Banderas democráticas

Ante la inminente realización del tercer evento de Solidaridad Democrática en América Latina —bajo el legado de Václav Havel—, urge una reflexión crítica y profunda sobre las misiones y desafíos para nuestra región y que debiesen ser tomadas de forma urgente y prioritaria por aquellos que liderarán dicha convención.

Un objetivo central muy claro tiene la agenda de Solidaridad Democrática: la defensa de los sistemas democráticos en América Latina. De este objetivo se desprenden dos principales banderas prioritarias: el combate a la corrupción y la defensa del Estado de Derecho. Esto no es algo baladí y debe ser reiterado permanentemente; la función e importancia del imperio de la ley, de reglas claras, la confianza en las instituciones y la defensa de libertades individuales es una piedra angular en toda sociedad moderna. Esta bandera debiese ser puesta directamente en Venezuela, para generar una alianza latinoamericana para proteger y garantizar la democracia en la región. El desafío de constituir tales propuestas no es fácil, pero el fortalecimiento de las instituciones y el Estado de Derecho necesita de acuerdos a nivel político; además, se requiere que sea la misma sociedad la que entienda la importancia y el papel que alberga en los espacios públicos. La tarea no es sólo de un actor.

Una segunda bandera va directamente con un vicio que reina dentro de las entrañas de cualquier gobierno en Latinoamérica: la corrupción. Si bien tiene distintas perspectivas y formas, la corrupción es una de las principales causas en la caída de instituciones que gozaban de confianza ciudadana y política, por lo que es urgente poner acento en políticas para que disminuya de forma drástica: modernización del Estado y mayores sistemas de fiscalización a la gestión gubernamental debiesen ser temas clave para esta convención.

Estos dos vicios —la vulneración del Estado de derecho y la corrupción— tienen una relación simbiótica, una causa a la otra y viceversa, de modo tal que acabando sólo una no se podrá solucionar la putrefacción institucional que aqueja a Latinoamérica. La defensa del Estado de derecho sólo podrá ser cumplida con sistemas legales que no sean una lista de deseos, que no se vean modificados por mayorías artificiales, y, ante todo, que protejan el derecho individual de cada ciudadano. Una cláusula general de libertad constitucional es una solución realista ante las vulneraciones del individuo en el detrimento del Estado de Derecho y se hace no sólo necesario, sino urgente, dicha institución legal para no sólo fortalecer un Estado de Derecho, sino también para combatir la corrupción.

Estas dos banderas debiesen ser puestas en agenda en Solidaridad Democrática, y una propuesta que ayude a combatir las esquirlas históricas que hacen sufrir a Latinoamérica contribuye al diálogo y reflexión de esta convención.