La «defensa de la labor periodística» como  nueva expresión cancelatoria 

Uno de los grandes logros de la modernidad, como lo es la libertad de prensa y expresión, lleva un par de años viéndose terriblemente atacada. El principio de poder expresarse, discutir, criticar y disentir con ideas libremente es un derecho que no siempre ha estado garantizado y no debe darse por sentado. Sobre todo, porque muchas veces sus enemigos no son evidentes y sus ataques pueden darse de maneras casi imperceptibles.  

«Es grave que un consejo periodístico busque defender el monopolio de la información, como si fuera algo concedido por derecho divino. Actitudes como estas son aquellas que amenazan con socavar el progreso del conocimiento; la libertad de pensamiento y de expresión».

En la academia, la corrección política lleva años intentando asfixiar el libre pensamiento con distintos métodos de censura a las ideas y al lenguaje. Con ello, no deja de asombrar con la facilidad que se oficializó la Comisión Asesora contra la Desinformación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, bajo el alero de la ministra Camila Vallejo.

Este se define como un órgano asesor del Segegob en temas sobre «desinformación y calidad democrática, alfabetización digital, desinformación en plataformas digitales y buenas prácticas digitales y hará recomendaciones sobre políticas públicas». Si bien, todo parece estar dentro de lo favorable, la verdad es que tanto la Historia como nuestra actualidad nos permite sospechar que lo establecido como «información oficial» y  «buenas prácticas» por los gobiernos (y particularmente el actual) no tardarán en transformarse en normas sinsentido y totalmente desafortunadas para el desarrollo de nuestro país. Es por esto, que los principios establecidos por los sistemas democráticos han sido tan exitosos a la hora de resguardar las libertades de los ciudadanos: porque logran mantener el poder limitado y en vigilancia, permitiendo la libre circulación de ideas y el diálogo sin ningún tipo de censura. De alguna manera, la libertad de expresión protege de autoritarismo, pero también funciona como un sistema de vigilancia al poder.  

Es por esto, que incluso organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) no tardó en mostrar su preocupación por la iniciativa del gobierno oficialista, ya que según su presidente, Michael Greenspon, se debe estar atento «cuando los Gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de información, expresión, medios o periodismo» porque estos «siempre suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas sesgadas, con efectos negativos sobre las libertades de expresión y de prensa». 

Ahora bien, esta tendencia por controlar el debate y la difusión de ideas es algo que aparentemente crece en nuestro país. Justamente, este lunes 6 de mayo de 2024, la presidenta del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas, Ana María Olivares, publicó una carta al director en el diario El Mercurio acusando de «falta de respeto y consideración hacia la profesión periodística» evidenciada en la entrevista de Carlos Peña al expresidente español, Felipe González. Esto se debe, a que, según la institución, que un abogado estuviera ejerciendo el rol de entrevistador o cualquiera que realice «entrevistas, reportajes y difusión de información sin la debida formación» sería una infracción a la ley. Ahora bien, el periódico respondió en una nota a la redacción que esta acusación no tiene sustento con la legislación chilena ni el derecho internacional. Junto a esto, semejante aseveración  sería incompatible con la libertad de prensa y amenaza con empobrecer el debate público.  

Lo establecido por el editorial de El Mercurio resulta totalmente sensato, dado que cualquier persona que ejerza la labor periodística, sea o no con un título universitario, está amparado por la libertad de prensa. Con todo, resulta asombroso que quienes deberían promover la libre circulación de ideas y motivar el debate, sean quienes coartan el ejercicio cooperativo de informar. Así, los miembros  del Colegio de Periodistas deberían ser los primeros en defender la libre expresión y de apoyar iniciativas que busquen difundir conocimientos, para así fomentar la opinión pública informada.  

Quizás a muchos no nos sorprenda que personeros del oficialismo impulsen medidas cancelatorias como la iniciativa de Vallejo. Dado que, como ilustra Galo Abrain en su obra Morfina, se ha hecho evidente que el progresismo «en su obsesión por la tolerancia hace gala de reglas de cancelación cada vez más acusadas». Pero, es grave que un consejo periodístico busque defender el monopolio de la información, como si fuera algo concedido por derecho divino. Actitudes como estas son aquellas que amenazan con socavar el progreso del conocimiento; la libertad de pensamiento y de expresión. Pero además atacan los ideales de la igualdad a la hora de acceder a fuentes informativas o testimoniales y también la posibilidad de darlas a conocer. Por esto, no se debe olvidar que derechos como estos en algún momento fueron grandes lujos, reservados solo para algunos y que si bien son esenciales en una democracia, son más frágiles de lo que creemos.