Molotovs en el INBA

La explosión de artefactos incendiarios en el Internado Nacional Barros Arana (INBA), que dejó a más de 30 estudiantes heridos, ha vuelto a encender el debate sobre la violencia en los liceos emblemáticos. Según las investigaciones preliminares, en el recinto se habrían encontrado grandes cantidades de material acelerante, lo que refuerza las sospechas de que existía una fábrica de bombas molotov dentro del establecimiento. Este episodio no sólo reaviva las críticas por la gestión de la violencia en los colegios, sino que también pone en cuestión el manejo de las autoridades frente a una situación que se ha vuelto habitual en instituciones educativas que, otrora, eran modelos de excelencia académica.

«El desastre del INBA no es un hecho aislado, sino el resultado de años de negligencia y complicidad por parte de las autoridades que, bajo el pretexto de una falsa inclusión, han permitido que la violencia se adueñe de las aulas».

Hace algunos años, recuerdo el caso de una alumna que fue apuñalada durante una toma en un liceo de Concepción. Ante la tragedia, un comentario en redes sociales, proveniente de un progre promedio, preguntaba: «¿Cómo evitamos los apuñalamientos en las tomas?». La simple formulación de esta pregunta demuestra cuán desconectado estaba del problema real ese progre promedio. La interrogante correcta no es cómo evitar la violencia en las tomas, sino cómo evitar que las tomas mismas sucedan. Al igual que lo que está ocurriendo hoy en el INBA, se está llegando demasiado tarde a la solución de la violencia escolar. La verdadera tarea es frenar las incivilidades mucho antes de que se conviertan en delitos graves y esto sólo es posible con una aplicación estricta de las normas básicas de convivencia al interior de los establecimientos educacionales, algo que parece estar ausente bajo la mirada complaciente de la izquierda en su conjunto.

La disciplina es fundamental para el aprendizaje, porque permite crear un entorno donde los estudiantes puedan concentrarse y desarrollar todo su potencial. Sin reglas claras y un orden que se mantenga, los esfuerzos educativos se ven frustrados, afectando especialmente a quienes más lo necesitan. Como señala Gregorio Luri en La escuela no es un parque de atracciones, la falta de disciplina no sólo daña la calidad del aprendizaje, sino que perjudica a los alumnos más vulnerables, quienes necesitan un entorno estable para progresar. Las autoridades escolares no están allí para actuar como agentes del orden contra delitos, sino para corregir conductas inapropiadas y asegurarse de que los estudiantes cumplan con un código de conducta. Cuando se les impide ejercer esta función, lo que comienza como incivilidades menores puede rápidamente escalar hasta convertirse en situaciones de violencia, como las que estamos presenciando hoy en día.

Lo más alarmante en el caso del INBA es que sus propias autoridades han sido cómplices de la violencia que ahora, de manera literal y metafórica, ha estallado brutalmente ante sus propias narices. Entre estas autoridades, destacan su impresentable rectora, María Alejandra Benavides, y su impresentable sostenedora, la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. La rectora Benavides ha mostrado simpatía hacia grupos extremistas, como los asociados a la Garra Blanca, y ha gestionado de manera torpe y connivente con la violencia situaciones gravísimas, como el atentado contra un cuartel vecino perpetrado por estudiantes del liceo. Por su parte, la alcaldesa Hassler ha sido denunciada por varios directores de liceos de la comuna, quienes la acusan de perseguirlos por intentar aplicar las normativas legales necesarias para imponer el orden en sus escuelas. Este tipo de complicidad y permisividad por parte de las autoridades son las que consolidan la violencia en las escuelas.

La tragedia de la educación estatal no se limita a las autoridades locales, sino que ha sido facilitada también por el Gobierno central. Un ejemplo clave es la nefasta Ley de Inclusión de Michelle Bachelet, que debilitó gravemente la autoridad de los directores de colegios al restringir su capacidad para imponer disciplina. Esta ley limita las expulsiones únicamente a casos de violencia extrema, lo que, como ya hemos señalado, significa abordar el problema demasiado tarde. El Gobierno de Boric, como fieles herederos del bacheletismo, ha seguido esta misma línea al presentar un proyecto de ley sobre normas de convivencia escolar que, en lugar de fortalecer a los directores, los asfixia con más papeleo y burocracia. Lejos de darles herramientas efectivas para gestionar el orden en sus escuelas, este tipo de normativas los inunda de procedimientos administrativos, dificultando aún más la intervención temprana y efectiva en situaciones que, de ser corregidas a tiempo, evitarían llegar a extremos de violencia.

El desastre del INBA no es un hecho aislado, sino el resultado de años de negligencia y complicidad por parte de las autoridades que, bajo el pretexto de una falsa inclusión, han permitido que la violencia se adueñe de las aulas. Mientras los responsables sigan siendo figuras como María Alejandra Benavides e Irací Hassler, y el Gobierno central continúe replicando las políticas del bacheletismo, no habrá salida para esta crisis. La izquierda ha abandonado la educación de los más pobres a su suerte, permitiendo que el caos reine y que las aulas se conviertan en trincheras políticas. Si no se pone fin a esta connivencia, el legado será el colapso total del sistema educativo estatal de nuestro país.