Convención Constitucional: asediada y sin reglas

A pesar de haber superado ordenada y pacíficamente el plebiscito del 25 de octubre, en donde la mayoría de la ciudadanía decidió democráticamente que nos embarcáramos en un nuevo proceso para redactar una carta fundamental, poco se ha discutido en torno a cómo realmente va a operar la Convención Constitucional y cuales serán sus reglas y procedimientos. Esto es preocupante, ya que a solo pocos meses de que los chilenos deban elegir los rostros que formarán dicha Convención, todavía existen grandes dudas respecto a los aspectos más básicos de cómo este órgano operará en la práctica. La desprolijidad pareciera asechar a la Convención.

No cabe duda de que el nuevo proceso constitucional que estamos abriendo esta lleno de volatilidad y una incertidumbre que durará al menos un par de años, pero a prescindir de la incertidumbre obvia y natural de largo plazo, que conlleva siempre el tratar de cambiar las reglas fundamentales de un país, existe también otra fuente de gran incertidumbre y de riesgo que no ha sido destacada en el debate público; a saber los relacionados con definir bien o mal las reglas y los detalles institucionales que regirán la operación específica de la Convención Constitucional. Esta es una de las mayores fuentes de incertidumbre política de corto plazo que tenemos de cara a este proceso único y que merece una gran atención y cuidado. Como es natural, hasta ahora los esfuerzos políticos e intelectuales se han concentrado de sobremanera en el pasado plebiscito de octubre y en generar contenido ideológico y normativo al debate constitucional, desestimando otros debates de índole más práctica, pero no por eso menos esenciales.

Como fue la tónica hasta el plebiscito de octubre, el debate público ha estado marcado de generalidades, simplismos y caricaturas respecto a nuestra Carta Fundamental y hasta ahora no se ha avanzado lo suficiente en generar verdaderos contenidos precisos que deberían estar dentro de nuestra nueva Constitución, salvo por ideas gruesas, simplismos anodinos y consignas bastante superficiales e ideologizadas, tales como las promovidas por la nueva flamante pre-candidata a la Convención, Javiera Toro, expresidenta de Comunes y directora de Nodo XXI, donde ella asegura promover una nueva Constitución “que consagre un nuevo pacto eco-social”, que además asegure “justicia de género, social y ambiental”. Con todo y salvo excepciones, no hemos avanzado en contenidos precisos de los futuros preceptos constitucionales ni en los detalles que deberían orientar la nueva Constitución. Más al debe aún ha estado el debate en torno al Orden Público Económico que debería orientar la redacción de la nueva Carta Fundamental. Debemos salir de la consigna y del simplismo empobrecedor y entrar seriamente en la racionalidad y el diálogo, para así llenar el actual vacío Constitucional con propuestas concretas y detalles constructivos que superen las meras consignas “eco-sociales”.

Relacionado con todo lo anterior, debemos entonces como sociedad zanjar y resolver ciertas interrogantes fundamentales en torno a cómo va a operar la Convención Constitucional. Por ejemplo, con relación a la operación de la Convención y a prescindir del ya consabido gran problema entorno al quorum de 2/3, existen al menos cinco problemas clave sin aclarar:

1) No sabemos qué tipo de reglamento regirá su funcionamiento.

2) No sabemos si el estatuto de la convención será similar o distinto a los tradicionales reglamentos de las cámaras parlamentarias.

3) ¿Será el reglamento capaz de asegurar una redacción constitucional transparente y eficiente, asistida por expertos y académicos para asegurar su profesional contenido?

4) La Convención debe establecer una secretaría técnica, organismo que será fundamental para guiar el debate y poder encausar las discusiones en un ambiente altamente polarizado y con presiones de la calle, la cual deberá cumplir finalmente la función de transformar las discusiones en textos constitucionales armónicos y coherentes. La Constitución establece que dicha secretaría debe ser integrada por “personas de comprobada idoneidad académica y profesional”; no obstante, hasta ahora no tenemos ninguna claridad respecto a cómo se designarán dichas personas, cuales serán los parámetros académicos y profesionales para seleccionarlos y, finalmente, con qué facultades dicha secretaría operará.

5) Por último, no sabemos tampoco si existirán mecanismos de participación ciudadana para proveer de insumos a la Convención, ni ningún detalle respecto de cómo dichos canales de participación podrían operar, ni su periodicidad o enfoque temático.

Como si toda esta indefinición y ausencia de reglas fuera poco, en las últimas semanas el Partido Comunista (PC) ha mostrado su peor y verdadero rostro al revelarse finalmente como el enemigo de los acuerdos y de la democracia representativa. Así, el Comité Central del PC presentó ante el congreso nacional del mismo partido un documento revelador —y a la vez alarmante— que ilustra la verdadera posición del PC ante la idea de la democracia representativa y de los sistemas políticos modernos. Dicho revelador informe considera, por ejemplo, “un riesgo” que los chilenos busquen redactar una nueva Constitución buscando consensos que sean la expresión de un “acuerdo nacional”, ya que existe el peligro, según el PC, de que a través de acuerdos y consensos se mantenga lo que ellos definen como “capitalismo salvaje”. Peor aún, producto de estos supuestos “riesgos” de que los chilenos se pongan de acuerdo pacíficamente y promuevan la libertad económica, entre otras libertades asociadas, es que el PC hace un llamado a evitar que ocurran dichos acuerdos entre las partes, haciendo un llamado —con ribetes que caen en el violentismo— a “la necesidad de rodear con la movilización de masas el desarrollo de la Convención Constitucional, impidiendo que las cocinas y el tecnicismo legal oscurezcan el sentido final de dicho organismo”.

El PC entonces está haciendo un llamado a asediar a la Convención con movilizaciones de masas con el objetivo de tensionar aún mas nuestro ya polarizado clima político y así tratar de evitar los acuerdos democráticos a través de la presión vociferante y a ratos violenta de la calle. Sin duda estos llamados confirman la falta de apego que tiene el PC por la democracia y por aquellos que piensan distinto de ellos, buscando incluso la presión de la calle y la vociferación para forzar a la Convención a que abandonen la deliberación racional y simplemente se unan, cual borrego se une al mesías del fin de la historia, al radical ideario del partido. Dichos llamados irresponsables a “rodear” a la Convención, por el mero hecho de que esta podría pensar distinto a las líneas ideológicas del partido, dejan entrever el verdadero rostro de un partido político profundamente intolerante y despótico. Imponer por medio de la fuerza las consignas simplistas de la calle por sobre las complejidades y la racionalidad de la deliberación responsable, es una demostración del estado de adolescencia, irresponsabilidad y de falta de compromiso con la institucionalidad que tiene hoy el Partido Comunista. Más preocupante aún es el hecho de que dichos llamados intolerantes buscan también torcer y violar la voluntad de la democracia representativa chilena, que de forma pacífica y respetuosa se inclinó por la institucionalidad y por los amplios acuerdos en aquel importante plebiscito del 25 de octubre.

En definitiva, y como bien lo reconociera el líder comunista chino Mao Tse-Tung –que dicho sea de paso “rodeó” a la agricultura china ocasionando la hambruna más grande que se tenga registro en la historia y la muerte de aproximadamente 40 millones de personas—: “El comunismo no es amor. El comunismo es un martillo que usamos para aplastar al enemigo”. Esperemos que nuestra Convención Constitucional sepa librarse de aquellos martillos de la intolerancia y desprolijidad que buscarán aplastarla.

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