PAIG y sus objetivos perversos

En estas últimas semanas se ha desarrollado la Comisión Investigadora de Salud Trans, en el contexto del lanzamiento del Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG). Con ello, se ha visto que quienes defienden estos proyectos y la agenda que los engendra, consideran a sus críticos como intolerantes que solo persiguen imponer un proyecto de extrema derecha y ultraconservador. Esto lo explican definiendo a quienes se oponen al avance de estas normativas  como contrarios a las libertades del colectivo trans e incluso negacionistas de la supuesta evidencia científica. Sin embargo, muchos de los paradigmas que sostienen semejante retórica, no tienen la suficiente validez científica o incluso van en contra de estas mismas (ver columna y sus referencias).

«Este programa es sin duda el primer eslabón para la consecución de una agenda ideológica  y política perversa y no así de una lucha noble por los derechos y libertades de una minoría sexual».

Con todo, la comisión investigadora insiste en que el PAIG no incluye cirugías o hominizaciones. Este, como dice la ministra de salud , Ximena Aguilera, es solo un programa de acompañamiento psicosocial en donde «siempre se promueve el apoyo del sistema familiar». Ahora bien, el mismo programa se fundamenta sobre la Ley de Identidad de Género, cuyo segundo artículo define que su objetivo es la rectificación de la partida de nacimiento (Comisión Investigadora 26 de agosto 2024), iluminando las intenciones detrás del proyecto.

Teniendo esto claro, sigue siendo tremendamente llamativo que en este programa, no se exige el consentimiento de los padres. En este sentido, la ministra Aguilera es enfática en que el ingreso al programa es totalmente voluntario de parte del NNA (Niño, Niña o Adolescente). Sin embargo, la misma Ministra precisa que,  si bien siempre se le informa al representante legal, en el caso de que el adulto responsable se oponga al ingreso del niño, solo basta con el consentimiento del menor, y en ese caso se recomienda siempre «sensibilizar al entorno familiar» sobre la decisión del niño.

Con respecto a este punto se deben precisar algunos elementos. La primera es que la consigna es engañosa, porque para cualquier otro procedimiento de diagnóstico médico, psiquiátrico o psicológico se le exige al profesional tener el consentimiento informado del padre y el asentimiento del menor. Por ende, la verdadera pregunta es ¿por qué solo este programa se exime de semejante requisito? En segundo lugar, la idea de que un proyecto de salud persiga «sensibilizar a los familiares» ya debería parecernos, a lo sumo, sospechoso. De hecho, esta postura, a mi parecer bastante orwelliana, es lo que ha llevado a la extorsión , de parte de las llamadas duplas psicosociales, hacia padres que han consultado por sintomatología de disforia de género en sus hijos (ver sus testimonios aquí).

Respecto a la prescindencia del consentimiento de los representantes legales, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, en la comisión de el 2 de septiembre de 2024, refuerza que  el PAIG no tiene como requisito el consentimiento de los padres, dado que es el NNA el titular del derecho consagrado en la Ley de Identidad de Género. La razón, según Albagli, es porque en caso de que voluntad NNA no coincida con la de los padres,  podría significar un riesgo en el derecho de autonomía progresiva del menor, potestad resguardada en mismo reglamento.

Como se puede ver, la intención de este programa es clara. Este se fundamenta en la Ley de Identidad de Género cuyo objetivo es la rectificación del sexo biológico de quienes acceden a los programas emanados de dicha normativa. Con esto, también es evidente que los principios inspiradores de programas como estos, buscan la emancipación sexual de los padres, atacando directamente el derecho preferencial de los tutores legales a la crianza de los niños.

Este programa es sin duda el primer eslabón para la consecución de una agenda ideológica  y política perversa y no así de una lucha noble por los derechos y libertades de una minoría sexual. Simplemente los lineamentos de la norma y del programa son incongruentes con cualquier intención de proteger la dignidad del colectivo trans  y de cualquier otro. Es por esto que es urgente atender a los avances de esta agenda tramposa y totalitaria que transgrede la mayoría, sino todos, los principios fundamentales de las democracias liberales;  y cuyos efectos psicológicos y biológicos de las nuevas generaciones pueden ser desgarradores para nuestra sociedad.