Datos atrasados, gasto mal focalizado

Autor: Bastián Romero

En enero se conocieron los nuevos resultados de la encuesta Casen 2024, que mostraron una caída significativa de la pobreza por ingresos. Es una buena noticia, especialmente porque se aplicó una metodología más exigente que corrige sesgos relevantes del método anterior y permite identificar a personas —en particular adultos mayores propietarios de sus viviendas— con ingresos insuficientes que antes quedaban fuera de la medición oficial. Como advirtió Jorge Quiroz en 2023 —aunque a algunos les cueste reconocérselo—, la metodología previa imputaba ingresos excesivamente altos a este grupo, sin actualizar adecuadamente el gasto en vivienda utilizado para definir la línea de pobreza.

Las correcciones eran necesarias. En ese sentido, resulta razonable que el gobierno haya postergado la publicación de las cifras para incorporar la nueva metodología. No razonable es la magnitud del retraso. Entre agosto de 2025 y enero de 2026 —cinco meses completos— economistas, investigadores y académicos no tuvimos acceso a bases de datos y parámetros clave. Más grave aún, el presupuesto de 2026 se diseñó y aprobó utilizando información social desactualizada, que no refleja la realidad actual del país. Este riesgo fue advertido reiteradamente por expertos, pero no fue atendido por la autoridad.

«Una sociedad liberal que busca cuidar los recursos de sus ciudadanos y focalizarlos donde más se necesitan utiliza la información disponible, no la esconde».

Uno de los costos más concretos de este retraso se observa en la distribución del Fondo Común Municipal (FCM) para 2026. Cerca de $2,8 billones se repartirán entre los municipios según una fórmula que pondera distintos factores, entre ellos la tasa de pobreza comunal, estimada a partir de la Casen mediante técnicas econométricas diseñadas para áreas pequeñas.

El problema es que, al no contar con datos más actualizados, el FCM 2026 se calculó utilizando tasas de pobreza de 2022, construidas a su vez sobre patrones de consumo observados en 2011–2012 (Encuesta de Presupuestos Familiares VII). La nueva metodología justamente actualiza esos patrones. El objetivo del FCM es transferir recursos hacia los municipios con mayores necesidades, pero al hacerlo con información obsoleta se compromete la focalización y, con ello, la eficiencia del gasto estatal.

Peor aún, la legislación vigente abre la puerta a que este problema se repita. El Decreto 303 publicado en enero de 2025 establece que, para el cálculo del FCM del año venidero, el Ministerio de Desarrollo Social debe informar las tasas de pobreza comunal en junio, utilizando la última Casen disponible en diciembre del año previo. Si nada cambia, para el FCM 2027 podría volver a utilizarse la Casen 2022, que era la última disponible en diciembre de 2025. Esperemos que no.

Todo esto ocurre en un contexto donde el diseño del FCM ya presenta problemas relevantes. Cerca de dos tercios de su financiamiento provienen del impuesto territorial —las mal llamadas contribuciones—, un tributo de cuestionable justificación ética y constitucional. Además, la fórmula de distribución genera resultados difíciles de defender, ya que, en 2025, municipios como Maipú, con una tasa de pobreza comunal de 3,3%, recibieron el doble de recursos por habitante que Estación Central, cuya pobreza alcanza el 5%. Para mejorar la focalización, Dazarola (2020) propuso aumentar el peso relativo de la pobreza en el esquema de asignación. No ha habido avances en ello desde 2007.

La literatura también advierte problemas de incentivos. Bravo (2014) mostró que una mayor dependencia del FCM reduce los incentivos al esfuerzo recaudatorio propio. Y, más recientemente, Ordóñez et al. (2025) encontraron asociaciones significativas entre mayores transferencias del FCM y mayores niveles de corrupción en compras públicas municipales.

Si el FCM ya adolece de falencias éticas, técnicas y de incentivos perversos —además de la notoria falta de voluntad política para reformarlo—, resulta inaceptable que se calcule, además, con datos desactualizados. Una sociedad liberal que busca cuidar los recursos de sus ciudadanos y focalizarlos donde más se necesitan utiliza la información disponible, no la esconde.