Justicieros y narcisos: la indignación no era el motor, era el disfraz

Autor: Jorge Gomez

Un estudio publicado en la revista Current Psychology en 2024 indagó en la relación entre el activismo político de izquierda radical y rasgos de personalidad como el narcisismo antagónico y la psicopatía. Los resultados mostraron que la adhesión a una visión ideológica que legitima la violencia revolucionaria contra las estructuras sociales existentes se asociaba con dichos rasgos.

Significativamente, el estudio también reveló que ni el altruismo disposicional ni el compromiso genuino con la justicia social predecían la propensión a la violencia. Los autores concluyeron que ciertos activistas no luchan realmente por la igualdad, sino que utilizan el activismo como vehículo para ejercer violencia y satisfacer necesidades egocéntricas.

«No se trata de disidencia ni de radicalidad política: se trata de personalidades autoritarias que buscan pretextos para actuar como matones contra autoridades, docentes, estudiantes y comunidades enteras»

Lo ocurrido en la Universidad Austral con la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, podría ilustrar este fenómeno. Quienes protagonizaron el incidente se presentaron como portadores de una causa social legítima, pero su comportamiento —el hostigamiento, la intimidación, el desprecio por las normas— encaja mejor con el perfil descrito en la investigación: sujetos que asumen una presunción de superioridad moral para encubrir impulsos autoritarios y egocéntricos. La indignación no era el motor; era el disfraz.

La cobertura mediática chilena tiende a analizar con mayor profundidad los riesgos de la ultraderecha que los de una ultraizquierda que, con cierta periodicidad, actúa con violencia en universidades y liceos emblemáticos. Esto se explica, en parte, por la persistencia del mito del luchador social como figura necesariamente altruista y desinteresada.

Bajo ese paraguas conceptual, el vandalismo queda relativizado con frases que hablan de «jóvenes idealistas que se equivocaron en los medios», eludiendo cualquier análisis más exigente sobre las motivaciones reales.

El caso de la ministra Lincolao debería ser una ocasión para abandonar ese mito. Las universidades, los colegios y otros espacios de convivencia democrática enfrentan un problema real cuando grupos organizados los utilizan como escenario para el dominio, la intimidación y la violencia.

No se trata de disidencia ni de radicalidad política: se trata de personalidades autoritarias que buscan pretextos para actuar como matones contra autoridades, docentes, estudiantes y comunidades enteras.

Reconocer esto no implica equiparar todas las izquierdas ni absolver a otras corrientes de sus propias patologías. Implica algo más sencillo y más urgente: asumir que existe una izquierda autoritaria y violenta, y que negarla —bajo la coartada de la justicia social— es una forma de complicidad con el deterioro de las instituciones que sostienen la vida democrática.