Pensiones de gracia: la vuelta del octubrismo

Justa indignación ha causado que el Gobierno de Gabriel Boric otorgue pensiones de gracia a personas que cometieron delitos en pleno estallido delictual de 2019. Dentro de los privilegiados se encuentran Adán Castro, condenado por patear en la cabeza a un carabinero en Villarrica; Jonathan Parra, sentenciado por quemar una caseta de Carabineros en Talca o Gabriel Allende, condenado por lanzamiento de una bomba molotov contra personal de Carabineros en Curacaví.

La concesión de pensiones de gracia a personas condenadas por actos delictivos parece desvirtuar la naturaleza y el propósito original de este tipo de beneficios. De acuerdo con la ley que regula la materia, las pensiones de gracia se conciben como un reconocimiento a la contribución positiva y excepcional al país o como una ayuda ante situaciones de extrema necesidad. Así, otorgar este tipo de pensiones a quien patea en la cabeza a un carabinero parece desviarse significativamente de estos criterios.

«La concesión de pensiones de gracia a delincuentes del estallido de 2019 muestra la verdadera cara del octubrismo: violentistas que la izquierda disfrazó de héroes y víctimas, y que ahora recompensa con beneficios estatales».

Si bien es cierto que el artículo 6° de la ley 18.056 faculta al Presidente de la República a otorgar pensiones de gracia en casos calificados más allá de los normalmente establecidos y por decreto supremo fundado, el uso de esta prerrogativa presidencial en estos casos particulares es altamente cuestionable y refuerza aún más las críticas a este tipo de decisiones. En este caso hay una decisión consciente de otorgar beneficios estatales a individuos cuyas acciones terminaron en condenas judiciales.

La concesión de pensiones de gracia a delincuentes del estallido de 2019 muestra la verdadera cara del octubrismo: violentistas que la izquierda disfrazó de héroes y víctimas, y que ahora recompensa con beneficios estatales. Estas pensiones reflejan una inclinación del Gobierno de Boric hacia la indulgencia con quienes vulneraron las normas, pero fueron funcionales a sus intereses políticos en el pasado. Decisiones como estas, lejos de promover el imperio de la ley, dan cuenta de un trato privilegiado hacia cierta clase de delincuentes y un uso cuestionable de los recursos públicos.

Estas medidas también ponen en duda la credibilidad y la coherencia del Gobierno en varios aspectos cruciales. La incongruencia entre las palabras y las acciones del presidente Boric se hace evidente: promete un compromiso con la seguridad y el respeto a la ley, pero simultáneamente otorga beneficios a quienes han infringido estos principios. ¿Cómo es posible confiar en un liderazgo que, por un lado, afirma apoyar a las fuerzas del orden, como Carabineros, y por otro, concede pensiones de gracia a quienes les han atacado? Esta contradicción es flagrante y mina la confianza en las promesas gubernamentales.

La situación se agrava cuando consideramos las implicaciones financieras. En un contexto donde el Gobierno busca apoyo para reformas tributarias y mayor financiamiento para programas públicos, el malgasto de recursos en pensiones a personas condenadas por delitos graves es no solo imprudente, sino también profundamente injusto. Resulta difícil justificar la petición de mayores recursos fiscales cuando se observa un manejo cuestionable de los fondos públicos, especialmente en decisiones que parecen favorecer intereses políticos sobre el bienestar colectivo.

En definitiva, la concesión de pensiones de gracia a personas condenadas por su participación en los hechos del estallido delictual de 2019 es una decisión que merece un escrutinio crítico y profundo.

Va más allá de un simple acto administrativo, tocando aspectos fundamentales sobre la justicia, la equidad y el rol del Estado en la promoción y mantenimiento del orden social y legal.