El delirio institucional del feminismo de género
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Publicado en El Mercurio 18.02.2023El Presidente Boric nos ha iluminado con un nuevo concepto jurídico, el de la «negligencia dolosa», para asignar responsables de los incendios. En lo sucesivo veremos a generaciones de juristas tratando de cuadrar este círculo. En el Derecho, la negligencia equivale a un descuido, una falta de cuidado o atención. Exactamente lo opuesto al dolo, que supone la intención positiva y deliberada de cometer un ilícito. Como debiera saber un alumno de primer año de Derecho, negligencia y dolo son incompatibles: el primero es un descuido, el segundo es intencional. Por eso no es de extrañar que don Gabriel haya reprobado su examen de grado y habla bien de la U. de Chile de evitar el riesgo de que algún cliente le confíe a ese abogado su vida, su libertad o su patrimonio.
Chile, sin embargo, le ha confiado su soberanía, su salud, la conservación de su medio ambiente, su economía, sus pensiones, su seguridad, la educación de sus niños, etc., a esa misma persona que no ha tenido ninguna preparación para el cargo. ¿Y ahora nos extrañan los resultados? Una cosa es hacer política y otra es gobernar. Una cosa es el vértigo de una campaña y otra es la rutina de la administración. Una cosa es hablar para prometer y otra es gestionar para cumplir. Tenemos un Presidente que no tiene experiencia profesional para enfrentar con rigor y método problemas reales que afectan al mundo real y que requieren soluciones eficaces. Lo único que es capaz de ofrecer es empatía, que es importante pero insuficiente.
Un buen trabajo supone anticiparse, programar, priorizar, estudiar y tomar decisiones relevantes contra el tiempo con información imperfecta y mucha incertidumbre. Es lo que hizo el expresidente Piñera con su equipo más directo (Mañalich, Castillo, Paris y Daza) en su lucha contra la pandemia. Se informaron, nombraron gente idónea, tomaron decisiones. Corrieron riesgos comprando vacunas y ventiladores por anticipado; se coordinaron con los privados y prepararon un plan de vacunación. Y después fueron compatibilizando intereses para que la economía no parara mientras se procuraba contener la pandemia. Ese manejo de la pandemia hoy es celebrado en el mundo entero, menos por don Gabriel y su equipo, que proponían lo contrario.
«La lucha contra los incendios debiera haber empezado el año pasado, manteniendo en sus cargos a los especialistas, construyendo cortafuegos, capacitando a las comunidades, arrendando aeronaves».
La lucha contra los incendios debiera haber empezado el año pasado, manteniendo en sus cargos a los especialistas, construyendo cortafuegos, capacitando a las comunidades, arrendando aeronaves. En definitiva, haciendo todo lo que el Gobierno no hizo. Así lo hacen las forestales, que gastan cerca de US$ 60 mil por hectárea al año en prevención contra incendios. Tienen 3 mil brigadistas, 60 aeronaves y un trabajo de prospección notable y por eso una parte minoritaria de los incendios las afecta a ellas. Pero no pueden contra los pirómanos e irresponsables que causan —por dolo o negligencia— los incendios en el país. Uruguay y Suecia tienen superficies plantadas similares a Chile y condiciones climáticas propensas a los incendios, pero no los sufren en la magnitud de nuestro país porque sus autoridades se preparan adecuadamente, se coordinan con las forestales y persiguen a los verdaderos culpables.
La especialidad de nuestras actuales autoridades ha sido encontrar un problema, inventar culpables y proponer soluciones absurdas. Así, la mala calidad de la educación pública era causada por el lucro en la privada; los robos a los bancos, supermercados o malls son culpa de sus dueños, y los «portonazos», de las empresas de autopistas. Ahora, en los incendios los culpables son las forestales. Lo que tienen en común los responsables de todos los males de Chile es que son empresarios. Nerón incendió Roma y culpó a los cristianos; Hitler culpó a los judíos por el Reichstag. A Chile lo están quemando el terrorismo, la ineptitud del Gobierno y la izquierda extrema que llamó a quemarlo todo. Y el Gobierno culpa a los empresarios, a quienes en su retórica ve como enemigos. Si el estallido social terminó con los delincuentes y pirómanos indultados o indemnizados, y con los policías querellados y castigados, no es raro que ahora con los incendios sean las víctimas las que paguen el pato. La verdad es que lo de don Gabriel y su gobierno con los incendios es de una «negligencia dolosa» tan previsible como evitable.
Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.
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