Acusaciones constitucionales y Corte Suprema

Autor: Fernando Claro

Señor director:

Es muy fácil hacer una oposición simple y clara a las pésimas políticas y el caos institucional en nos han sumido estos taquilleros y frívolos gobernantes. A pesar de esto, la oposición actual patalea como adolescente exigiendo renuncias y lleva adelante ridículas acusaciones constitucionales —siendo inclusa la última, recién desestimada, la con mayores méritos—. Imita así a la decadente, antidemocrática y patética oposición anterior —aunque en menor grado, hay que ser justos—.

«La oposición actual debería acusar constitucionalmente a los integrantes de la Tercera Sala de la Corte Suprema quienes, con sus votos de mayoría, han abandonado notablemente sus deberes al dejar de lado su misión de mantener nuestro orden jurídico».

La oposición actual debería, en vez, acusar constitucionalmente a los integrantes de la Tercera Sala de la Corte Suprema quienes, con sus votos de mayoría, han abandonado notablemente sus deberes al dejar de lado su misión de mantener nuestro orden jurídico. Han incentivado, además, la debilitación del Estado de Derecho. Jorge Correa acaba de argumentar en su diario, sumándose al coro de expertos, que la última sentencia de la Tercera Sala sobre Isapres nuevamente busca efectos generales por lo que «infringe la ley, vulnera principios básicos del debido proceso y subvierte el orden democrático». Y este tipo de sentencias no son casualidad, sino una constante. ¿Qué es eso sino abandonar notablemente sus deberes como máximos jueces? En otras sentencias relativas a tomas de terreno, esa misma sala, ha debilitado un derecho humano básico —como es la propiedad de la tierra y su protección—, incentivando las tomas, el despojo y la violencia en todo Chile. Por más que ha dicho, desdicho y vuelto a decir, ¿qué es eso sino destruir nuestro orden jurídico?

Todo esto, además, trae consecuencias negativas a nosotros, los chilenos, que vemos destruido el Estado de Derecho, nuestra principal fuente de progreso. Como siempre, debido a estas sentencias y políticas demagógicas en nombre de un supuesto bien —fuera de sus facultades, además— la sufren y sufrirán los más pobres ya que no van a colegios privados, no pueden teletrabajar desde Inglaterra o Italia y no tienen departamentos ni el poder de influir en ridículas obstrucciones ilegales a construcciones en Providencia o Ñuñoa. Por ellos, en el fondo, nunca se han preocupado, es la misma historia de siempre.