Que vuelva Faustino Asprilla

Hace unos meses, sacar los militares a la calle era militarizar los problemas sociales, era negar las verdaderas causas de nuestros dramas, algo típico de los «universitarios cota mil». El Presidente Boric militarizó todo el norte y ahora mantiene militares en sus fronteras gracias a un decreto. ¿Será porque fue a un colegio particular privado y británico en Magallanes?

Hace unos meses, pedir que los militares protegieran los embalses para cuidar nuestra agua; las antenas para cuidar nuestras comunicaciones, o las carreteras para cuidar nuestro trasporte, era propio de «fascistas»; era para subsidiar a las multinacionales «neoliberales» e incentivar el concubinato civil y militar. No exagero nada. Todo eso era afirmado, además, con gritos, funas, cancelaciones y reflexiones varias, lenguajes enrevesados con citas parciales, miles de irracionalidades y latas. Y, además, aludiendo a medios decadentes de Instagram. Hoy Boric manda un proyecto de ley para hacer justamente eso: proteger la infraestructura crítica. ¿Será acaso un fascista de la Patagonia, alguien que no entiende que nuestra sociedad está completamente enferma?

Hace unos meses la «Ley de Seguridad Interior del Estado» era una ley que había que derogar, tal como lo intentaron Giorgio Jackson y Miguel Crispi. Era una ley que «no aporta en absoluto, sino que hace retroceder los derechos de las personas y no aporta en el control del delito. Lo que fortalece es la discrecionalidad que el Gobierno y que el aparato estatal tiene por sobre las libertades de las personas». Ahora, de repente, la invocan.

La ministra de Justicia insinúa que Celestino Córdova, asesino condenado en la Araucanía, era un preso político; días después se retracta confusamente. La ministra Siches —que hace meses dijo lo mismo—, dice ahora que los disparos en Temucuicui eran un juego de pistoleros, como los de Faustino Asprilla cuando llegaba al Caracol Azul a entrenar en las mañanas. Está bien que sea de la Chile, pero nunca tanto.

En la Convención, por mientras, Manuela Royo, exdefensora —pública y luego privada— de acusados de asesinatos en la Araucanía, dice que los que se toman zonas urbanas «están ejerciendo su derecho a manifestarse, como delincuentes»; Fernando Atria repone normas ya rechazas en el pleno coordinando sigilosamente con otras comisiones; Patricia Politzer dice que los chilenos no conocemos lo que es una democracia y Gaspar Domínguez, el vicepresidente, dice que nunca hubo normas exclusivas para proteger los fondos previsionales, lo que era falso; que más del 90% de las iniciativas populares habían sido incluidas, lo que era falso, y que las encuestas se equivocaron radicalmente para el plebiscito de entrada, lo que era también falso. Fueron errores comunicaciones, dicen.