Nadie mata a la gallina de los huevos de oro

Autor: Jorge Gomez

Que el aparato estatal es un botín del cual varios buscan arrimarse y sacar algo, es cierto. Pero el mejor y más palpable ejemplo de aquello es lo que ocurre ―ya no tan soterradamente― con el actual sistema de reparto, exclusivo para uniformados y algunos altos funcionarios civiles ―bien conectados o con capital político― como Myriam Olate, la ex esposa de Osvaldo Andrade.

El escándalo de Gendarmería (o más bien del sistema de reparto Dipreca) y sus pensiones millonarias ―financiadas por el Estado en un 90% o mejor dicho costeado con nuestros impuestos― han dejado en evidencia no solo los vicios de ese sistema, sino las anomalías que subsisten en torno al aparato burocrático ligado a este, en cuanto a contrataciones, ascensos y jubilaciones. Peor aún, parece denotar que nadie y de manera transversal, desde la alta esfera burocrática civil y militar, quiere matar la gallina de los huevos de oro. Porque eso es hoy el sistema de pensiones de reparto alojado en el Estado cuyo costo es de US$2.300 millones, según la Ley de Presupuesto 2016.

No puedo evitar pensar en el libro que el sociólogo estadounidense Wright Mills escribió en 1956: La élite del poder. Ahí, plantea que la élite se subdivide en altos círculos interconectados mediante camarillas imbricadas: el aparato político, militar y corporativo. La fuente de riqueza y poder está determinada por la cooptación de estos círculos por diversos grupos. Sin embargo, esto no implica una conspiración consciente como si fueran un cuerpo único. De hecho compiten por las rentas que el Estado podría transferirles de diversa forma, por ejemplo a través de un sistema de pensiones exclusivo para ciertos funcionarios. El detalle es que ninguno de ellos renuncia al botín.

Por eso, no es extraño que el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, dijera que “el problema no estaba en las pensiones de las Fuerzas Armadas sino en que las pensiones de los chilenos que están en las AFP son malas”. O sea, el problema no es la pensión millonaria de Myriam Olate, ni la recontratación en 2014 de Hugo Espinoza Grimalt ―director nacional de Gendarmería entre 1998 y 2002― por un sueldo de $7.877.652.

Estamos frente a una vaca sagrada intocable. El director de la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), Jaime Gatica Barros, descartó cualquier auditoría frente al escándalo de las pensiones. Repitió lo mismo que dijo Osvaldo Andrade cuando se supo que su esposa tenía suculenta pensión: que todo estaban dentro de la norma. Igual que las comisiones de servicio millonarias a las que alude la ministra Blanco para defenderse de las denuncias de Tulio Arce, ex director de Gendarmería. Lo peor, uno de los aludidos por Arce en sus denuncias, Pedro Hernández, ex dirigente sindical DC, beneficiado por la dedocracia oportuna al interior de Gendarmería, reconoció sin sonrojarse que su ascenso era efectivamente un pago por un favor político: ayudar a ascender a Arce como director nacional de Gendarmería. ¿Alta Dirección Pública? No, la repartija es más rápida cooptando ciertas instituciones, sobre todo aquellas cuyo sistema de pensiones exclusivo podría garantizar una pensión millonaria si tienes buenas redes y contactos.

Así, el Estado es claramente una caja pagadora de favores, una fuente de privilegios, con déficit asignados a los ciudadanos comunes y corrientes. Para eso basta subirles los impuestos y listo (total, según la encuesta UC Adimark de 2014, un 28% de los chilenos cree que no paga nada). Lo otro es mantener una ley reservada del cobre sin aplicarles ninguna forma de transparencia o probidad a quienes ejecutan esos presupuestos. Sepa Moya qué pasa con esa plata. Y esto no ha ocurrido solo en este gobierno, sino probablemente en todos.