad sin consulta alguna. Lo que hay entonces detrás de todas estas ideas es una mera usurpación o confiscación al margen de la ley. Por lo que serían completamente ilegítimas y una usurpación de nuestros derechos de propiedad vinculados a todos los esfuerzos de décadas de ahorros. En palabras del propio diputado Alessandri: “Los fondos de pensiones ya son de todos los chilenos, por lo tanto, la palabra “nacionalizar” la ocupan para esconder, suavizar, morigerar un término que es mucho más duro que es ‘confiscar’”.

En síntesis, en la medida en que personas de izquierda tan relevantes en la política actual como Yasna Provoste y Daniel Jadue no sinceren sus reales intenciones para con los fondos previsionales y no aclaren sus eufemismos —tales como “nacionalizar” los ahorros de todos los chilenos—, tiene mucho sentido, en materia de gestión de riesgo político, que los cotizantes puedan tener la libre opción de retirar sus fondos, para poder rescatarlos de una posible usurpación ilegítima por parte del Estado. De esta manera, podríamos blindar nuestros ahorros previsionales, prohibiendo que se conviertan en la generosa “piñata política” a la cual los populistas sin duda echarán mano para hacer repartijas a grupos de interés a cambio de fidelidad ideológica y echar andar así la maquinaria política que los perpetúe en el poder. En suma, entre que nos pegue el manotazo el próximo compañero o compañera electa –y “calabaza cada uno para su casa”– y dejarlos sin recursos que usurpar y sin la piñata para hacer repartijas, se hace cada vez más razonable lo último.

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