El necesario sinceramiento de la “arista internacional”

Autor: Roberto Ampuero

La república atraviesa una coyuntura en extremo delicada, pero podemos salir de ella fortalecidos como país. Aunque suene a retórica, es una posibilidad cierta. Crisis es sinónimo de oportunidad, y la que afrontamos puede ser una oportunidad para, sin barrer bajo la alfombra la verdad ni la justicia, conseguir una camada de mejores políticos, perfeccionar la ley y reorientar a la República. Con los instrumentos de que ella dispone, puede sanearse a sí misma. La clave consiste en que las instituciones funcionen y en que, a pesar de la justa decepción ciudadana, las hogueras en la plaza pública no terminen suplantando al veredicto de la justicia.

Una característica de casi todos los análisis sobre la política chilena de estos días es que ven a Chile aislado del contexto internacional. Es decir, interpretan al país y, por ende, su crisis sólo mediante factores endógenos. Somos, en ese sentido, provincianos. Ignoramos la interrelación de intereses a nivel internacional y las formas de hacer política en la región. O bien consideramos que los demás países se mueven por los principios que nos guían a nosotros. Eso es ser cándido.

Este es el momento de hincarle el diente no sólo a los vínculos indebidos entre política, negocios y Estado, sino también a los indebidos entre políticos o partidos chilenos y políticos o gobiernos del extranjero. No puede ser que bajo las actuales circunstancias sólo terminen en el banquillo de los acusados quienes extendieron boletas en Chile, pero queden libres de polvo y paja quienes hayan recibido recursos del extranjero bajo idénticas condiciones. Sabemos que, gracias al autoritarismo o la corrupción de ciertos regímenes, esos flujos indebidos pueden no dejar estela documental. Estamos ante un espacio que necesita regulación y fiscalización.

Es importante crear mecanismos para indagar en este ámbito y establecer las sanciones correspondientes. Olvidamos el significado internacional que ha tenido Chile en su historia reciente, y el papel que jugaron actores foráneos en nuestro país durante el gobierno reformista de Eduardo Frei Montalva, la caótica administración de Allende, la dictadura de Pinochet o el retorno a la democracia bajo una centroizquierda socialdemócrata que administró con éxito el libre mercado. Durante decenios el país ha tenido afuera un impacto político que no guarda relación con su peso económico ni demográfico, lo que nos permite suponer que han actuado -y aún actúan- intereses foráneos en nuestra política.

Para decirlo de forma clara: que triunfara o fracasara Allende no era sólo un tema que incumbía a Chile. Lo mismo ocurría con Pinochet, y qué decir con la transición a la democracia, liderada por una Concertación exitosa, que por su “aburguesamiento” socialdemócrata siempre fue mirada en menos y con escepticismo por la izquierda dura y los gobiernos bolivarianos.

No hay duda de que para sanear la república también debemos disponer de leyes que permitan investigar la eventual llegada de fondos “negros” del extranjero a la política chilena. Hay que investigar también si existe o ha existido una “arista internacional” en la política. Es cierto que es infinitamente más fácil detectar la ruta de recursos ilegales en las modernas sociedades democráticas de economía abierta que en los países regidos por regímenes dictatoriales o autoritarios, pero eso no debe obstaculizar la capacidad investigativa de Chile.

En ese tipo de regímenes, donde el periodismo carece de independencia y libertad, el jerarca no debe dar cuenta a nadie del uso de recursos públicos. Como lo sugieren los flujos multimillonarios de dólares “donados” por Hugo Chávez a sus aliados extranjeros cuando Venezuela aún contaba con multimillonarias reservas, a menudo basta una palabra del mandamás de turno para transferir fondos en maletines. Por eso la legislación chilena debe abrirse hoy también a contemplar el “arista internacional” en esta materia.

No se trata de impedir, como en Cuba o Venezuela, que fundaciones internacionales colaboren con las instituciones chilenas con las que comparten principios y objetivos políticos o sociales, sino de revisar el marco legal que las regula para que todas las partes puedan actuar con tranquilidad y transparencia en un ámbito donde tanto reglas como sanciones sean claras.