Liceo N° 7 (de Santiago) versus Grange

La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, en un programa radial realizó un contrafáctico que no dejó indiferente a nadie: «Si lo que pasó en el Liceo 7 hubiera pasado en el Grange, todas las autoridades habrían salido a decir que no es tolerable que un colegio de este país ingrese Carabineros a disparar».

Creo que hacer el contraste entre lo que sucede en un liceo con número de Chile con la realidad de nuestros colegios más acaudalados es un ejercicio retórico acertado que debería hacerse más a menudo. Sin embargo, el contraste ofrecido por la Defensora de la Niñez rezuma más resentimiento que honesta preocupación por los derechos de los niños, mejor hubiera sido preguntarse: ¿Por qué tiene que entrar Carabineros al Liceo N°7 de Santiago y no en el Grange? Con esta interrogante Patricia Muñoz apuntaría a una de las causas de desigualdad entre un colegio como el Grange y un colegio como el Liceo N°7, y, de paso, aprovecharía de proteger otro derecho hace mucho tiempo conculcado a buena parte de los alumnos que estudian en la educación estatal: el derecho a la educación.

En concreto, ¿por qué ingresó Carabineros al Liceo N° 7 de Santiago Teresa Prats de Sarratea (para evitar confusiones)? Porque la directora del establecimiento llamó a la policía uniformada. ¿Por qué Carabineros no ha ingresado al Grange? Porque su rector no ha tenido la necesidad de llamar a la fuerza pública.

¿Cuál es la causa de esta desigualdad? Los colegios privados y subvencionados son dirigidos por autoridades que velan por el cumplimiento de las normas básicas para el funcionamiento de un colegio, en cambio, los colegios municipales, en último término, son dirigidos por políticos cuya prioridad es mantenerse en el poder y, en dicho cálculo electoral, es posible que el derecho a la educación de los niños y jóvenes pase a un segundo plano. Por su parte, los directores de estos liceos, al verse arrinconados por la violencia, pasan por dos etapas: primero una de impotencia (porque su inicial motivación por mejorar la educación pública se ve frustrada por la anomia) para terminar en una etapa de incompetencia (cuando se dan cuenta que mientras menos hagan por combatir la violencia, más posibilidades tienen de permanecer en sus cargos). La directora del Liceo N° 7 —elegida mediante concurso por Alta Dirección Pública— se encuentra en el tránsito a la segunda etapa al ver que su tardía reacción de hacer cumplir la ley por medio de la fuerza pública ha tenido más costos que beneficios.

Como resulta evidente, en este escrito no generalizo a toda la educación estatal, la cual, por fortuna, no vive las miserias de colegios como el Liceo N°7 de Santiago, el Instituto Nacional y el INBA, aunque siempre corre el riesgo de pasar a un segundo plano si poner orden en las salas le quita votos al alcalde de turno. A su vez, debo destacar que ha habido casos de directores de liceos públicos en crisis que han dado la pelea y se han comportado como verdaderas autoridades, como es el caso del ex rector del Instituto Nacional Jorge Toro, pero su actuar ha sido imposibilitado por sus siempre políticos superiores de la Municipalidad de Santiago y obstaculizado por los cada vez más políticos Tribunales de Justicia.

Con todo, debo reconocer un acierto en el contrafáctico de la Defensora de la Niñez: hay ciertos hechos que la clase política tolera en establecimientos públicos —tomas, paros, inasistencia de profesores, venta de drogas, etc.— que no toleraría un director de colegio privado o subvencionado o un político en calidad de apoderado de establecimiento privado (la regla general en Chile). Esta letal mezcla de clasismo con manifiesto incumplimiento de deberes conspira contra el común deseo de una educación pública y de calidad. El problema no está en el Grange, el problema está en la clase política.

.

.

.