Claudio Crespo y la función policial

Autor: Juan Lagos

El veredicto absolutorio a Claudio Crespo devuelve algo de justicia luego de años de delirio. Desde octubre de 2019, Chile vivió una violencia desbordada y un clima de opinión que hizo prácticamente imposible la labor policial. Mientras el país ardía y las fuerzas de orden enfrentaban ataques, también sufrían la sospecha permanente de parte de una élite política y mediática que las trataba como culpables antes de cualquier juicio. Cumplir con la labor policial durante el periodo octubrista se convirtió, en la práctica, en un riesgo permanente para la vida y para la libertad personal de los propios policías. Evitar que esa distorsión vuelva a repetirse es una responsabilidad ineludible, especialmente cuando la izquierda vuelva a recurrir a la presión de la calle como sustituto de la deliberación democrática.

El caso Crespo condensa como pocos el extravío que vivimos en su tiempo. Un funcionario policial que actuó en un contexto de violencia extrema fue sometido durante años a un proceso que pareció avanzar más por motivaciones políticas que por sustento jurídico. La Fiscalía nuevamente olvidó que su deber no es confirmar un relato previamente instalado, sino investigar con objetividad, ponderando tanto los antecedentes de culpabilidad como los de inocencia. Son muchas las explicaciones que debe dar la fiscal Ximena Chong, quien no solo fracasó en sus persecuciones contra Claudio Crespo y Sebastián Zamora, sino que además evidenció una conducta gravemente reprochable al reabrir una causa previa contra Crespo, generando un efecto concreto de debilitamiento de su capacidad de defensa.

«Una sociedad libre no exige policías infalibles, sino reglas claras, criterios justos y respaldo efectivo a quienes, con todos los riesgos que ello implica, sostienen el imperio de la ley».

Sería fácil cargar todas las culpas en la fiscal Chong o en los políticos de izquierda que hicieron de la persecución a Carabineros de Chile una bandera política. Sin embargo, eso sería insuficiente. Si personas como Claudio Crespo y Sebastián Zamora vivieron un verdadero calvario por cumplir con su deber, y si el capitán Patricio Maturana hoy padece una condena profundamente injusta, es porque existe un problema mucho más profundo. Durante años se ha instalado una comprensión deficiente de la labor policial que volvió plausibles —e incluso respetables— interpretaciones abiertamente hostiles a las policías, aun cuando estas actuaban en contextos de violencia extrema.

Las comprensiones malintencionadas encuentran suelo fértil en una mirada completamente irreal sobre cómo opera la función policial. Mal acostumbrados a las películas de acción, muchos imaginan que hacer cumplir la ley conlleva siempre infinitas salidas limpias y quirúrgicas: disparos en el brazo, tiros a los neumáticos, reducciones impecables mediante artes marciales o maniobras que neutralizan al agresor sin riesgos reales. Esa fantasía poco tiene que ver con la realidad. El trabajo policial se desarrolla en escenarios caóticos, bajo una presión extrema y con márgenes de decisión mínimos. Ignorar ese contexto no solo es ingenuo, sino también injusto con quienes deben decidir en segundos para proteger a terceros y restablecer el orden.

Esa confusión quedó en evidencia cuando el presidente Gabriel Boric, en Tolerancia Cero, intentó oponerse al fallo absolutorio recurriendo a una noción simplista de proporcionalidad. Habló del equipamiento policial de Crespo y lo contrastó con los medios de Gatica, como si la legítima defensa exigiera una equivalencia material entre los medios de agresión y de defensa. La respuesta del penalista Carlos Künsemüller fue tan clara como demoledora: el derecho penal no exige esa simetría mecánica, sino la necesidad racional del medio empleado, la cual es apreciada en circunstancias concretas y desde la posición del funcionario en el momento de la agresión. Recordar una regla básica, conocida por cualquier estudiante medianamente diligente de Derecho Penal, bastó para dejar al descubierto la liviandad con que desde La Moneda se abordó un asunto que exige rigor jurídico y respeto por las decisiones judiciales.

El fallo del caso Crespo opera, además, como un necesario bálsamo de justicia frente al trato infame que durante años recibieron los uniformados. No borra los excesos ni corrige todas las injusticias; pero restituye algo esencial: la idea de que cumplir con el deber no puede equivaler a una condena anticipada. Al mismo tiempo, el fallo obliga a preguntarse por otros casos que aún claman por corrección como el del capitán Patricio Maturana, hoy privado de libertad en circunstancias que siguen generando serias dudas jurídicas. Para comprender mejor la magnitud de este problema, resulta especialmente recomendable leer la carta al director del abogado Adolfo Paúl Latorre y volver a ver el notable capítulo de esta semana de Política para Adultos, donde Gerardo Varela explica con notable claridad este caso.

En breves palabras, resulta insólito que el capitán Maturana haya sido condenado sobre la base de una imputación dolosa que no se sostiene razonablemente. No hay evidencia concluyente de intención de causar daño y el contexto operativo vuelve altamente discutible esa atribución subjetiva. Se trata de un caso marcado por el clima del momento, que exige una corrección institucional mediante un indulto presidencial.

Si aspiramos a vivir en una sociedad regida por las leyes, lo mínimo que debemos ofrecer a quienes están llamados a hacerlas cumplir es la certeza de que serán evaluados bajo estándares realistas y no a partir de ilusiones fantasiosas. Juzgar la labor policial desde ficciones solo favorece a quienes buscan desestabilizar el orden democrático para refundar las instituciones a su imagen y semejanza. Una sociedad libre no exige policías infalibles, sino reglas claras, criterios justos y respaldo efectivo a quienes, con todos los riesgos que ello implica, sostienen el imperio de la ley.