Financiamiento político: El deber de ingratitud
¿Deben o no las empresas financiar la política?; ¿Es favorable o contrario al interés social corporativo contribuir a las campañas?; ¿Se obtiene en definitiva algún tratamiento favorable gracias a las contribuciones?
La respuesta a estas interrogantes me recuerda la del tipo que no sabía cómo ir vestido a una citación del SII y cavilaba; si iba muy bien vestido lo podían considerar millonario y si iba mal vestido lo podían considerar un mentiroso. En ambos casos le cobrarían más impuestos. Le pregunta a su señora y ella le contesta que para su primera noche de bodas, tampoco sabía si vestirse muy provocativa o muy recatada, por lo que le preguntó a su mamá, que la miró a los ojos y le dijo... vístete como quieras porque el resultado va a ser el mismo.
No pocas veces en los directorios se discute si la empresa debe o no contribuir para las campañas. Cuando viene una elección, a algunos le piden sus votos a otros su plata, pero el camino es parecido y comienza con el llamado de los políticos, unos con promesas de un futuro mejor y otros con advertencias de un apocalipsis inminente, pero todos pidiendo dinero para financiar la política.
Algunos dicen que en el pasado la política funcionaba con voluntarios con la camiseta del partido pegada al cuerpo y con las cuotas que pagaban los militantes. Esos tiempos -verdaderos o no- se fueron para no volver.
La política necesita financiamiento y si no es privado será público. A mí me parece malo el público porque si hoy, que es fundamentalmente privado, los políticos y partidos parecen vivir en otra galaxia y ni escuchan a los ciudadanos, imagínese cuando ni siquiera tengan que venir cada cuatro años, a hacer como que nos escuchan, porque necesitan plata y votos. Para los políticos nada mejor que subir impuestos y controlar al fisco, así le van a sacar más plata a los ciudadanos sin preguntarles qué les parece. Con menos esfuerzo, coercitivamente y sin tener que escuchar sus molestas críticas, van a financiar una profesión tan antigua como la mía o la otra, pero ahora sin preocuparse de satisfacer a los clientes... a diferencia de la mía y la otra.
Conozco o he participado en decisiones de contribuir o no a la política. Para algunos, si las empresas no votan, no debieran contribuir; para otros, parte de la responsabilidad social empresarial es contribuir para tener una mejor calidad de políticas públicas porque eso favorece la actividad privada. Es difícil trazar la línea entre lo correcto y lo incorrecto, lo conveniente y lo inconveniente. En lo que todos están de acuerdo, sin embargo, es en la infinita capacidad de la política de perjudicar la actividad empresarial.
La experiencia chilena para las empresas que dieron y las que no en la ultima década, cualquiera haya sido su motivación, ha sido idénticamente mala. La política ha generado una inflación de costos, regulaciones, sanciones e impuestos gigantescas, leyes laborales que perjudican a las empresas sin beneficiar a los trabajadores, en fin, un deterioro de la competitividad de nuestras empresas monumental, sin mejoramientos visibles para los ciudadanos. Es la peor combinación posible aquella en que todos pierden sin que nadie gane.
La verdad es que el gran vicio del financiamiento político en Chile, que no reconoce color político, no ha sido la obsecuencia con el poder económico, sino que la falta de transparencia. Los políticos de todos los colores han honrado en general lo que un abogado denominaba: "el deber de ingratitud". No importa cuál haya sido el comportamiento contributivo de las empresas o personas, o la motivación de las contribuciones, la legislación de todo tipo aprobada los últimos años no ha favorecido a la empresa, sino que todo lo contrario.
La solución obvia es sincerar los aportes a campañas, sean de personas o empresas, registrándolos públicamente e institucionalizarlos de manera que solo se pueda aportar a los partidos y no a las personas. Sin partidos fuertes y con financiamiento conocido, no podremos salvar a nuestra política de los políticos.
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Las opiniones expresadas en la presente columna son de exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.
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Publicado en El Mercurio, 26.03.2016
Autor: Gerardo Varela