El campo llora

Las declaraciones del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, pidiendo a los municipios rurales «dejar de llorar» frente a la ola de delincuencia en el campo, son la prueba de su desconexión con la realidad. La inseguridad en las zonas rurales no es una exageración ni un problema menor. Es una crisis que está costando vidas, destruyendo el trabajo de agricultores y dejando en evidencia la incapacidad del gobierno para garantizar el Estado de derecho fuera de las ciudades.

Lo más grave es que estas declaraciones ocurren en un contexto donde el problema rural ha quedado en evidencia por tres circunstancias innegables. En primer lugar, el asesinato de un matrimonio en Graneros demostró que el crimen organizado ya no solo azota a las ciudades, sino que ha penetrado el campo con la misma violencia. Este hecho dejó claro que la inseguridad rural no es una cuestión de percepción ni de alarma infundada, sino un fenómeno que está cobrando vidas. Mientras los delincuentes actúan con total impunidad, el ministro elige menospreciar las demandas de seguridad de quienes viven en estas zonas.

«Las declaraciones del ministro Valenzuela son inaceptables. No solo demuestran su falta de sensibilidad con las víctimas de la delincuencia, sino que reflejan una ausencia total de liderazgo frente a un problema que ya se ha salido de control»

En segundo lugar, el Congreso está debatiendo un proyecto de ley que busca agravar las penas para los delitos cometidos en zonas rurales (Boletín No. 12096-07), precisamente porque la vulnerabilidad de las víctimas y la ventaja de los agresores hacen que la delincuencia en el campo sea especialmente grave. Este proyecto ya fue aprobado en comisión, lo que significa que existe consenso político sobre la necesidad de una respuesta legislativa urgente. ¿Cómo es posible que mientras el Parlamento avanza en endurecer las sanciones, un ministro del Ejecutivo insista en minimizar la situación?

En tercer lugar, la «1ª Encuesta de Robo Agrícola» de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) confirmó con cifras lo que los agricultores vienen denunciando hace años: el 80% de ellos ha sido víctima de robos en el último año, acumulando pérdidas por 380 millones de dólares. No es un problema aislado ni una percepción exagerada. Es un fenómeno que está afectando a casi todos los productores del país, poniendo en riesgo el desarrollo económico del sector agrícola. Si estas cifras no generan una reacción inmediata por parte del gobierno, nada lo hará.

Frente a esto, la izquierda ha intentado reducir el problema llamando a las palabras del ministro «desafortunadas», como si se tratara de un simple desliz verbal. Pero decir que algo es «desafortunado» implica que sus consecuencias negativas fueron accidentales o producto de un error involuntario. Nada de eso ocurrió aquí. Valenzuela no cometió una torpeza ni fue víctima del azar: dijo exactamente lo que pensaba. Su problema no fue la elección de palabras, sino que sus convicciones chocaron de frente con una realidad que exige respuestas concretas. La condena a su discurso no se debe a una mala formulación, sino a la absoluta desconexión de su pensamiento con la urgencia del problema. Pretender que todo se reduce a una cuestión de mala comunicación es una manera conveniente de evitar el verdadero debate: la inacción del gobierno ante la crisis rural.

Las declaraciones del ministro Valenzuela son inaceptables. No solo demuestran su falta de sensibilidad con las víctimas de la delincuencia, sino que reflejan una ausencia total de liderazgo frente a un problema que ya se ha salido de control. Un ministro de Agricultura debe estar del lado de quienes producen, defienden y sostienen el campo, no del lado de la indiferencia burocrática. Su permanencia en el cargo solo agrava la sensación de abandono que hoy sienten los agricultores y comunidades rurales.

Por dignidad, por responsabilidad política y por respeto a las víctimas, el ministro Valenzuela debe renunciar.