La casa del terror

“Somos herederos de la legislación del pueblo rey, tenemos que purgarla de las manchas que contrajo bajo el influjo maléfico del despotismo”, afirmaba Andrés Bello en el discurso inaugural de la Universidad de Chile. Dicho despotismo del que temía es el que reina incipientemente en su casa de estudios, transformándola en un reducto tribal, intolerante y atrincherado en ideales cristalizados que no admiten controversia.

En el último tiempo, la “casa de Andrés Bello” ha sido asediada por escándalos. Primero, el totalitario estatuto del centro de estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile, que prohíbe candidaturas estudiantiles que no sean compatibles con sus principios (anticapitalismo, antiespecismo y antiimperialismo). En segundo lugar, las agresiones sucesivas de las que ha sido víctima Polette Vega, estudiante de Trabajo Social de la misma universidad, por sus mismos compañeros. ¿La razón? Identificarse con posiciones políticas de derecha.

"Quien debe abandonar la sala clases -e incluso la Universidad- es aquel que no tiene la capacidad ni el control suficiente para aceptar ideas contrarias a las suyas, no quien piensa distinto".

Actos así de intolerantes -sea estableciendo qué ideas pueden expresarse o ocupando la violencia física- no pueden ser obviados de forma tan negligente como lo han hecho las autoridades de la Universidad de Chile. Aconsejar a Polette Vega no asistir a clases no es una medida que solucione la violencia política universitaria. Incluso, tiene el efecto contrario: normaliza la intolerancia, aceptando implícitamente que aquello puede realizarse sin mayores repercusiones. Quien debe abandonar la sala clases -e incluso la Universidad- es aquel que no tiene la capacidad ni el control suficiente para aceptar ideas contrarias a las suyas, no quien piensa distinto. De eso se trata la Universidad, de enfrentar convicciones, de enriquecer el debate. No un club de amigos donde todos se sienten cómodos porque piensan igual. La fatal desidia en controlar esto puede dejar un precedente que es incluso más nocivo que los actos descritos.

Otra razón para preocuparse más de la cuenta es la indiferencia -y casi rechazo- que ha surgido en ciertos estudiantes hacia ciertas instituciones que se crearon justamente para un ambiente donde la sociedad pudiese convivir y discutir pacíficamente, con garantías mínimas de resguardo ante la intolerancia, como lo es la presunción de inocencia y la libertad de expresión. Justamente dos instituciones que han sido cuestionadas por el centro de estudiantes de Derecho. Instaurar mediante estatutos qué ideas se pueden decir y cuáles no, sin aceptar discrepancias o aceptar que “el principio de inocencia debe ser sacrificado algunas veces”, dicen más de un régimen dictatorial que se alimenta de la tiranía de las etiquetas, que de un verdadero conglomerado estudiantil que tiene la misión de reflejar y representar la diversidad de pensamiento.

Pero esa representación de la diversidad dejó de ser importante. Ellos, los que están al poder, son la voz oficial y moral de la comunidad. Las demás opiniones no deben ser expresadas porque no hacen más que retrasar su proyecto, el cual muchas veces va contra la racionalidad, la dignidad y la deliberación. Algo que el mismo Andrés Bello alertaba en su discurso inaugural; la Universidad de Chile está destinada a congregar y cruzar miradas distintas a través de una libertad total. Pero esa libertad implica también enfrentarse a esa “desarreglada licencia que se rebela contra la autoridad de la razón y contra los más nobles y puros instintos del corazón humano”. Esos rebeldes hoy son quienes manejan el pensamiento universitario.