Como si en el último tiempo vivir en nuestro país no se estuviera volviendo menos llevadero desde el Frente Amplio y el Partido Comunista no encontraron mejor cosa que ponerle pegas al morir con un proyecto de ley que establece un límite a la herencia en cuatro mil millones de pesos.
No corren buenos tiempos para la desobediencia civil. Somos testigos de cientos de fechorías que se realizan en su nombre y que poco tienen que ver con las luchas y actos que hicieron famosos a ilustres personajes como Rosa Parks, Martin Luther King o Gandhi. Es hoy, donde la violencia se ha convertido en el principal modo de solución de controversias.
Mucho se habla de una crisis de autoridad presente en las nuevas generaciones y poco de la innegable cuota de responsabilidad que tienen las autoridades en las causas de dicho trance y lo poco que hacen para superarla.
La irrupción del ministro de Hacienda en la arena política lo señala como un revulsivo necesario para el durísimo segundo tiempo que se viene para el presidente Piñera y su Gobierno.
Más allá de si el Gobierno sea incapaz de resistir al chantaje de los propios y que, con esto, a Ossandón y su panda le salga a cuenta obrar al margen de la Constitución, lo hecho y dicho por la diputada debilita todavía más la frágil institucionalidad de nuestro país, víctima de la mediocridad y frivolidad de aquellos que juraron —o prometieron— desempeñar fiel y legalmente el cargo de diputado.
Creo que hacer el contraste entre lo que sucede en un liceo con número de Chile con la realidad de nuestros colegios más acaudalados es un ejercicio retórico acertado que debería hacerse más a menudo. Sin embargo, el contraste ofrecido por la Defensora de la Niñez rezuma más resentimiento que honesta preocupación por los derechos de los niños.
Las “demandas sociales” por mejores pensiones, mayor seguridad, una salud digna y una educación de calidad —por citar las prioridades sociales más evidentes y constantes de la sociedad chilena— no serán resueltas por un cambio en la Constitución, a excepción de la “demanda social” de “cambiar la Constitución”.
La simultaneidad entre las elecciones presidenciales y parlamentarias. le resta importancia a las segundas.
Hay que empezar a tratar a los impuestos “por lo que son”: como un mecanismo coactivo de expropiación y no “por lo que queremos que sean”: una falsa promesa de sana convivencia y superación de las desigualdades.
Los hechos ocurridos al interior del Instituto Nacional han cruzado los límites tolerados por la sociedad desde la Revolución pingüina de 2006. Los estudiantes ya no se manifiestan con las clásicas tomas y paros (que hoy despiertan cada vez menos simpatías en la población), ahora mandan la capucha, el overol y las molotov en el emblemático edificio de Arturo Prat 33 y pocos ven con claridad cuál será el futuro del colegio más antiguo de Chile con un alcalde “superado” y un rector “desahuciado”.
Si el pensamiento político católico es tan distinto al socialista; si miran con distinta óptica la realidad: ¿cómo es posible que algunos lleguen a las mismas conclusiones, consignas o lugares comunes que los presentados por la izquierda?
Este libro no es una crítica a la trayectoria victimista de la izquierda, es una advertencia de los nefastos efectos que el victimismo produce en la sociedad.
El victimismo no genera bienes sociales, solo crea un sistema de privilegios en desmedro del mérito y la razón, restableciendo como criterios el racismo, el clasismo, el sexismo y toda clase de “ismos” que las sociedades libres buscan superar.
«El progreso no es una bendición ininterrumpida.
A menudo viene con sacrificios y luchas»
