Cómo la izquierda destruyó la democracia chilena hace 50 años

Hace algunos días, Chile conmemoró los 50 años del golpe militar que derrocó al régimen socialista de Salvador Allende. Líderes de izquierda de toda América Latina fueron invitados por el presidente Gabriel Boric a asistir a una ceremonia en honor a Allende y en condena al general Augusto Pinochet, quien tomó el poder el 11 de septiembre de 1973.

Pero el evento no fue más que un acto de propaganda política que, mostró el dogmatismo ideológico de la izquierda y su total falta de reconocimiento de su propia responsabilidad en la destrucción de la democracia chilena hace medio siglo.

Desde sus inicios, la administración de Allende —una coalición de partidos radicales de izquierda conocida como «Unidad Popular»— se esforzó por transformar a Chile en un satélite de la Unión Soviética. El propio Allende había sido informante de la KGB desde la década de 1960 y el financiamiento soviético fue crucial para su victoria en la carrera presidencial de 1970. Así, tan pronto como asumió el poder, Allende inició una transición despiadada hacia una economía de planificación centralizada. En 1965, el gobierno controlaba el 13 por ciento de la producción minera; en 1973, esta cifra había alcanzado el 85 por ciento. Durante el mismo período, la participación del gobierno en la producción industrial aumentó del tres al 40 por ciento. En los servicios públicos aumentó del 25 al 100 por ciento, sin olvidar el sector transporte (del 24,3 al 70 por ciento) y las comunicaciones (del 11,1 al 70 por ciento). Al final del régimen marxista, el gobierno también controlaba el 85 por ciento del sector financiero. Para empeorar las cosas, Allende confiscó un total de 6,4 millones de hectáreas de tierra a sus legítimos propietarios mientras aplicaba políticas de gasto gubernamental, fijación de precios e impresión de dinero en una escala sin precedentes.

«Incluso hoy, el comportamiento de la izquierda parece confirmar esta opinión. Por un lado, los izquierdistas condenan el golpe militar de Pinochet, pero, por el otro, aprueban el régimen de Fidel Castro en Cuba y la dictadura de Maduro en Venezuela (...). Cincuenta años después, el pueblo de Chile todavía merece mucho más de parte de sus líderes de izquierda».

Los resultados económicos de las políticas de Allende fueron catastróficos. En 1973, el gobierno había fijado los precios de más de 3.000 artículos, creando una escasez generalizada de bienes y servicios básicos. La inflación alcanzó el 605 por ciento y el déficit fiscal representó el 23,5 por ciento del PIB de Chile. Ese mismo año, los salarios colapsaron un 25,3 por ciento y el producto interno bruto se contrajo un 4,3 por ciento. La situación era tan grave que, cinco días antes del golpe de Pinochet, el propio Allende admitió que el país carecía de harina para producir el pan necesario para alimentar a la población de Chile.

La revolución marxista de Allende estuvo infamemente acompañada de violencia extrema tanto en la retórica como en la práctica. Anteriormente, en 1967, su Partido Socialista había emitido una resolución formal declarando que la «violencia revolucionaria» era «inevitable y legítima», constituyendo «la única vía» y conduciendo a la «toma del poder político y económico». Como era de esperar, las organizaciones terroristas de izquierda y los grupos guerrilleros participaron en el asesinato, la tortura y el secuestro de innumerables civiles, militares y políticos de alto perfil.

Los crímenes cometidos por los aliados de Allende —alentados por su régimen— encontraron una resistencia cada vez mayor por parte del pueblo chileno. De manera similar, el intento de imponer un control gubernamental total sobre el país condujo al caos político y al conflicto abierto entre el ejecutivo y otras ramas del gobierno. La Corte Suprema de Chile enfrentó con frecuencia al régimen de Allende por violaciones a la Constitución. Más importante aún es que el 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados —la Cámara Baja del Congreso chileno— emitió una resolución exigiendo a las fuerzas armadas que pusieran fin al régimen marxista de Allende. La resolución, aprobada por casi dos tercios de los representantes de la Cámara, afirmaba que era «un hecho» que el gobierno de Allende había estado «desde sus inicios (…) empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado». La resolución afirmaba además que Allende buscaba lograr «la instauración de un sistema totalitario» que era «absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece».

En otras palabras, la democracia chilena ya había sido destruida por la izquierda chilena antes de que se produjera el golpe de Pinochet. Como declaró en julio de 1973 Patricio Aylwin, quien luego fue el primer presidente democráticamente electo de Chile después de la era Pinochet: «Para nosotros es indiscutible que la institucionalidad democrática chilena se encuentra quebrantada». El presidente interino del Senado del país, Eduardo Frei Montalva, dijo de manera similar a un grupo de líderes empresariales desesperados que «nada» se podía hacer pacíficamente para solucionarlos. En palabras de Frei, el problema creado por Allende sólo podría resolverse «con fusiles».

Así, surgió un consenso generalizado entre la clase política de Chile y su pueblo: el país no tenía otra alternativa que una intervención militar para detener la dictadura comunista de Allende.

Lamentablemente, se cometieron crímenes injustificables tras el golpe de Pinochet. Pero, para muchos chilenos, una continuación del comunismo habría resultado inevitablemente en que su país se convirtiera en una dictadura totalitaria como la de Cuba —un régimen que habría sido mucho más criminal y catastrófico que el gobierno militar de Pinochet. Incluso hoy, el comportamiento de la izquierda parece confirmar esta opinión. Por un lado, los izquierdistas condenan el golpe militar de Pinochet, pero, por el otro, aprueban el régimen de Fidel Castro en Cuba y la dictadura de Maduro en Venezuela —todo ello mientras celebran a Allende como un mártir de su causa política. Cincuenta años después, el pueblo de Chile todavía merece mucho más de parte de sus líderes de izquierda.