¿No somos Ecuador?

¿Le parece una exageración decir que pronto seremos Ecuador? Veamos. Nuestro país tiene ya zonas del territorio nacional del tamaño de algunos países tomadas y expuestas a narcoterroristas. Es el caso del sur de Chile en el que estos grupos, con la complicidad pasiva de nuestra clase política de derecha y el activo apoyo de la izquierda, asesinan, destruyen, saquean y un largo etcétera. Los mapas que rastrean la actividad delictual en el sur a través de los años muestran un efecto contagio de los focos de violencia equivalente al de un virus. Esta situación ha llegado a tal extremo que, incluso, un gobierno partidario de la delincuencia y simpatizante del terrorismo como el actual ha sido forzado a convocar a las Fuerzas Armadas para poder hacer gobernable la zona.

En el norte, en tanto, las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, con tasas de homicidios de 17,1 y 13,5, respectivamente, por cada 100 mil habitantes, casi triplican el promedio mundial. Los residentes de estas regiones simplemente no pueden vivir con un mínimo de tranquilidad debido a la ola criminal que, desde hace años, asola sus tierras. Ellos, más que cualquier chileno, no solo están cosechando las "bondades" de la inmigración que buena parte de la élite política e intelectual del país, de manera tan estúpida, promovió por años desde sus barrios altos en Santiago, sino que sufren el hecho de que, como no hay frontera con países productores de droga porque nuestros políticos las eliminaron, deben ser los primeros en recibir la escoria criminal de la región.

«Se ha calculado que el narco mueve alrededor del 5% del PIB todos los años, esto es unos 16 mil millones de dólares. ¿Alguien cree seriamente que esa cantidad monumental de dinero puede entrar y operar en nuestro país sin la complicidad de políticos, jueces y todo tipo de instituciones?»

El resto de Chile no se queda atrás. Nadie en Santiago vive tranquilo y aunque la criminalidad se concentra, como siempre es el caso con los males de las políticas izquierdistas, en las comunas más populares, los delitos armados se dan también regularmente en comunas como Vitacura o Las Condes, o en La Dehesa. Y ocurren a plena luz de día, porque los criminales saben que tienen al INDH, a casi toda la clase política y a muchos jueces y fiscales para respaldarlos.

¿No está de acuerdo? Entonces, ¿cómo se explica que las fuerzas de centroderecha y de izquierda unidas aprobaran una reforma procesal penal que, en la práctica, redujo sideralmente el costo de delinquir? Incluso después del fracaso colosal que supuso esa reforma, no han corregido en serio el sistema de justicia criminal, capturado, dicho sea de paso, en parte no menor, por jueces y fiscales de izquierda.

Tampoco tiene ninguna explicación razonable el hecho de que en Chile sea ilegal que los malls, restaurantes, personas privadas y otros puedan contar con guardias calificados armados para dar seguridad a los clientes, como es el caso en todos los países que enfrentan nuestro problema. Hoy basta un solo delincuente con pistola para someter a cientos de personas sin correr ningún riesgo. Otro ejemplo de cómo nuestra clase política trabaja para los delincuentes es el desarme de los ciudadanos decentes que promovieron tanto el gobierno de Piñera como los regímenes de izquierda. Mientras no hacían nada serio por enfrentar el narcoterrorismo, e incluso traicionaban a Carabineros y Fuerzas Armadas dejándolos expuestos a la venganza de los aliados judiciales de los criminales, políticos de todo el espectro se esmeraban por pasar leyes que hicieran cada vez más difícil a los chilenos de bien defenderse en sus casas y propiedades.

La campaña de mentiras que se llevó adelante, especialmente bajo el gobierno de Boric, para desarmar a la población, se basó sobre todo en cifras completamente falsas de participación de armas legalmente inscritas en delitos. A quienes les interese la verdad sobre este tema pueden consultar la página de la Asociación Chilena del Rifle. Lo cierto es que todos tenemos derecho a la vida, lo que implica necesariamente el derecho a defender nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Y eso, frente a criminales armados, obviamente no puede hacerse a combos, sino con armas. Por algo, países con el mismo flagelo como Perú, Ecuador y Colombia, entre otros, hacen a sus ciudadanos decentes más fácil la propiedad e incluso el porte de armas personales. Salvo, claro, cuando llega la izquierda al poder, pues esta, siempre del lado del crimen común y organizado, avanza en el desarme de la población para que quede total mente expuesta.

Otro dato crucial de por qué seremos Ecuador: en Chile se ha calculado que el narco mueve alrededor del 5% del PIB todos los años, esto es unos 16 mil millones de dólares. ¿Alguien cree seriamente que esa cantidad monumental de dinero puede entrar y operar en nuestro país sin la complicidad de políticos, jueces y todo tipo de instituciones? Piense usted que, en la época de oro de Pablo Escobar, que llegó a controlar el 80% del suministro de cocaína en el mundo, los ingresos del narco representaban un 7% del PIB de Colombia. Y hoy se estiman entre un 2% a 3% del PIB, es decir, en esa materia estamos peor que la Colombia de hoy y casi a niveles de la era Escobar si los cálculos son correctos.

Pero hay más, porque el Presidente Noboa, en el estado de emergencia que decretó, anunció no solo garantías especiales para policías y uniformados de modo que puedan hacer su trabajo de liquidar a los criminales, sino que afirmó que consideraría cómplices del crimen organizado a jueces y fiscales que les ayudaran. ¿Cree usted que nuestra inepta, en parte corrupta y cobarde clase política sería capaz de algo así ante un apocalipsis en materia de seguridad como el que tenemos en ciernes? Todo indica que no. Pero pronto lo sabremos, pues no falta mucho para que seamos Ecuador.