El espejismo de la democracia directa

La efervescencia producida por la marea de elecciones políticas que se avecinan en Chile, sumado a la próxima instalación de la Convención Constitucional (CC), han provocado el resurgimiento de múltiples voces que reclaman por una democracia más representativa o más “directa”, en donde la supuesta “voz del pueblo” pueda ser finalmente escuchada a través de cabildos comunales o asambleas varias.

Estos reclamos de crear una democracia directa o “popular” van de la mano de un fuerte —pero válido— diagnóstico crítico del estado actual de nuestra política y de nuestra democracia representativa. No cabe duda de que la existencia de múltiples mecanismos democráticos y de participación que recojan información y las inquietudes de la ciudadanía serán insumos valiosos para la legitimidad y el buen funcionamiento de la CC y de nuestra hoy tan debilitada democracia.

No obstante, como ya lo advertía lúcidamente John Stuart Mill (2001), estos mecanismos radicales o “populares” de deliberación no son una panacea, y presentan serias limitaciones, por lo que deben utilizarse como mecanismos adjuntos (no vinculantes) y no para reemplazar o torcer a los mecanismos tradicionales de la democracia representativa.

Esta ola de nuevos cuestionamientos a la democracia liberal plantea que los procesos democráticos y tradicionales que tenemos serían “elitistas”, ya que defienden los intereses de la oligarquía económica y que, por lo tanto, generarían desigualdad. Se argumenta así que debemos transformarlos de forma radical para que sean más directos o populares, creando entonces un proceso constituyente “popular”. Esta forma asambleísta o “plebeya” de ver la política, que tiene el supuesto propósito de representar la verdadera “voz del pueblo” y defender los intereses de toda la sociedad, ha sido encapsulada de forma bastante nítida a nivel nacional por los trabajos de Carlos Ruiz Encina (2015, 2019) y de Camila Vergara (2020a, 2020b). Veremos a continuación un análisis crítico de dichas ideas.

LA UTOPÍA DE LA DELIBERACIÓN Y UNA NUEVA REPÚBLICA PLEBEYA

Intelectuales nacionales como Carlos Ruiz Encina, presidente de Fundación Nodo XXI, arguyen, por ejemplo, que debemos “democratizar” instituciones clave como el Banco Central —que es una institución de esencia técnica y alto grado de complejidad— y abrirlas a procesos deliberativos en los que se escuche la verdadera voz del pueblo. Como lo declaró Ruiz Encina a inicios de año en un debate de Nodo XXI: “hoy hay una oportunidad de democratizar las instituciones que están a cargo de concebir, de definir, de trazar los rumbos del crecimiento”. Precisamente, según Ruiz, deberíamos democratizar y hacer más deliberativo el Banco Central, alterando “la independencia mal entendida del Banco Central”. De la misma manera, la economista Javiera Petersen, haciendo eco de los dichos de Ruiz, recalcó en aquel mismo debate que “no tocar el Banco Central, es no tocar de forma profunda el Estado subsidiario”. Así las cosas, el “tocar de forma profunda” el Banco Central sería, para este grupo de intelectuales, “democratizarlo”, lo que en realidad no es más que un simple eufemismo para forzar a que las instituciones de la democracia representativa sean sometidas a la decisión de ciertos grupos organizados o de asambleas populares, presuntamente diseñadas y facilitadas por estos mismos intelectuales apasionados con la “deliberación popular”.

Con todo, para instaurar una verdadera “transformación política”, arguye Encina (2015), es necesaria la “democratización” de las instituciones fundamentales que dirigen el proceso socioeconómico. Por “democratizar”, Encina (2015) entiende el abrir a la deliberación política y procesos asambleístas deliberativos, en donde algunos grupos de presión de la sociedad civil u organizaciones colectivas puedan influir en la política pública o en instituciones claves, como ya hemos visto con el Banco Central. Está claro que el presidente de Nodo XXI pareciera romantizar la política asambleísta y la acción política “directa”, ejercida a través de organizaciones o grupos de presión, como si fuesen una forma elevada de hacer deliberación política. Este asambleísmo idealizado, a través de grupos de presión sería, en sus propias palabras: “la política como experiencia social donde se concreta la libertad humana para proyectar su futuro como especie, como sociedad” (Encina, 2019).

En síntesis, como lo reconoce Ruiz en una entrevista, “lo que deberíamos entender”, señala, es “cómo organizarnos para ejecutar la lucha contra los cerrojos constitucionales que impiden el desarrollo de las temáticas específicas que distintos grupos de interés tienen”. De esta forma, transitaríamos desde una democracia representativa liberal, hacia una democracia deliberativa posiblemente coaptada por la presión de ciertos grupos de interés bien organizados y vociferantes, que deliberarían posiblemente en desmedro del bien común y de las minorías.

Por otro lado, Camila Vergara, Periodista y Doctora en Teoría Política de Columbia University, propone, por ejemplo, directamente “saltarse el veto conservador” de las reglas democráticas de la Convención Constitucional, de manera que “el pueblo tendría que mantenerse movilizado para hacer presión desde las calles”. Sin embargo, Vergara reconoce que este mecanismo para ejercer la voz del “pueblo organizado” no sería una vía viable.  Se vuelve a recomendar entonces una forma de democracia directa o asambleísta para incrementar “la participación popular en el proceso constituyente a través de los cabildos locales”.

Las democracias representativas entonces, enarbola Vergara, generarían una “corrupción sistémica, en el que la estructura legal e institucional trabaja constantemente para enriquecer a unos pocos y oprimir a la mayoría” (Vergara 2020a, p. 25). Ante un análisis dicotómico semejante y tan profundamente crítico de la democracia representativa, no es de extrañarse que la autora vea, como única salida, una profunda “reforma estructural” a través de una “intervención política, abogando por la acción colectiva y la institucionalización del poder popular como la única solución” (ibídem, p. 17). Nace así otra propuesta asambleísta “popular” similar a la de Carlos Ruiz (2015) o lo que esta autora denomina una “República plebeya”. En sus propias palabras, esto es “el establecimiento de cabildos locales como órganos del pueblo capaces de deliberar y decidir qué derechos debieran ser incluidos en una nueva constitución […] el origen de una república plebeya en la que el soberano no es la agregación de los individuos, sino el pueblo plebeyo organizado en cabildos locales” (ibídem, p. 28). Dichas ideas asambleístas de una presunta “Republica plebeya” han sido reformuladas por Vergara (2020b) en su más reciente libro Systemic Corruption: Constitutional Ideas for an Anti-Oligarchic Republic.      

DOS PROBLEMAS PRÁCTICOS DEL ASAMBLEÍSMO Y DE LA DELIBERACIÓN POPULAR

El problema fundamental de tales ilusiones deliberativas o asambleístas de Vergara y de Ruiz es que pretenden implementar una forma alternativa de democracia para hacer oír la voz del pueblo –para solucionar así los problemas de representación, legitimidad y corrupción—, pero, como veremos a continuación, dichas propuestas de cabildos y asambleas en realidad no resuelven en lo absoluto las limitaciones inherentes de la democracia. Dicho de otra forma, estas propuestas asambleístas que buscan subsanar los problemas de la democracia liberal son igual de deficientes e imperfectos, y están propensos a generar los mismos —o incluso hasta mayores— problemas relacionados con la falta de legitimidad y de representación, como también a generar dinámicas elitistas y de corrupción. Más trascendental aún, dichos sistemas de “democracia popular” son realmente incapaces de representar a la supuesta “voz del pueblo”, ya que, como lo ha evidenciado de manera categórica la teoría económica y la teoría de la elección social (Social Choice Theory), la verdadera voz del pueblo o la voluntad general de la sociedad no existen (Arrow, 1951; Plott, 1976; Riker, 1982). Esta voluntad colectiva coherente y unitaria es así un espejismo retórico incapaz de poder ser discernido por cualquier sistema de elección colectiva, sea democracia representativa o asambleísmo (Munger y Munger, 2015).     

Así las cosas, el supuesto “pueblo organizado en cabildos comunales” (Vergara 2020a) no resolvería en la práctica ninguno de los problemas inherentes a la deliberación política anteriormente mencionados por dos grandes motivos; a saber: 1) sesgos de autoselección, con la posible captura de los grupos de interés, y 2) la baja representación y participación, y la escasa legitimidad que generarían dichos procesos. Si bien existen otros argumentos teóricos de peso adicionales que cuestionan la idea de que el asambleísmo sea capaz de captar la voz del pueblo (Munger y Munger, 2015), o de que la presunta voz del pueblo y su voluntad general existan de plano (Plott, 1976; Riker, 1982), en lo que resta de este artículo exploraremos solo estos dos problemas prácticos en detalle.

A) SESGOS DE AUTOSELECCIÓN CON LA CAPTURA DE LOS GRUPOS DE INTERÉS   

Primero, debemos reconocer que aquellos supuestos mecanismos participativos o “cabildos populares” no son realmente ni muy populares ni tampoco muy participativos. En dichas propuestas, se omite sistemáticamente reconocer que dichos cabildos involucran universos extremadamente acotados de la población y que, generalmente, estos están vinculados a movimientos ideológicos o políticos organizados, cuya participación se vincula mucho más a formas para ejercer presión política y obtener ciertas rentas, que a verdaderos mecanismos neutrales de participación “popular”.

De hecho, se ha evidenciado que, en las asambleas convocadas y autoconvocadas ocurridas después del 18-O, existía la presencia de militantes políticos en ellas. CIPER, en su análisis de las asambleas post-estallido, evidenció que “aparecieron miembros de colectivos de la izquierda extraparlamentaria (Convergencia 2 de abril, Partido Igualdad, Movimiento Internacional de Trabajadores) y dirigentes que forman parte de colectivos estudiantiles y otros de sensibilidad anarquista” dentro de las asambleas. Dicho de otra forma, los supuestos neutrales “cabildos populares”, por lo general o responden a grupos ya organizados en torno a ciertos grupos de interés pre-existentes, movimientos de presión política, o responden a sesgos de autoselección (self-selection bias), en donde los individuos se seleccionan a sí mismos dentro de un grupo afín, lo que generaría una muestra sesgada. Así, el asambleísmo deja de ser neutral, describiendo una autoselección que se retroalimenta hacia el resto de la sociedad: se describen situaciones en las que las características políticas de las personas hacen que se seleccionen a sí mismas dentro del grupo, creando condiciones anormales dentro del mismo, como la sobrerrepresentación ideológica, las “cámaras de eco” y el pensamiento de grupo (groupthink). Esto hace que el asambleísmo sea propenso a generar procesos a través de los cuales el grupo toma decisiones malas o irracionales (Janis, 1972).

En una situación de groupthink, los miembros del grupo intentan conformar sus opiniones hacia aquella que es el consenso de la mayoría o hacia aquella opinión que resulta más popular o vociferante. Sin embargo, esto puede resultar en una situación en la cual —dada la presión grupal— el grupo se pone de acuerdo con relación a una política, pero que en realidad cada miembro individualmente considera indeseable. De hecho, estos problemas epistemológicos, de sesgos y de captura política son inherentes a cualquier forma de organización deliberativa o de votación grupal, lo que podría cuestionar las supuestas bondades y la ausencia de corrupción dentro de la deliberación popular (Anderson, 2006; Austen-Smith y Banks, 2014). Es evidente entonces que dichos sistemas asambleístas pueden ser rápidamente cooptados por los grupos más vociferantes o violentos o por aquellos grupos organizados detrás de ciertos intereses específicos (los cazadores de renta) en desmedro del bien general y de las minorías (Lewis, 2013).  

Estas formas de asambleísmo, al tratar de reducir o eliminar los contrapesos que impiden el radical despliegue de la presunta “deliberación popular”, podrían conducir a sistemas inherentemente corruptos, cooptados por grupos de intereses y de proyectos populistas que, partirían como supuestos proyectos de democracias inclusivas, pero que transitan rápidamente hacia autoritarismos o tiranías de cazadores de rentas que erosionan, e incluso destruyen, la propia democracia en el largo plazo (Levitsky y Ziblatt, 2018). De esta manera, la utopía de una república plebeya podría ser un remedio peor incluso que la misma enfermedad.

Es más, a nivel teórico, en ciertas variaciones de la dinámica de búsqueda grupal, la representación muestra una ligera ventaja sobre la participación directa (Grim et al., 2020). En efecto, el economista Garett Jones (2021), en su libro 10% Less Democracy, demuestra múltiples formas en las cuales una reducción del control democrático directo sobre ciertas decisiones públicas genera mejores resultados colectivos, sobre todo en materias técnicas y complejas como la política monetaria del Banco Central. La evidencia empírica y de laboratorio sugiere que deberíamos renunciar a nuestro apego casi religioso hacia la democracia directa y verla como lo que realmente es: una herramienta que resulta útil sólo cuando es utilizada con moderación (Jones, 2021). En síntesis, estos supuestos cabildos populares o “democratización” no resolverían realmente los problemas de tener una democracia “no neutral” o “sesgada”, ni tampoco serían capaces de evitar la captura o cooptación por parte de grupos de presión o de cazadores de rentas políticas a nivel local.    

B) BAJA REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN: ¿DÓNDE ESTÁ LA LEGITIMIDAD?

Segundo, debemos recordar que, incluso durante el impulso del “estallido social” y en pleno apogeo de la crítica a nuestra forma tradicional de gobierno y a los partidos políticos post 18-O, la participación espontánea de la gente en dichos sistemas asambleístas y de cabildos autoconvocados no fue generalizada. De hecho, CIPER realizó un muestreo para poder contabilizar a todas las agrupaciones y asambleas que surgieron tras el estallido social y sus números no eran demasiado categóricos. De los espacios consultados por CIPER, estos agrupaban a sólo unas 2.000 personas organizadas en 17 asambleas y tres coordinadoras territoriales. Es más, la organización que más asambleas reunía era la Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT) de la Región Metropolitana. El 18 de enero del 2020 juntaron a 1.200 personas en la Escuela de Artes y Oficios de la USACh.

Si bien es muy probable que dicha estimación de CIPER pueda estar subestimada, quedándose corta respecto a la real participación ciudadana en los cabildos (i.e., el movimiento Unidad Social, estima que más de 10 mil personas participaron en los cabildos), el hecho de que no hablemos ni siquiera de un 1% de nuestra población en el territorio nacional evidencia que dichos mecanismos “populares” son bastante menos populares y masivos de lo que se les quiere hacer ver. Es decir, incluso después del empujón emocional que recibieron dichas formas de democracia directa, debido al estallido social y el descalabro de los partidos políticos, el número de estas asambleas y la participación ciudadana no superó el 1 o 2% de la población. Difícilmente entonces podríamos decir que dichas formas de asambleísmo pueden reflejar la “voz del pueblo” o una forma popular de representar las inquietudes de todo el país. Las asambleas de deliberación parecieran ser capaces de movilizar solo a algunos ciudadanos bastante entusiastas a través de sesgos de selección, pero que –como ya se vio en el proceso impulsado por la Presidenta Bachelet— apenas constituyen una parte muy reducida de la población.

En efecto, los resultados de participación del proceso constituyente impulsado por la Presidenta Bachelet fueron bastante deficientes. A pesar de los esfuerzos económicos y comunicacionales del gobierno de la época por convocar a toda la población, apenas se contabilizó la participación de solo 220 mil ciudadanos (efectivamente fueron 218.689 que participaron en las distintas etapas del proceso). Si consideramos que aproximadamente 14,5 millones de ciudadanos podían haber participado efectivamente de dicho proceso, ello equivaldría a una representación política de un magro 1,5% de supuesta deliberación “popular”. Dificultosamente a esto lo podemos llamar la expresión de la voz del pueblo.

En suma, en las dos experiencias recientes y más intensas de participación ciudadana en asambleas y cabildos de la última década, ninguna de las dos instancias —ni la de la Presidenta Bachelet, ni aquella post-18-O— lograron convocar a más de un 2% de la ciudadanía. Sin duda, dos procesos deliberativos que convocaron a tan pequeño número de la población difícilmente podrían ser tildados de deliberaciones populares que generan legitimidad democrática. Menos aún de procesos amplios y generales en donde se agrega la visión de distintos actores heterogéneos y en donde impera la diversidad epistémica de los participantes (Anderson, 2006).

Las dificultades prácticas, las posibilidades de facciones y de cooptación locales y la frágil realidad de los cabildos evidencia que estamos bastante lejos de aquella utopía plebeya prevista por intelectuales como Ruiz y Vergara. Resulta imprudente entonces señalar, como lo hace Camila Vergara, que dichos procesos, que convocan a menos de un 2% de la población de un país, deberían ser no solo favorecidos, sino que incluso resultar hasta vinculantes en la política, con el objetivo de restaurar legitimidad en la democracia nacional. Lo contrario pareciera ser verdad: el hecho de hacer vinculantes ciertos cabildos con evidentes sesgos de autoselección y asambleas que están propensas a la cooptación de grupos de interés y que, por sobre todo esto, convocan a un lacónico 2% de la población, podrían terminar por deslegitimar y polarizar aún más nuestra democracia y convivencia.  

CONCLUSIONES

A la luz de estos magros números, y dado las deficiencias de protección para con las capturas locales y los sesgos de autoselección señalados, resulta evidente que estos mecanismos de asamblea popular no resultan ser ni muy populares ni demasiado neutrales; así como tampoco resultan ser mecanismos que realmente puedan otorgar un mayor sentido de “legitimación popular”. Resulta azaroso asegurar que la “voz del pueblo” y el “poder popular” que legitimaría a la democracia se encuentren en estos mecanismos en los que participa un escaso número del electorado nacional. Hemos advertido en este texto que estas formas de “profundizar la democracia” poseen realmente estructuras frágiles y riesgos inherentes de cooptación que terminarían derivando en lo que se conoce como una “democracia iliberal” deficiente y autoritaria (Zakaria, 2007).

De esta forma podemos reconocer en la crisis de la democracia liberal una demanda de profundización por la deliberación democrática, pero —como hemos advertido— dicha quimera se obtendría en desmedro de principios liberales fundamentales para una sociedad abierta y tolerante con las minorías. La mejor manera de interpretar estas propuestas “populares”, sería entonces como una deficiente respuesta “democrática antiliberal” ante las fallas de la democracia contemporánea (Mudde, 2019). Lo que sí esta claro, advierte Mudde (2019), es que “ni copiando a la democracia antiliberal, ni aumentando el liberalismo antidemocrático, salvaremos a la democracia liberal”. Esta es una conclusión que los intelectuales no deberían desestimar a la hora de promover dichas frágiles utopías populares en nuestro país.    

Con todo, estos mecanismos asambleístas no presentan una solución efectiva para poder escapar de las capturas de grupos de interés, de los manejos de las élites locales y de los mismos problemas elitistas que Camila Vergara y Carlos Ruiz le atribuyen a la democracia representativa liberal, ya que estos procesos presentan las mismas (o peores) dinámicas de sesgos de autoselección, groupthink y la captura o dominación por parte de grupos rentistas o ideológicos vociferantes, haciéndolas bastante menos ideales de lo que la autora de la República plebeya cree.

Este análisis sirve para entender que la crisis de la democracia liberal no puede ser superado a través de utopías asambleístas o deliberativas como las expuestas por estos autores. Como lúcidamente lo ha señalado la Premio Nacional de Historia Sol Serrano en una entrevista: “Por cierto que la democracia representativa vive una crisis, pero denigrarla no parece ser la forma más segura de mejorarla”. De esta manera, Camila Vergara (2020a), al calificar a la democracia representativa de oligárquica, corrupta y elitista –tras exponer sus fallas y fragilidades– por un lado, e idealizar a la deliberación local y los cabildos comunales, por el otro, cae víctima de la famosa “falacia del Nirvana”² acuñada por el economista Harold Demsetz (1969). El argumento de la autora presenta pues una falsa dicotomía: presenta una realidad democrática imperfecta contra una opción idealizada que es a priori y evidentemente ventajosa, pero que es, simultáneamente, inverosímil e inalcanzable en la práctica.  

En conclusión, el hacer política en un sistema democrático y el elaborar una Constitución requieren de un ejercicio intelectual, una profesionalidad y una racionalidad enormes, que han de sustentarse en un concienzudo análisis y una redacción basada en la experticia técnica. Sin duda esto debe ir de la mano con recoger insumos locales, datos estadísticos e información clave proveniente de distintos actores sociales y de distintos organismos de la sociedad civil que ayuden a enriquecer el debate profesional que se realiza —a pesar de todo— dentro de un grupo de personas electas que posee cierta experticia técnica-política.

Al final del día, un cuerpo electo, elegido democráticamente a través de un proceso marcado por una alta participación, en la que el voto de cada uno tiene el mismo valor de aquellos que más vociferan en las calles y de aquellos más fanáticos que se juntan en sus barrios a “deliberar”, se encuentra en mejores condiciones epistémicas (Jones, 2021) y de representación (Lewis, 2013) para poder cumplir la tarea de hacer política. Esta, como bien advertían John Stuart Mill y Raymond Aron, es una política imperfecta, pero sin Nirvanas ni espejismos irreales, que tiene finalmente mayor legitimidad, representación y eficacia que las utópicas (y peligrosas) alternativas asambleístas que resultan ser ni neutrales, ni epistemológicamente superiores, ni tampoco populares.

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