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Publicado en La Segunda, 05.11.2020
Publicado en La Segunda, 05.11.2020
Autor: Jorge Gomez
Señor Director:
Quizás uno de los problemas de fondo de la discusión constitucional tendrá relación con la concepción respecto de qué implica un proceso de tal magnitud. Una discusión vista como una simple pugna en torno a tajadas del Estado, es decir simples criterios redistributivos (basados en preferencias, intereses o deseos, por muy altruistas y justicieros que se presuman) puede dar paso a un Frankenstein legal que termine amparando una lógica corporativista de la peor clase.
Una discusión constitucional vista como una pugna por lograr imposiciones desde posturas a priori nos podría llevar a un loop en que, cada tanto, algún grupo de interés tuerce las reglas a su favor. Esta perspectiva contraviene el criterio esencial desde el cual se presume la necesidad de un orden constitucional para una sociedad basado en reglas generales de recta conducta. Si se supone que se quieren establecer instituciones justas, ello implica partir de principios justos para la discusión en sí, como, por ejemplo, los principios de juridicidad, autonomía o servicialidad, propios de cualquier marco constitucional.
Es deber de los ciudadanos exigir a quienes sean electos como constituyentes tener presentes tales principios, conocerlos y, sobre todo, respetarlos. Sería del todo paradójico que la discusión constitucional, tan proclamada en función de la justicia y de los principios, termine siendo una mera excusa para una disputa de poder entre facciones ansiosas de poder y privilegios que están dispuestas a romper las reglas.
Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.
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