Por más que se pueda simpatizar con la causa de los camioneros y su elemental demanda de poder transitar libremente sin arriesgar sus vidas o los bienes que transportan, no podemos obviar que sus métodos de presión son ilegales y que, a juicio del legislador, son constitutivos de delitos contemplados en los artículos 6°, 11° y 13° de la Ley de Seguridad del Estado. ¿Seguiremos condicionando la aplicación de las normas de acuerdo a nuestras simpatías políticas? Es hora que el Gobierno ejerza todas sus facultades para impedir que otro chantaje siga consolidando la idea de que en nuestro país todo se puede conseguir por medio de la violencia.
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«La libertad no es un regalo de Dios,
sino una conquista humana»
