¿Lo peor está aún por verse?

Si alguien piensa que alcanzamos la cúspide en materia de delincuencia, se equivoca. De no adoptarse medidas drásticas y urgentes, la inseguridad alcanzará en Chile niveles insospechados. Basta lanzar una mirada al continente. No soy experto en seguridad, pero en los últimos decenios me ha tocado ser testigo del desarrollo de la delincuencia en México y Centroamérica. Confío en que en su gira por esa región la Presidenta, junto con impulsar la relación bilateral, disertar sobre educación y expresar admiración por Salvador Allende y la extinta RDA, se informó sobre la guerra allí contra el narco y la delincuencia común.

Al examinar el agobiante panorama regional, uno advierte una constante: Chile marcha algunos años retrasado con respecto a países vecinos. Pero es una brecha que disminuye con celeridad. El chileno que hace un decenio visitaba México o Centroamérica escuchaba con escalofríos los relatos sobre delincuencia, y estimaba imposible que algo semejante ocurriera aquí. Mexicanos y centroamericanos nos miraban a su vez con sana envidia y celebraban que pudiésemos disfrutar con tranquilidad la vivienda y los espacios públicos.

Todos los países vecinos con delincuencia extrema pasan posteriormente a una etapa en que aparecen la extorsión y el secuestro, sicarios, guardaespaldas y vigilantes armados para viviendas, tiendas y restaurantes, y la infiltración de las instituciones.

Hace veinte años era difícil para un chileno imaginar que estaría obligado a instalar alarmas y coronar con alambrado eléctrico los muros de su casa. Se preguntaba cómo podían vivir así nuestros vecinos latinoamericanos. Éramos ajenos a fenómenos en otros sitios frecuentes: balaceras y ajustes de cuentas entre narcos; despojo del auto en la calle a punta de pistola; asaltos a casas con moradores dentro, amenazas a autoridades o secuestros para vaciar la cuenta bancaria de la víctima. Aquello nos parecía inconcebible en Chile. Pues bien, esto ya lo han experimentado muchos chilenos y millones temen sufrirlo. Por eso aumenta la frustración ciudadana cuando el Gobierno no impulsa con celeridad y decisión leyes severas y sectores oficialistas miran con reticencia a las policías.

Mientras siga tardando la tramitación de la "agenda corta" y no exista una política de Estado en esta materia, la delincuencia seguirá actuando impunemente. Urge permitir la verificación preventiva de identidad por parte de Carabineros, por ejemplo. La delincuencia muestra nuevos rasgos alarmantes: crecen la penetración del narcotráfico y la facilidad con que grupos organizados como comandos obtienen millones de dólares en asaltos a transportes de valores. ¿Se está incorporando a la escena algún actor con motivaciones políticas, o las fortunas se gastan en adquirir zapatillas, iPads y motos? En la izquierda muchos atribuyen la delincuencia a la desigualdad social y estiman que solo disminuirá con mayor igualdad. No mencionan, sin embargo, que los estados comunistas, apóstoles del igualitarismo, imponían penas draconianas, lo que sugiere la complejidad del asunto.

Sería injusto responsabilizar de la delincuencia solo al actual gobierno. En rigor, la democracia no ha logrado controlarla. Pero no hay duda que ella se volvió extremadamente crítica bajo esta administración, y que el 90% de los chilenos desaprueba al Gobierno al respecto. El temor y la angustia se apoderaron de la ciudadanía, que ve con impotencia cómo se merma a diario su calidad de vida. Muchos tenemos hoy la impresión de que en Chile la vida vale cada vez menos.

Las perspectivas son inquietantes: todos los países vecinos con delincuencia extrema pasan posteriormente a una etapa en que aparecen la extorsión y el secuestro, sicarios, guardaespaldas y vigilantes armados para viviendas, tiendas y restaurantes, y la infiltración de las instituciones. Tarde o temprano las personas deciden armarse para defenderse por su cuenta. Ante una situación desbordada, varios gobiernos latinoamericanos se han visto obligados a recurrir a las fuerzas armadas para enfrentar a los malhechores.

Cuando se alcanza una etapa en que tanto las personas como el Estado de derecho están en riesgo, el país es otro país, y el retorno a la paz y la seguridad deviene una meta difícil de alcanzar. Dada la gravedad de las circunstancias, no hay espacio para más dilaciones ni ambigüedades. Urge un liderazgo que promueva una política de Estado para enfrentar la delincuencia de forma inmediata y efectiva. De lo contrario, lo peor está aún por verse.