El libre mercado como protector de la naturaleza

Autor: Bastián Romero

Debido a su carácter comunitario, la protección de la naturaleza suele entenderse como una responsabilidad que cae sobre los hombros de la administración pública. De igual forma que una naturaleza contaminada afecta negativamente a todos los que hacemos uso de ella, una naturaleza limpia tiene efectos positivos en la comunidad entera. Así, es común esperar que sea el Estado quien se encargue de velar por el cuidado de nuestro entorno natural, ya que es intrincado pensar cómo los individuos —que actúan en función de su propio interés— podrían asumir los costos de proteger la naturaleza para que el resto también aproveche los beneficios.

«Ecología de libre mercado» lo llaman los académicos Terry L. Anderson y Donald D. Leal, quienes —en su libro del mismo nombre— ofrecen una fresca perspectiva sobre la relación entre el entorno natural y la economía. Según la obra —que fue publicada originalmente en 1991— los incentivos que llevan a las personas a proteger la naturaleza, a menudo se crean en el mundo privado y no en el público. De hecho, la burocracia que conlleva proteger la naturaleza desde la administración pública, ocasionalmente, crea en incentivos perversos que solo aumentan el tamaño del Estado en desmedro del entorno natural.

Por ejemplo, explican los autores, hacia fines del siglo XIX en las cercanías de la ciudad de Seattle, la familia Beck adquirió una serie de parcelas que cuidó y transformó en un parque donde el público general podía pagar 25 centavos para entrar a disfrutar de la naturaleza y presenciar conferencias sobre ecología, llegando a tener 10 mil visitantes en los días más concurridos. Sin embargo, en 1911, después de ser presionado por grupos ecologistas para tomar más acción en el cuidado de la naturaleza, el Estado expropió aquel parque. Con el pasar de los años, los árboles gigantes que los Beck habían logrado conservar en el Parque Ravenna comenzaron a desaparecer. Los culpables, se supo después, fueron los mismos administradores públicos, quienes, al no tener un incentivo para proteger lo que no les pertenecía, talaban los árboles para luego venderlos como leña.

«No es sorpresa que Chile, al ser el país con el mayor nivel de libertad económica en América del Sur, también sea el país con los mejores índices de desempeño ecológico en la región».

En América Latina también podemos encontrar ejemplos de Estados que fallan en su función autoasignada de proteger de la naturaleza. Según una entrevista a representantes de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo (FCDS) en Colombia, el gobierno central está en constante conflicto con los gobiernos regionales respecto a qué hacer con la región amazónica de Guaviare: existen mandatos extractivistas y de ocupación del área al mismo tiempo que esta se establece como reserva natural. La confusión y la estructura de enemigos internos que el Estado creó para sí mismo se extiende por toda la Amazonía colombiana y resulta en que, (i) los habitantes no conozcan los límites entre uso y preservación de la naturaleza, imposibilitando el cuidado del entorno natural, y que, (ii) el Estado no llegue de manera suficiente a la zona, manteniéndose el área un cómodo espacio para el narco terrorismo.

Los problemas de incentivos son comunes cuando los tomadores de decisiones no sufren las pérdidas por destruir lo que no es suyo, como fue el caso de los burócratas de Seattle y de Colombia. Por ello, la literatura económica indica que, la libertad económica es clave para el desarrollo sustentable. Según Hartwell y Coursey (2015), a medida que las economías cuentan con una mejor protección de sus derechos de propiedad y crecimiento económico, tenderán a mejorar más su entorno natural. Más aún, la investigación de Bernaur y Koubi (2013) revela que los países con gobiernos más grandes están asociados a mayores concentraciones de dióxido de azufre (un contaminante) en su ecosistema. Asimismo, Meyer y Pac (2013) y Dasgupta (1997) indican que, en general, las empresas estatales contaminan más que las empresas privadas. Y —aunque en menor medida— la apertura comercial al mundo que permite el ingreso de innovaciones más ecológicas a países que las necesitan, también puede proteger nuestra naturaleza.

Dado lo anterior, no es sorpresa que Chile, al ser el país con el mayor nivel de libertad económica en América del Sur, también sea el país con los mejores índices de desempeño ecológico en la región.
Los autores de Ecología de Libre Mercado no pretenden sugerir que todos los recursos naturales debiesen ser privados, pero son escépticos de un Estado interventor que se atribuya el papel de protector de la naturaleza, pues, en sus palabras: «esperar que los gestores burócratas dejen de lado sus propios intereses y valoren objetivamente los beneficios y costes de una administración multiuso es ignorar el tipo de información y los incentivos con que trabajan».