El tsunami de salud

Declaro desde ya que tengo conflicto de interés. He sido abogado y usuario de Isapres, director y abogado de hospitales y clínicas; he asesorado a acreedores de Isapres y de clínicas, he sido paciente y como muchos he pagado hartas cuentas médicas. Este conocimiento me ha permitido aprender la complejidad de la industria de la salud y que muchos creen que la entienden, pero muy pocos los que en realidad la conocen. Yo me encuentro en la categoría de los que sabemos que no la entendemos, pero sí hemos aprendido una que otra cosa.

Como toda industria este es un ecosistema, en que todas las partes son interdependientes y lo que se hace en un lado tiene efectos en otro. Lo que hablen un doctor y su paciente -en el secreto de una consulta- tiene efectos, en pabellones, laboratorios, farmacias, seguros, etc. Si el doctor le da licencia a ese paciente; se activa desde una Isapre que pagará la cuenta, hasta la empresa que reemplazará al trabajador mientras dure la licencia.

Esta interdependencia hace que no sea la justicia -a propósito de casos particulares y concretos- la indicada para resolver los desacuerdos políticos, porque el caso específico que le toca conocer a los jueces sólo les permite ver el aspecto del problema que se les presenta y no el total de las ramificaciones que puede tener su decisión.

«La virtual estatización que se nos viene sólo honrará la máxima de Rojas Vade: “si la salud no es buena para todos que no sea buena para nadie”».

La industria tiene debilidades económicas que deben resolverse. La más dramática son las licencias médicas fraudulentas que encarecen todo el sistema de salud sin financiar prestaciones reales. Solucionar ese problema financiaría la salud estatal. Por otra parte, fue una mala idea, prohibir que las Isapres pudieran tener clínicas (integración vertical) en circunstancia que esto debe analizarse caso a caso por la autoridad de libre competencia. En muchos casos esa integración puede ser virtuosa.

La salud estatal no es la solución porque tiene malos indicadores de productividad (bajo uso de pabellones; muchos días cama por paciente, ausentismo laboral grosero, etc.). Fonasa, por otra parte, es un mal administrador de un seguro, porque no paga nunca y esconde una deuda inmensa bajo la alfombra, no permitiendo que los prestadores privados le facturen. La virtual estatización que se nos viene sólo honrará la máxima de Rojas Vade: «si la salud no es buena para todos que no sea buena para nadie». Hoy el gobierno quiere capturar el 7% de cotización de salud (del cual 3% se gasta en licencias) y transformarlo en un impuesto disfrazado que va a Fonasa. Estatizar la salud es un error, porque el Estado tiene un desafío de gestión no de recursos y apropiarse de ese 7% solo postergará su modernización.

Lo que conozco sobre los sistemas de otros países (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Países Bajos, etc.) es que nadie ha satisfecho la aspiración de sus pueblos, de ser atendidos por el equipo del Dr. House, con la celeridad del McDonald, la tecnología de la Guerra de las Galaxias, y los precios del mall chino. Todos los sistemas tienen problemas parecidos pero el nuestro, a pesar de todo, muestra buenos índices en materia de expectativa de vida, mortalidad infantil, etc. El mal manejo del gobierno nos dejará en el peor de los mundos: ha creado un problema financiero sin solucionar el de salud.

Cuando la izquierda dice que hay que reemplazar una economía extractivista por una de valor agregado: la salud es una de ellas. Chile tiene capital y el conocimiento para competir en las ligas mundiales, pero la ideología, estulticia y los prejuicios de unos pocos nos frenan.

Por el momento el gobierno no ha dado el ancho. Sus soluciones apuntan a que desaparezca la salud privada sin hacerse cargo de la transición ni de la necesaria modernización del sector público. Entremedio, miles de personas quedarán sin seguros por preexistencias. Si las Isapres quiebran arrastrarán a muchas clínicas, que no pagarán sus obligaciones y muchos enfermos quedarán sin seguros que los cubran. Si el gobierno no hace algo urgente y bien hecho ante el tsunami que se viene, no quedará nada más que llamar a la Domitila, para que vea como la ola arrasa con la salud y de pasada con el gobierno.