La cultura del robo

Jamás olvidaré una vez en que, como estudiante universitario de recursos escuálidos, me detuve en Apoquindo a cargar bencina en mi Volkswagen escarabajo. “¿Llenamos?”, me preguntó el bombero. “No, póngale cinco lucas, no hay más plata porque tenemos muchos políticos corruptos”, le contesté, aludiendo a uno de los tantos escándalos de corrupción que se destaparon durante el gobierno de Ricardo Lagos.

El bombero se detuvo, me miró fijamente a los ojos y replicó con una sonrisa: “¡Pero si en Chile todos robamos!, ¿o usted no?!”.

Hasta el día de hoy recuerdo la cara de picardía y el tono pillo, casi orgulloso con el que me dio su desconcertante respuesta. Más de diez años después, un amigo perteneciente a una de las familias de mayor abolengo en el mundo financiero de Nueva York me demostró: “Axel, jamás inviertas tu dinero en América Latina, los latinos no creen en la propiedad privada como los anglosajones y nunca estará seguro. En el mundo anglosajón no existe una cultura del robo”.

Por supuesto resulta injusto y falso sosteniendo que en nuestros países todos roban, como afirmó el bombero, o que no hay ninguna consideración por el derecho de propiedad. Pero no es exagerado afirmar que nuestros países tienen una relación en extremo ambigua con el derecho de propiedad, lo que no ocurre en otras latitudes. Esta falta de compromiso en el respeto de la propiedad ajena es lo que cimienta en parte la fuerza de las ideologías socialistas y populismos predatorios tan comunes en nuestra región, los que ven en el deseo de robo, es decir, la confiscación arbitraria de la propiedad ajena, su motivación más profunda.

Chile vivió la experiencia de robos masivos de propiedad llevados a cabo por los gobiernos de Frei Montalva y Salvador Allende, los que terminaron por hacer colapsar la economía y, finalmente, la democracia. En tiempos más recientes, el Congreso, al aprobar retiros de los fondos violando las normas constitucionales vigentes, expuso a las compañías de seguro a ser despojadas de su propiedad con el aplauso de gran parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y los intelectuales. La Corte Suprema falló hace no mucho que un grupo de personas cuyos terrenos se encontraban tomados tenían derecho de propiedad sobre ellos, pero que otras personas sin solución habitacional podían usar esos terrenos, es decir, robarles, hasta que se encontrara una solución al problema de los primeros.

La Convención Constitucional -como advertimos hasta el cansancio ocurriría- sigue la misma línea de socavar el derecho de propiedad. En la norma impulsada por el Frente Amplio, por un lado, se declara que este derecho existe, pero por otro lo deja sin ninguna protección efectiva en contra de una expropiación (robo) por parte de la clase política o del populista autoritario de turno que terminar gobernando.

De esta forma, Chile decididamente avanza hacia institucionalizar el robo nuevamente. La pregunta es si habrá límites a la voracidad cleptómana de nuestros políticos. Si la historia es indicación de algo, la respuesta es que robarán cada vez que lo necesiten para estabilizar en el poder.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.


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